Mientras Colombia da la bienvenida a los venezolanos que huyen, los niños son los que llevan la carga más pesada

Caroline Kennedy es Embajadora de Buena Voluntad del Comité Internacional de Rescate (IRC). Sarah K. Smith es la directora principal de educación del IRC.

El mundo fue sorprendido hace un par de semanas cuando  manifestantes inundaron las calles de Venezuela. Pero la verdad es que esto no era en verdad una sorpresa – los sistemas político y económico de dicho país han colapsado durante los últimos cuatro años. Como resultado, 3 millones de personas, casi el 10 por ciento de la población total venezolana – han abandonado el que fuera el país más rico de Sudamérica. Esta cifra triplica el número de refugiados sirios que se han trasladado a Europa y es mayor que cualquier otra crisis de refugiados que se produzca en la actualidad.

Notablemente, la vecina Colombia ha abierto sus fronteras para recibirlos, a un ritmo de casi 40.000 al día. La mayoría compra alimentos o medicinas y regresa a Venezuela, pero cada día 5.000 personas deciden quedarse en Colombia o en otros países de América del Sur. Mientras que más de un millón de venezolanos han cruzado a otros países, el número más alto -aproximadamente 1,2 millones- vive ahora en Colombia, que ya tiene 7 millones de desplazados internos (PDI), el número más alto del mundo, como resultado de una guerra civil de décadas.

A lo largo de esta crisis, esto es lo que los titulares no han captado: toda una generación de niños y niñas que se enfrentan a traumas graves. Una de las tragedias particulares del éxodo venezolano es que el número de separaciones familiares – padres separados de sus hijos – es cinco veces mayor que en la mayoría de las demás situaciones de refugiados. Si queremos evitar que continúe la espiral descendente, es hora de que la comunidad internacional haga de los niños -su educación, su salud y su seguridad- parte de su primera respuesta en cada crisis humanitaria. Colombia es el lugar para empezar.

Al abrir sus fronteras, Colombia ha proporcionado a los refugiados venezolanos acceso a sus sistemas de salud y educación. Sin embargo, las cifras son demasiado grandes para que las comunidades colombianas puedan hacer frente a este desafío por sí solas. El compromiso ejemplar de Colombia merece un reconocimiento mundial. Y lo que es más importante, representa una oportunidad única para que la comunidad internacional de donantes intensifique su apoyo a un enfoque integrado de los niños y las familias que tendrá consecuencias que salvan vidas y efectos a largo plazo.

Durante nuestra visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta hace dos semanas, tuvimos la oportunidad de hablar con niños y familias que participan en los programas humanitarios del Comité Internacional de Rescate. Los niños que conocimos están experimentando múltiples traumas. Tienen hambre y miedo. A menudo están enfermos y desnutridos. Muchos han sido separados de sus familias y han perdido meses o años de escuela.

A pesar de las generosas políticas de Colombia, aproximadamente la mitad de los niños venezolanos que viven en el país no asisten a la escuela. Colombia simplemente no puede hacer frente a la gran cantidad de personas que cruzan la frontera. Hablamos con  funcionarios locales que están pidiendo ayuda. Los maestros necesitan recursos adicionales para integrar a tantos estudiantes nuevos, y los padres que tienen la suerte de encontrar un salón de clases para sus hijos no pueden pagar los uniformes, suministros y transporte. Los niños venezolanos indicaron haber sido acosados por estudiantes colombianos, pero quieren ir a la escuela porque saben que la educación es su única oportunidad de tener una vida mejor.

El poder de la educación para proteger a los niños y ayudarlos a sanar durante una crisis está bien documentado. Las investigaciones muestran que, cuando los niños experimentan una adversidad severa y prolongada, su desarrollo cerebral se ve interrumpido, lo que les dificulta aprender y convertirse en miembros productivos de la sociedad.

 Las investigaciones también muestran que los niños son resistentes. Pueden recuperarse cuando se les ofrece un entorno estable y seguro. Las escuelas son a menudo el único lugar donde los niños refugiados están seguros y pueden obtener un sentido de esperanza. Y estos niños están desesperados por tener la oportunidad de aprender. Como nos dijo Urimare, de 15 años, «No es fácil, pero voy a la escuela con todo el esfuerzo del mundo».

