Nicolás Maduro se atrinchera para un nuevo mandato de seis años

Según la constitución de VENEZUELA, los presidentes deben prestar juramento ante la Asamblea Nacional, el parlamento del país. Pero la ceremonia que dará inicio al segundo sexenio de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero, tendrá lugar en el Tribunal Supremo. Esto se debe a que la asamblea controlada por la oposición considera que la elección de Maduro el pasado mes de mayo es una farsa y que su segundo mandato es ilegítimo. El tribunal nominalmente independiente, por el contrario, sigue siendo un servidor obediente del régimen. El cambio de lugar es una maniobra característica de Maduro, que mantiene el poder por medios cada vez más dictatoriales.

Ese es su único talento. Después de un catastrófico primer mandato, el Sr. Maduro es posiblemente el presidente menos exitoso del mundo (ver gráficos). Pero las semillas del desastre fueron plantadas por su predecesor, Hugo Chávez, que murió en 2013. Un populista elocuente, Chávez pensó que la mejor manera de ayudar a los pobres era aumentar el gasto del gobierno mientras ahogaba los mercados. Se apoderó de empresas privadas, impuso controles de precios, pidió prestado abundantemente y despidió a los gerentes competentes de PDVSA, la empresa petrolera estatal que es la principal fuente de divisas fuertes de Venezuela, por no apoyarle políticamente.

Chávez tuvo suerte. Los precios del petróleo fueron altos durante la mayor parte de sus 14 años en el cargo. Eso mantenía las mercancías en las estanterías y los déficits presupuestarios bajo control. Cuando murió, la economía se dirigía hacia un fuerte declive, pero eso aún no era evidente. Maduro se presentó como el «hijo» de Chávez, que todavía inspiraba devoción entre los venezolanos pobres y los crédulos izquierdistas en el extranjero. Ganó en 2013 una controvertida elección presidencial contra Henrique Capriles, un gobernador de centro-izquierda. En 2014 los precios del petróleo comenzaron a bajar.

Maduro se adhirió obstinadamente al chavismo incluso cuando las condiciones se volvieron en su contra. Para seguir pagando a los acreedores internacionales de Venezuela, redujo las importaciones, lo que provocó escasez y hambre. Imprimió dinero para financiar déficits presupuestarios masivos. Ambas medidas alimentaron la inflación, que ahora se estima en 1.400.000 al año. Maduro mantuvo artificialmente alta la tasa de cambio oficial del bolívar, ostensiblemente para hacer asequibles las importaciones esenciales. De hecho, el régimen negó a los importadores honestos el acceso a dólares baratos, dándoles en cambio a los leales, algunos de los cuales se convirtieron en multimillonarios. El valor del mercado negro (es decir, verdadero) del bolívar se derrumbó. El PIB ha caído casi a la mitad desde que  Maduro asumió el cargo.

Respondió a la crisis con medias tintas, como las inadecuadas devaluaciones del bolívar oficial, o con políticas que empeoraron las cosas, como ordenar nuevos controles de precios. A medida que las reservas de divisas se desplomaban, en 2017 dejó de pagar parcialmente los bonos emitidos por PDVSA y el gobierno. Este último ha evitado el impago total sólo hipotecando yacimientos de petróleo, gas y oro, principalmente a empresas controladas por los Estados chino y ruso.

El pasado mes de agosto, el señor Maduro eliminó cinco ceros de la moneda y la relanzó como el «bolívar soberano». Pero sin ninguna acción por parte del gobierno para frenar los déficits o aliviar la escasez, el BS ha perdido el 95% de su valor frente al dólar. Los bancos ya se están negando a aceptar billetes de dos bolívares, la denominación más baja, aunque son nuevos.

