Macky Arenas: Luego de la decepción… ¿Qué sigue?

“El hambre es lo primero que se aprende, pero no hay derecho a vivir con eso por el resto de la vida”, fue la cita con la que dio inicio Susana Raffalli, asesora de Caritas Venezuela, nutricionista y experta en seguridad alimentaria, a su ponencia en el foro “Vidas en riesgo, país en crisis”, organizado por “Alianza en Protesta Pacífica” y “Dale Letra”, grupos de la sociedad civil que siguen la crisis desde la perspectiva que afecta a la familia venezolana.

Raffali informó que los pasos que hacen posible que el alimento llegue a la mesa de cada venezolano están “todos rotos y colapsados”. Las cifras sobre producción alimentaria no dejan de ser alarmantes: explicó que los campos de Venezuela actualmente están produciendo solo 30% de los alimentos que se necesitan y que hasta el acceso físico a los alimentos está limitado.

La especialista aseguró que la inflación en el precio de los alimentos llega a 900%, situación que podría seguir empeorando. “El impacto de todo esto es que hay 1.800.000 venezolanos que están obteniendo menos alimentos de los que necesitan”, indicó.

La nutricionista explicó que los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los privados de libertad son los más vulnerables ante esta crisis. “Hoy por hoy, de cada 100 niños venezolanos en situación de pobreza, hay 15 gravemente desnutridos y, de estos, hay 6 que podrían estar muriendo esta misma noche”.

Esta es la realidad, muy alejada de la confrontación política que se lleva a cabo desde los escenarios post electorales. La justa cumplida para elegir gobernadores el pasado 15 de Octubre ha generado más problemas que soluciones.

Los obispos de Venezuela, luego de constatar las irregularidades verificadas durante el proceso, no titubearon al emitir su opinión: “Deploramos que el Consejo Nacional Electoral, haciendo caso omiso de los llamados realizados desde diversas instancias nacionales e internacionales, se haya mostrado una vez más como un árbitro parcializado, al servicio del Partido oficial. Son múltiples las irregularidades cometidas en la implementación del proceso electoral: el impedir que las organizaciones políticas pudieran sustituir los candidatos tal como está previsto en la ley, la migración a última hora de electores hacia otros centros de votación, la falta de una observación internacional plural, los abusos en el voto inducido. 

Todo esto constituye un obstáculo para el ejercicio del sufragio y genera desconfianza en los procesos electorales”. No cabe duda de que el cúmulo de violaciones a la ley impulsó esta condena del episcopado venezolano que coronó con su “urgente llamado a las autoridades civiles y militares para que pongan todo su empeño en devolverle al pueblo soberano el ejercicio libre y justo del voto y asegurarle la total trasparencia en el proceso, desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados”.

El asunto tocó picos cuando el gobierno amenazó con destituir a todo gobernador electo que no jurara lealtad a la Asamblea Nacional Constituyente la cual, de todos sabido, es espúrea e inconstitucional. El blog Panampost lo reseñó así: “Luego de las fraudulentas elecciones regionales en Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro busca desconocer la voluntad del pueblo e instaurar un nuevo golpe de Estado tras declarar la “falta absoluta” a gobernadores electos de oposición que no se juramentaron ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de que la Constitución de Venezuela establece que los gobernadores electos solo deben juramentarse ante los Consejos Legislativos, Nicolás Maduro amenazó con destituir a los opositores que no se juramenten ante la ANC”.

Froilán Barrios, connotado dirigente sindical, Secretario General del Movimiento Laborista y Secretario Ejecutivo de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), aseguró hoy: “La dictadura asume una nueva fase, de radicalizar sus ejecutorias, al conminar a los 5 gobernadores opositores electos a subordinarse a la montonera psuvista impuesta el pasado 30/07/2017, so pena de arrebatarle los cargos ganados en las condiciones más desventajosas, que haya conocido proceso electoral alguno en nuestro país”.

Mucho impacto ha causado el informe de la respetada Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, el cual reveló que en un 60% de los centros observados se presentaron hechos de violencia, en 44% el escrutinio no fue público, 35% se constituyeron con miembros accidentales, en 39% se detectó que no había testigos acreditados de los distintos partidos y 58% cerraron después de las 8 de la noche.

Igualmente destaca que “durante el período de campaña electoral fue pública y notoria la utilización de recursos públicos en actos proselitistas a favor de los candidatos del oficialismo, lo que generó un ambiente para la celebración de la jornada electoral del 15 de octubre con un marcado sesgo”.

La oposición, ante lo que llama “evidencias de imposibilidad”, toma conciencia de la absoluta desventaja frente al régimen para continuar por la senda electoral. Comienza una jornada de reflexión crítica donde se busca identificar los factores de oposición y diferenciarlos de aquellos que – a todas luces- negocian con el gobierno a los fines de facilitar la agenda dilatoria de Maduro. Además, pretenden trazar una ruta de lucha que acelere un desenlace.

Estados Unidos, Canadá, Francia y una red continental encabezada por Almagro desde la OEA, han evidenciado su molestia por la manera abrupta como se ha asfixiado la salida democrática en Venezuela. Pareciera que, dada la urgencia de enfrentar un régimen que se ha colocado en el terreno geopolítico del terrorismo y el narcotráfico, las coordenadas del desenredo y el remate de este juego están en otro tablero que no necesariamente se dirime entero en Venezuela.

No solo se trata de recuperar el sistema de libertades, sino de agilizar la asistencia humanitaria que el país requiere para aliviar la realidad desesperada de tantas familias en situación de miseria que se agrava con cada día sin tomar decisiones.-