Lula suspende en diplomacia y no logra frenar la violencia policial
HRW valora el avance en derechos humanos durante el primer año de su regreso a la Presidencia de Brasil. Sin embargo, la ONG cuestiona sus actuaciones respecto a países como Venezuela, Nicaragua, Rusia y China
El primer año de Gobierno del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva registró avances importantes en la protección de la Amazonía, pero sigue teniendo un tejado de vidrio en los derechos humanos. Un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) apunta progresos, pero también inconsistencias en su gestión, al no enfrentar la violencia policial brasileña, y por sus posiciones incoherentes en política internacional, especialmente con relación a países como Venezuela, Nicaragua y China.
«Durante el Gobierno de (Jair) Bolsonaro (2019-23) fue como si Brasil desapareciera del mapa internacional y se retirara de los debates de política externa del mundo. Cuando Lula llegó al poder una de sus prioridades fue traer a Brasil de vuelta al escenario internacional, lo que vemos como algo positivo, pero Brasil es un país muy importante y tiene que tener un papel de defensa coherente de los derechos humanos», declaró a ABC César Muñoz, director de HRW en Brasil. «El balance que hacemos del primer año de Lula en política externa es de políticas inconsistentes», subraya.
Muñoz reconoce la importancia de la retomada agenda de Brasil en la construcción de políticas internacionales, como su propuesta en el Consejo de Seguridad de la ONU para facilitar la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza, vetada por Estados Unidos, pero con efectos en la Asamblea General. Destaca también el apoyo a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para examinar las acciones de Israel en Gaza. En el primer año de Lula también hubo un cambio en las políticas anti-indígenas y anti-ambientales de Bolsonaro, y la deforestación en la Amazonía cayó un 50% en comparación con el 2022.
La sensación al leer el análisis es que Brasil puede hacer más. Las críticas al país cariocas destacan hacen hincapié en aquellas relaciones en las que Lula ha preferido la ideología. El presidente brasileño restableció las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, cortadas por Bolsonaro, y en mayo –cita el informe– calificó de «narrativa construida» las preocupaciones por el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela. «El sufrimiento y la persecución de los venezolanos por parte de un Gobierno que ha copado todas las esferas de poder, es real, no es una construcción», asevera Muñoz.
En esa misma línea, en marzo, Brasil se negó a firmar una declaración de la ONU que condenaba los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, gobernada desde hace 16 años por Daniel Ortega. Más tarde, y ante las críticas internas, la diplomacia de Lula admitió su «extrema preocupación» por la situación nicaragüense.
Mensajes contradictorios
En la guerra entre Ucrania y Rusia, Muñoz cita mensajes contradictorios de Lula con relación al presidente ruso, Vladímir Putin, que tiene una orden de captura emitida en marzo de 2022, por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, por la deportación de niños ucranianos al territorio ruso. En septiembre, Lula afirmó que Putin podría viajar a Brasil con la tranquilidad de que no sería detenido, algo que tuvo que corregir tras la polémica provocada, admitiendo que la decisión dependería de los tribunales brasileños. Brasil es signatario del TPI y si Putin desembarca en el país, probablemente será detenido.
En cuanto a China, «hemos visto un silencio de Brasil sobre los gravísimos crímenes contra la humanidad que están siendo cometidos por intereses económicos y geopolíticos», afirma Muñoz, recordando que el ultraderechista Bolsonaro hizo lo mismo. En abril, Lula redujo las denuncias sobre las violaciones de derechos contra musulmanes uigures y sobre la persecución del régimen de Xi Jinping a políticos y activistas a favor de la democracia en Hong Kong. «China ha encontrado una forma de resolver sus problemas, y una forma que le ha permitido convertirse pronto en la primera economía del mundo», declaró el presidente brasileño.
Violencia interna
El informe de HRW también critica la violencia policial, que afecta desproporcionadamente a la población negra brasileña. «El Gobierno de Lula revirtió algunas de las políticas perjudiciales del Gobierno de Bolsonaro en materia de medio ambiente y derechos sexuales y reproductivos, pero no adoptó medidas enérgicas para abordar el problema crónico de la violencia policial», dice el análisis de la ONG.
Los números de muertes causadas por policías en servicio siguen siendo altos en diferentes estados, especialmente en São Paulo y en Río de Janeiro, los dos mayores del país. En São Paulo, las muertes causadas por policías en servicio aumentaron un 45% de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, después de haber caído un 59% en dos años, cita el informe. Aunque la responsabilidad directa es de los gobernadores, HRW afirma que el Gobierno central tiene autoridad para coordinar políticas públicas nacionales. En agosto, el Gobierno de Lula aprobó una ordenanza para condicionar la transferencia de fondos federales de seguridad pública a los estados.
