Las sospechas de narco-candidaturas marcan las elecciones y un referéndum en Ecuador

                        Militares ecuatorianos participan en los preparativos de las elecciones. AFP

En un ambiente enrarecido por las sospechas de la participación de candidatos presuntamente financiados con recursos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico, 13,4 millones de ecuatorianos elegirán este domingo 5 de febrero a 221 alcaldes, 23 prefectos provinciales, 864 concejales urbanos y siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y responderán ocho preguntas de un referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso.

El autonombrado Frente Anticorrupción compuesto por legisladores entregó en la Fiscalía 23 nombres de candidatos posiblemente financiados por organizaciones delictivas; mientras el Gobierno presentó, la semana anterior, un listado con 28 nombres de aspirantes con posibles vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, pero ninguno de los sospechosos ha sido identificado y juzgado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector de los cómicos, se ha desentendido de investigar y hacer controles, aduciendo vacíos legales que le impiden actuar, mientras que los tiempos de la Fiscalía son lentos. Medardo Oleas, quien presidió el organismo electoral cuando se llamaba Tribunal Supremo, dice que, si bien esta ha sido una de las elecciones más complejas, por el número de movimientos y candidatos que participan, y porque los informes de campaña se presentan cuando se termina el proceso, el CNE sí debió controlar porque los partidos tienen obligación de abrir una cuenta en el sistema financiero y todos los pagos se hacen con cheques y se facturan. «Tenían que haber nombrado auditores, para que se cuantifiquen los regalos y los enormes gastos de movilizaciones y cierres de campaña», comentó a ABC, y agregó que es muy triste saber que el dinero sucio se metió en la campaña y no hubo control alguno.

Si las sospechas han caldeado la campaña, el asesinato de Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía de Salinas, a 140 kilómetros de Guayaquil, en representación de una coalición de partidos, llenó de dolor y drama el proceso. Fue abatido mientras realizaba un recorrido de campaña; horas después, un hombre fue detenido como presunto autor del crimen.

En la provincia de Manabí, al finalizar el año, el candidato a la Alcaldía de Portoviejo Javier Pincay recibió tres disparos, pero sobreviró, y sigue en estado crítico. Y en la provincia de Esmeraldas, el sobrino de Gisella Díaz, candidata al Concejo Municipal de la capital del mismo nombre, fue asesinado por sicarios. A lo largo de la campaña se han contabilizado 15 atentados y se han reportado amenazas a varios candidatos.

Para Guillermo Lasso, con índices de credibilidad de solo alrededor del 20%, y en instantes en que una Comisión Multipartidista del Congreso y la Fiscalía investigan en su entorno presidencial por una supuesta trama de corrupción, el domingo en un día clave, porque los ecuatorianos deberán responder a ocho preguntas de un referéndum, que algunos consideran cubrirá la derrota del movimiento oficialista CREO, en las elecciones seccionales.

Con inusual habilidad política, el Gobierno optó por una campaña de baja intensidad y muy técnica, frente a la oposición que ha buscado convertir el referéndum en un plebiscito para evaluar a Lasso. «No es solo una consulta, se trata del futuro del país», dice el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al referirse a las ocho preguntas sobre seguridad, política y medio ambiente, planteadas por el Ejecutivo.

La pregunta sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado transnacional es crucial como una herramienta para la lucha contra el crimen organizado que azota el país. De hecho, para Lasso «es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narco-delincuencia y el crimen organizado». Otra pregunta busca propiciar la autonomía de la Fiscalía; la tercera la reducción del número de legisladores de la Asamblea Nacional, la cuarta plantea que los movimientos políticos cuenten con un número mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente; también se plantea quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de elegir a las autoridades de control del Estado y hay dos preguntas sobre incluir los sistemas hídricos dentro de las áreas protegidas y entregar compensaciones reguladas por el Estado a comunidades o pueblos indígenas que presten servicios ambientales.

Para analistas y expertos son preguntas que deberían ser respondidas con un Si, pero el correísmo, los sectores indígenas y facciones de varios partidos opositores han hecho campaña por el NO.

Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo a este diario que esta ha sido una campaña desabrida en la que la ciudadanía no ha podido conectar, ha generado preocupación por las denuncias de corrupción y la narcopolítica, y nos deja la expectativa de que las instituciones no han podido actuar y llegar a algo.