A pesar de que la educación es un derecho humano fundamental, según las Naciones Unidas, rara vez es una prioridad humanitaria. Sólo el 2 por ciento de la ayuda humanitaria en todo el mundo se destina a la educación; en Colombia, la cantidad es inferior al 1 por ciento, menos que en cualquier otro sector. Esto debe cambiar.

La educación es un salvavidas, no un lujo. No podemos seguir sacrificando a generaciones de niños mientras esperamos soluciones políticas a conflictos insolubles. En Colombia, tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Trabajando con las comunidades en Colombia, la comunidad humanitaria internacional puede crear un modelo para la asistencia futura, un sistema donde los niños refugiados y locales – colombianos y venezolanos – puedan aprender y crecer juntos para construir un futuro próspero para América Latina.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Washington Post

As Colombia welcomes fleeing Venezuelans, children bear the heaviest burden

Caroline Kennedy is an overseer with the International Rescue Committee. Sarah K. Smith is the IRC’s senior director of education.

The world was caught by surprise a couple of weeks ago as demonstrators flooded the streets of Venezuela. But the truth is, this was not a surprise — Venezuela’s political and economic systems have been collapsing for the past four years. As a result, 3 million people — nearly 10 percent of the population — have left what was once the wealthiest country in South America. This is triple the number of Syrian refugees who have moved to Europe and larger than any other refugee crisis happening today.

Remarkably, neighboring Colombia has opened its borders to receive them — at the rate of nearly 40,000 a day. Most buy food or medicine and return to Venezuela, but every day 5,000 decide to stay in Colombia or other South American countries. While more than a million Venezuelans have crossed into other countries, the highest number — approximately 1.2 million — now live in Colombia, which already has 7 million internally displaced persons (IDPs), the world’s highest number, as a result of a decades-long civil war.

Throughout this crisis, here’s what the headlines have not captured: an entire generation of children facing severe trauma. One of the particular tragedies of the Venezuelan exodus is that the number of family separations — parents separated from their children — is five times higher than in most other refugee situations. If we want to prevent a continued spiral downward, it is time for the international community to make children — their education, health and safety — part of its first response in every humanitarian crisis. Colombia is the place to start.

As it has opened its borders, Colombia has provided Venezuelan refugees access to its health care and education systems. Yet the numbers are too big for Colombian communities to meet this challenge alone. Colombia’s exemplary commitment deserves global recognition. More importantly, it represents a unique opportunity for the international donor community to step up its support for an integrated approach to children and families that will have both life-saving consequences and long-term impact.

During our visit to the border town of Cúcuta two weeks ago, we had the chance to speak with children and families participating in the International Rescue Committee’s humanitarian programs. Children we met are experiencing multiple traumas. They are hungry and scared. They are often sick and malnourished. Many have been separated from their families and have missed months or years of school.

Despite Colombia’s generous policies, roughly half of Venezuelan children living in the country are not in school. Colombia simply can’t cope with the vast numbers coming across the border. We spoke to local officials who are begging for help. Teachers need additional resources to integrate so many new students, and parents fortunate enough to find a classroom for their children can’t afford uniforms, supplies and transportation. Venezuelan kids described being bullied by Colombian students — yet they want to go to school because they know education is their only chance at a better life.

The power of education to protect children and help them heal during a crisis is well-documented. Research shows that, when children experience severe and prolonged adversity, their brain development is disrupted, making it harder for them to learn and grow into productive members of society.

Research also shows that children are resilient. They can recover when offered a stable and secure environment. Schools are often the only place where refugee children are safe and can have a sense of hope. And these children are desperate for the chance to learn. As 15-year-old Urimare told us, “It’s not easy, but I am going to school with all the effort in the world.”

Despite the fact that education is a fundamental human right, according to the United Nations, it is rarely a humanitarian priority. Only 2 percent of humanitarian assistance worldwide goes to education — in Colombia, the amount is less than 1 percent, less than any other sector. This must change.

Education is a lifeline, not a luxury. We can’t continue to sacrifice generations of children while we wait for political solutions to intractable conflicts. In Colombia, we have a chance to get this right. Working with communities in Colombia, the international humanitarian community can create a model for future assistance, a system where refugee and local children — Colombians and Venezuelans — can learn and grow together to build a prosperous future for Latin America.