Militares guatemaltecos condenados por crímenes de guerra podrían salir en libertad por una amnistía
CIUDAD DE MÉXICO — Emma Theissen Álvarez dice que nunca olvidará los rostros de los tres hombres que en 1981 fueron a su casa de Ciudad de Guatemala buscando a su hija, una dirigente estudiantil que había escapado de sus captores militares. Como no la encontraron se llevaron a Marco Antonio, su hijo de 14 años. Nunca lo volvió a ver.
Durante años, la familia guardó silencio, sin hablar de su dolor. Sin embargo, cuando Theissen y sus tres hijas acudieron a los tribunales, con lo que ayudaron a lograr las condenas por delitos contra la humanidad de los comandantes jubilados del Ejército, experimentaron una suerte de sanación.
“Una siente que está haciendo cosas para hacerle un poco de justicia a Marco Antonio”, comenta Theissen, quien ahora tiene 84 años. Sin embargo, esa justicia está en peligro.
En un revés que hace unos meses parecía inimaginable, los legisladores guatemaltecos tratan de aprobar una propuesta para otorgar amnistía por los delitos de guerra cometidos durante la brutal guerra civil del país que duró 36 años.
La votación del proyecto de ley está programada para el miércoles y, de ser aprobada, liberaría a más de treinta exmilitares de alto rango, soldados y policías civiles en las siguientes veinticuatro horas. Además detendría las investigaciones de miles de casos.
La amnistía ha cobrado fuerza en el congreso y, según los analistas, es una reacción a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lo que originalmente parecía ser un impulso de los grupos minoritarios de la extrema derecha al parecer cobró fuerza cuando el presidente Jimmy Morales, afectado por las acusaciones de corrupción, recurrió al ejército en busca de apoyo.
“Es un reflejo del debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala”, comentó Alejandro Rodríguez, exfuncionario de justicia guatemalteco.
Los que están a favor de la amnistía afirman que solo tratan de seguir adelante y promover la paz. “Los tribunales han sido infiltrados por jueces y fiscales con inclinaciones ideológicas hacia un lado, la izquierda, que son los guerrilleros”, declaró el congresista que presentó la ley de amnistía, Fernando Linares, en una entrevista reciente en Ciudad de Guatemala.
Sin embargo, para las víctimas y sus familias, el proyecto de ley equivale a la negación de la justicia y de la historia, comentó Édgar Pérez, abogado en derechos humanos que ha presentado casos de crímenes de guerra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales guatemaltecos. “Para las víctimas, la sentencia es su certificado de la verdad; es su historia”.
Pérez y otros expertos en derechos humanos explican que la amnistía propuesta es anticonstitucional y viola los tratados internacionales, los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra civil y las sentencias del máximo tribunal de justicia de Guatemala.
No obstante, temen que durante el tiempo que le tome al tribunal revocar la ley, los criminales de guerra liberados puedan atacar a los testigos, los fiscales y los jueces que llevaron sus casos.
Más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el sangriento conflicto entre el ejército de Guatemala y los insurgentes de izquierda, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la Verdad y la Justicia en Guatemala, creada por las Naciones Unidas.
Lo que comenzó como una campaña de terror contra activistas políticos y campesinos, así como líderes sindicales y estudiantiles, se transformó en una ofensiva de tierra quemada contra los pueblos mayas. A principios de los años ochenta, las fuerzas militares y paramilitares arrasaron comunidades enteras en masacres de una brutalidad sin límites.
La comisión concluyó que las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que establecieron eran responsables del 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto. También se dejó en claro el lugar que ocupó el racismo en la sociedad guatemalteca que todavía está profundamente dividida: un 83 por ciento de las víctimas identificadas eran mayas, muchas de ellas mujeres y niños.
Aunque Estados Unidos eliminó oficialmente el apoyo al ejército guatemalteco, el gobierno de Ronald Reagan encontró una manera de enviar ayuda al gobierno del general Efraín Ríos Montt, quien en 2013 fue condenado por genocidio en contra de la población maya ixil durante su mandato en 1982 y 1983.
Tras la guerra, la justicia se hizo esperar. Cuando los fiscales guatemaltecos sepultaron sus denuncias, las víctimas llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera lenta, la historia empezó a cambiar y, para 2009, los primeros casos llegaron a los tribunales guatemaltecos. El juicio del general Ríos Montt fue un punto de inflexión que reveló órdenes militares que mostraban que las atrocidades del ejército formaban parte de una estrategia deliberada. La sentencia del general Ríos Montt fue revocada por un tecnicismo y estaba siendo enjuiciado cuando murió el año pasado a los 91 años.
Los jueces “nos han hecho creer un poquito en el sistema”, comentó Edwin Canil, presidente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, una alianza de sobrevivientes de siete grupos mayas que presentó la denuncia contra el general Ríos Montt. “Hemos logrado colocar en la historia de este país estos crímenes que querían olvidar”, dijo.
En enero de 2016, las investigaciones condujeron al arresto de dieciocho oficiales retirados del ejército implicados en dos casos importantes. Uno se relacionaba con una base militar en el departamento de Alta Verapaz, donde se exhumaron cientos de cuerpos. El otro, con los ataques a la familia de Emma Theissen Álvarez.
Cuatro oficiales de alto rango del ejército fueron sentenciados, entre ellos el general de brigada retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García y el general de brigada retirado y exjefe de inteligencia militar Manuel Callejas y Callejas.
“Fue la única posibilidad que hemos tenido en casi cuarenta anos de depositar la responsabilidad, la vergüenza, la culpa en los verdaderos responsables de nuestra situación personal y la de muchas otras víctimas”, comentó la hermana de Marco Antonio, Emma Guadalupe Molina Theissen, de 59 años. Ella fue detenida en una base militar donde fue violada y torturada antes de escapar nueve días después.
Ahora, muchos guatemaltecos temen que regrese la impunidad.
“El pueblo tuvo la audacia de creer que el sistema de justicia estaba escuchando”, afirmó Jo-Marie Burt, experta en Guatemala de la Universidad George Mason que siguió de cerca los juicios. “Y luego que el congreso les diga que nada de eso importa, que el ejército salvó al país del terrorismo… Quieren llevar a Guatemala de regreso a 1981”.
Sin embargo, si la amnistía se aprueba el miércoles, no logrará regresar el tiempo, afirmó Ana Lucrecia Molina Theissen, de 64 años, la más grande de las tres hijas de la familia. “La imagen de los criminales disfrazados de héroes, eso no lo van a recuperar”, afirmó. “Esa imagen de personas heroicas patriotas respetables, eso nunca va a volver para ellos”.
Los legisladores guatemaltecos han ignorado las protestas de grupos indígenas y de derechos humanos del país y las apelaciones internacionales, incluida una protesta del Departamento de Estado de Estados Unidos. El senador demócrata de Vermont Patrick Leahy advirtió que la aprobación del proyecto de ley tendría “serias consecuencias” para la asistencia estadounidense. “Un gobierno que protege a sus fuerzas armadas del castigo por delitos contra la humanidad falla en su obligación más sagrada de defender la justicia y preservar el Estado de derecho”, declaró.
Juan Francisco Soto, abogado y director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, ubicado en Ciudad de Guatemala, que representa a las víctimas, comentó que al gobierno ya no le importaba el respeto internacional. “El gobierno se ha envalentonado con este grupo de legisladores”, afirmó. “Ellos quieren imponer este pacto de impunidad a costa de lo que sea”, sentenció.
