Los manifestantes continúan marchando contra Ortega pese a las «amenazas y ataques»
Este domingo fueron detenidos dos manifestantes destacados a los que el Cenidh califica de «reos políticos»
EFE).- Las protestas contra el presidente Daniel Ortega continuaron este domingo en Nicaragua pese a las «amenazas y ataques» contra los manifestantes, según denunciaron los propios afectados en Managua.
Miles de nicaragüenses volvieron este domingo a las calles de Managua, capital de Nicaragua, para marchar contra Ortega, a quien acusan de la muerte de cientos de personas en protestas contra su Gobierno desde abril pasado.
La protesta atrajo a una multitud de personas a pesar de la fuerte presencia policial en el punto de reunión, algo inusual en Nicaragua.
Horas antes de la marcha dos manifestantes «claves» fueron arrestados, uno de ellos, Javier Espinoza, que animaba las protestas con su equipo de sonido, y el otro, el joven Norwin Gutiérrez Álvarez, encargado de dirigir el recorrido para evitar situaciones violentas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó a los capturados como «reos políticos», porque fueron detenidos sin cometer delito, al igual que más de 309 personas
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó a los capturados como «reos políticos», porque fueron detenidos sin cometer delito, al igual que más de 309 personas, explicó el organismo.
Los manifestantes acusaron a la Policía nicaragüense de «practicar actos de intimidación», a lo que no cedieron.
La marcha contra Ortega se extendió durante más de diez kilómetros, y fue seguida de cerca por las fuerzas policiales.
Tal como en protestas anteriores, algunos manifestantes fueron agredidos por motociclistas y hombres encapuchados al finalizar la actividad, esta vez sin heridos de gravedad.
En la ciudad de Somoto, fronteriza con Honduras, los manifestantes denunciaron «agresiones con piedras, morteros artesanales y fusiles AK-47», por parte supuestamente de grupos oficialistas, con resultado de dos personas heridas.
En la ciudad de Somoto, fronteriza con Honduras, los manifestantes denunciaron «agresiones con piedras, morteros artesanales y fusiles AK-47», por parte supuestamente de grupos oficialistas
Una caravana de automóviles del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recorrió Managua para mostrar apoyo a Ortega.
La caravana se organizó para pedir «justicia y reparación para las víctimas del terrorismo y porque quieren una Nicaragua en paz y tranquilidad», informó el portal gubernamental El 19 Digital.
Según el Gobierno nicaragüense, unas 198 personas han muerto a causa de actos cometidos por «terroristas» en un supuesto «golpe de Estado» que, según Ortega, es auspiciado por Estados Unidos.
Organizaciones humanitarias han informado que desde abril pasado, mes en el que comenzaron las protestas, ha habido entre 322 y 481 muertos, así como más de 2.000 heridos, y estiman en 23.000 personas las que huyeron de Nicaragua a causa de la «represión» de Ortega contra manifestaciones pacíficas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de Ortega de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
La Iglesia católica de Nicaragua criticó el «mesianismo triunfalista», en referencia a la actitud del presidente Ortega y de sus seguidores en medio de la crisis
Ortega ha negado cada una de las acusaciones y se ha declarado vencedor de un intento de «golpe de Estado».
La Iglesia católica de Nicaragua criticó el «mesianismo triunfalista», en referencia a la actitud del presidente Ortega y de sus seguidores en medio de la crisis.
«En estos momentos difíciles, por lo que vivimos los nicaragüenses, asumimos la cruz del sufrimiento, no el mesianismo triunfalista, como muchos lo han querido plantear en Nicaragua», dijo el rector de la catedral metropolitana de Managua, Luis Herrera, en la misa dominical.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.