En São Paulo, las muertes causadas por policías en servicio aumentaron un 45% de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior
La repercusión de los crímenes realizados por policías despierta la desconfianza de la población e inclusive entre los defensores ambientales, que reciben apoyo gubernamental para su protección cuando sufren amenazas y sus vidas corren peligro. «Uno de los defensores que entrevistamos nos dijo que tenía que pagar por el combustible de la patrulla asignada para protegerle y hay casos en que los defensores tienen miedo o desconfían de los policías asignados a su protección porque temen que estén involucrados en los grupos criminales responsables por la destrucción ambiental y que los amenazan», relata Muñoz.
El informe trae otros registros graves sobre la violencia interna. Hasta junio de 2023, más de 649.000 personas permanecían presas, superando en un 34% la capacidad del sistema penitenciario; y otras 190.080 personas estaban bajo arresto domiciliario. El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura denunció hacinamiento, condiciones insalubres, castigos colectivos y malos tratos (incluida tortura) de adultos y adolescentes detenidos en ocho estados en 2022, otra situación que Lula debe enfrentar.
Una agenda muy negativa
Para Denilde Holzhacker, catedrática de relaciones internacionales de la universidad ESPM, en São Paulo, es necesario separar la agenda de derechos humanos, muy amplia, de la de construcción de la paz, también de derechos humanos, pero con perspectiva geopolítica.
La especialista en política internacional recuerda que Lula retomó la tradición diplomática brasileña construida desde el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e interrumpida por Bolsonaro (2019-23) al ignorar temas de derechos humanos y la participación brasileña en foros internacionales.
«Lula retoma no solo la participación en órganos de defensa de derechos humanos, sino también posiciones en temas de la mujer, migratorios, indígenas, y otros, que pese a no ser grandes avances son reconocidos por la comunidad internacional», explica la especialista a ABC.
Holzhacker entiende que haya una fuerte expectativa sobre Lula y su Gobierno porque Brasil, además de haber pasado recientemente por una gestión que ignoró esa área, tiene el peso de una agenda muy negativa, en temas como prisiones, violencia policial y de desigualdades de género, por citar algunos, dejando su diplomacia en una posición defensiva en derechos humanos.
«La posición de Brasil es vista con mucha cautela porque el Gobierno ha tenido una posición muy ambigua e incluso contradictoria en algunas de estas situaciones, lo que genera una mayor desconfianza e incluso un cuestionamiento de nuestra capacidad de actuación», afirma.
Para Holzhacker, el escenario que Lula encontró en 2023 es muy diferente al de su primer mandato, hace 20 años, especialmente en América Latina, donde está teniendo más dificultades para actuar como líder regional. Los problemas cambiaron mucho, se volvieron más complejos, y la política también.
Para Holzhacker, el escenario que Lula encontró en 2023 es muy diferente al de su primer mandato, hace 20 años, especialmente en América Latina,
En 2003, recuerda, Lula estaba alineado a otros presidentes de izquierda que tenían visiones similares, lo que permitía alianzas. «Ahora tenemos una gran fragmentación que hace que Brasil tenga más dificultad de construir liderazgo y mantener relaciones», analiza, citando también el alto grado de polarización política en el mundo, como otro factor de dificultad.
En ese entonces, por ejemplo, el nicaragüense Ortega representaba una visión de la izquierda de los años 80, alineada al origen de Lula y su Partido de los Trabajadores, y hoy es acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad. Lula ha tenido dificultad de romper con Ortega, a quien ya llamó en el pasado amigo. En el caso de Venezuela, la especialista cree que a Brasil no le conviene un aislamiento diplomático con el vecino y ha optado por la aproximación y el diálogo.
Ya en el caso de China, ve un alineamiento de agendas convergentes, que se expresa incluso en la política externa en temas como Rusia-Ucrania y Oriente Próximo, lo que explicaría concordancias y el silencio sobre el gigante asiático. «El mundo atraviesa una situación de realineamiento global en la que China es una potencia cada vez más creciente y los dos países tienen intereses convergentes», dice Holzhacker, citando la agenda de los BRICS y la defensa por un cambio en las estructuras internacionales donde los dos países tengan posiciones más relevantes.
Eso hace prever, que Brasil debe mantener el alineamiento diplomático con relación a su mayor socio comercial, una opción claramente pragmática.