Milagros Socorro: La firma que no pueden negar
Bastaría salir de esos salones refrigerados, desde donde se hacen amenazas con bufandas, y mirar con un poco de piedad al castigado pueblo venezolano. En su tristeza, en su soledad, en sus zapatos rotos, en su palidez, en su urgente necesidad de un cambio que le devuelva el valor al trabajo, al salario, a las pensiones, al deseo de vivir, ahí está una firma de sangre y fuego. Una firma que todos sabemos, sin necesidad de “pruebas grafotécnicas”, a quién pertenece.
La tortura es la cosa más atroz, más inhumana que pueda haber, -me dijo José Agustín Catalá en una larga entrevista que sostuvimos dos años antes de su muerte, acaecida en diciembre de 2011-. El tipo entrenado para la tortura se deforma por completo. Se convierte en un criminal nato. Cae en una especie de vértigo, de deformaciones terribles. Llega un momento en que da palos, palos y patadas, y se vuelve loco con el torturado, loco, loco, loco… En ‘El libro negro’ (Caracas, 1952), [donde se denunciaban los crímenes del régimen de Pérez Jiménez] figuraba el nombre de Ulises Ortega como un monstruo. Ese hombre me encontró a mí en la sala de torturas, tirado en el piso, en una sanguaza, le quitó la peinilla al guardia, me agarró por los cabellos y me cayó a planazos. Daba gritos: “Yo soy el monstruo”, me decía. Y cuando eran varios los torturadores, el que estaba detrás, fuera del alcance del cuerpo del torturado, gritaba: “Pásamelo, pásamelo”, con una ansiedad casi sexual. Era como un festín de sangre y de horror, del que los torturadores participaban con furor.
Recordé este testimonio al ver las declaraciones de Cilia Flores, en las que afirmaba que el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional sí había estado al frente de la “invasión” por Macuto y repetía que, probados los vínculos con esa operación, “Guaidó no se salva de esta”. Como, además, en la reunión televisada había varios miembros del Gabinete, entre ellos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, daba la impresión de que no podían esperar para atrapar a Guaidó y empujarlo al túnel de humillación que los militares han organizado para la disidencia.
¿Qué significa la sentencia “Guaidó no se salva de esta”?, ¿qué puede significar en el contexto de un régimen que ya tiene más de una década aplicando torturas, que en sus cámaras de tormento asesinó a Fernando Albán y al capitán Acosta Arévalo? El informe anual 2019 de la ONG Provea constató la vigencia del “terrorismo de Estado” aplicado por el régimen de Maduro y documentó que, durante el 2019, al menos 574 personas habían sufrido torturas y 23 de ellas murieron por esta causa. “Son sistemáticas”, admitió el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras huir a EE.UU. Hasta diciembre del año pasado, se habían contabilizado 72 personas muertas por tortura desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013.
En julio de 2019, la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, divulgó un informe donde establecía que en Venezuela se han perpetrado centenares de ejecuciones extrajudiciales, así como torturas o “tratos inhumanos, como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones”. Esto lo afirma la socialista Michelle Bachelet.
Ninguno de esos venezolanos supliciados hasta la muerte habían sido recibidos por jefes de Estado, que con ese gesto desconocieron a Maduro; ninguno de ellos tenía el peso político de Guaidó ni encarnaban semejante desafío al régimen. Qué podemos pensar, entonces, que harían con Juan Guaidó y con la dirigencia opositora, previsiblemente librada a una persecución sin tregua y con la crueldad de la que el Gobierno de facto ha hecho gala.
El episodio de Macuto no está claro todavía. El país no sabe qué fue lo que realmente ocurrió allí, ni cuánto hay de torpeza, e inclusive estupidez, del sector opositor que se apuntó a esa aventura demencial, y cuánto de aporte del régimen. Lo que hemos visto es un hatajo de desesperados, medio desnudos, evidentemente aterrados, hambreados y exhaustos, rodeados de militares armados como para enfrentar a un ejército. ¿Alguien en Venezuela duda que a esos hombres les serán violentados sus Derechos Humanos? No. Todos estamos seguros de que a esta hora exactamente hay un venezolano en las salas de tormento de Maduro.
Otro punto defendido por Cilia Flores en su sorpresiva alocución del jueves 14 de mayo, fue el hecho de que la firma estampada en el contrato con Silvercorp “es de él y no la puede negar”.
-Aquí -amenazó Flores- podemos nosotros llegar al fondo de lo que son ellos en verdad (…) Es el cuerpo del delito, está plasmado lo que iban a hacer, lo que comenzaron a ejecutar.
Y uno se pregunta de quién es la firma estampada en la cuarta peor crisis alimentaria del mundo en 2019, que, según Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2020, presenta Venezuela. De quién es la firma en la sentencia que condenó a 9,3 millones de venezolanos a padecer inseguridad alimentaria aguda, 2,3 millones de ellos, de modo severo, esto según el PMA (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU.
De quién es la firma bajo el proyecto de arrasar al Zulia, al Táchira, a Mérida, al destruir por completo sus servicios públicos, y relegar a sus poblaciones a una vida miserable.
De quién es la firma en la ruina de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), que ha paralizado al país y retenido a los venezolanos en una pavorosa indefensión.
De quién es la firma que ordena la censura, la persecución a periodistas y medios de comunicación, el cierre de medios y el robo a sus equipos.
De quién es la firma en la capitulación que entregó el país a la tiranía castrista; que autorizó el saqueo de los recursos de la Nación; que creó esa casta despreciable a la que llaman bolichicos; que demolió el sistema de salud; que abrió la puerta a los secuestradores que se llevan a las muchachas venezolanas para venderlas a los tratantes; que entregó las cárceles a los pranes y partes de las ciudades a los cabecillas de bandas criminales; que cedió territorio venezolano a las mafias narcotraficantes; que expulsó 5,1 millones de venezolanos obligados a irse del país para huir de la crisis humanitaria que el chavismo incrustó en Venezuela.
Quién firma la condena a muerte a los venezolanos aquejados de diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedades renales, cáncer, dolencias mentales, dengue, sarampión,…
Quién ha firmado los edictos para impedir un cambio político en Venezuela, que garantice la paz y evite que grupos de desesperados se lancen a quiméricos sueños libertarios, que terminan en las ávidas garras de los desalmados descritos por Catalá.
De quién es la firma para cancelar el futuro en Venezuela, para imprimir la desesperanza en todos, absolutamente todos, los venezolanos.
Y de quién es la firma en el reporte adulterado que dejó a Venezuela fuera de la lista de 16 países latinoamericanos seleccionados como beneficiarios del plan de acción Covid-19 de ONU-Hábitat. Cómo es posible que haya ocurrido esto, negar ayuda al país que está peor en todas las escalas. Esto solo se explica porque la ONU aceptó las cifras presentadas por el Estado.
Bastaría salir de esos salones refrigerados, desde donde se hacen amenazas con bufandas, y mirar con un poco de piedad al castigado pueblo venezolano. En su tristeza, en su soledad, puesto que las familias se han desmembrado, en sus zapatos rotos, en su palidez y emaciación, en su urgente necesidad de un cambio que le devuelva el valor al trabajo, al salario, a las pensiones, al deseo de vivir, ahí está una firma de sangre y fuego. Una firma que todos sabemos, sin necesidad de “pruebas grafotécnicas”, a quién pertenece.
La ira necesaria. Una ira santa.
Nos recuerda despreciar a quienes no la tienen y medran sobreviviendo.
Beso esas manos llenas de ira.