Incluso si los precios del petróleo se recuperan, es poco probable que Venezuela se beneficie mucho. Ello es debido a que el gobierno ha saqueado a PDVSA. Bajo Chávez, además de pagar por programas sociales populares, proporcionaba gasolina a los venezolanos casi gratis y petróleo a gobiernos amigos, como el de Cuba, en términos fáciles. La inversión y la exploración se vieron afectadas. El declive de PDVSA se aceleró con Maduro, quien ha nombrado como su presidente a un general de división sin experiencia en la industria petrolera. Los carroñeros, incluidos empleados desesperados por el colapso de sus ingresos, han comenzado a robar maquinaria. Ahora en incumplimiento parcial de sus obligaciones, Venezuela produce menos petróleo que en la década de 1950. La producción por ciudadano es la misma que en la década de 1920.

La consecuencia es miseria. Los suministros de electricidad y agua están fallando, debido a la corrupción, la falta de inversión y el ausentismo de los trabajadores que no pueden vivir de sus salarios. La violencia se ha disparado y la atención de la salud casi se ha derrumbado. Una décima parte de la población, 3 millones de personas, han emigrado, en gran parte a países vecinos como Colombia. Al menos 2,5 millones han salido desde 2014. (Una minoría ha solicitado asilo.)

Dependiendo de lo que suceda con los ingresos petroleros y las remesas, 5 millones más podrían salir, según un estudio de la Brookings Institution, un centro de estudios en Washington. «Mi hija tiene apenas 15 años y ya está insinuando que se quiere ir», dice Carlos Valbuena, un oficinista de Caracas. «¿Qué le digo?», se pregunta.

La respuesta depende del tiempo que Maduro permanezca en el poder. Eso, a su vez, depende de cuánto tiempo pueda permanecer unido el régimen bajo la presión de sus enemigos y de las tensiones que se ha impuesto a sí mismo. El 4 de enero, el grupo de Lima, que incluye a los mayores países de América Latina y Canadá, dijo que dejaría de reconocer a Maduro como presidente en su segundo mandato y le instó a ceder el poder a la Asamblea Nacional. Ese gesto se vio debilitado por la negativa de México, bajo su nuevo presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a firmar la declaración.

El Perú se ha unido a los Estados Unidos y a la Unión Europea para impedir que los miembros del régimen los visiten y realicen transacciones financieras. Otros miembros del grupo de Lima pueden seguir ese camino. Más dolorosas son las sanciones estadounidenses que impiden que las empresas negocien con deuda recién emitida. Esto dificulta que Venezuela pueda llegar a acuerdos con los acreedores.

La aprobación de la Asamblea Nacional por parte del grupo de Lima es un estímulo para una oposición dividida e ineficaz. La alianza está en buena forma y el 5 de enero llevó a cabo una redistribución de los altos cargos de la legislatura bajo un pacto al que se llegó después de las elecciones parlamentarias de 2015, las últimas elecciones justas en Venezuela. Juan Guaidó, fundador de Voluntad Popular, uno de los partidos de oposición más conflictivos, se convirtió en el presidente de la asamblea. El líder del partido, Leopoldo López, está bajo arresto domiciliario y su coordinador nacional, Freddy Guevara, se ha refugiado en la embajada de Chile desde 2017.

En su discurso de aceptación, Guaidó condenó la presidencia de Maduro por ilegítima y pidió al ejército que ayudara a «restaurar el orden constitucional». Guaidó será «el jefe de la lucha por el cambio en Venezuela», predice Luis Vicente León, encuestador y analista político en Caracas.

Pero la principal amenaza para Maduro está «dentro del chavismo», dice León. Hasta ahora, el saqueo de la producción de petróleo, el contrabando y el tráfico de drogas, que el gobierno tolera, ha mantenido unido al régimen. Una red de espías cubanos le informa a Maduro sobre las conspiraciones en su contra. Pero el dinero en efectivo se está volviendo escaso y las conspiraciones pueden estar proliferando. En agosto, al parecer, algunas personas intentaron matar a Maduro con aviones teledirigidos cargados de explosivos mientras se dirigía a una reunión de guardias nacionales. El gobierno ha torturado a docenas de soldados acusados de conspirar contra él, según la ONG Human Rights Watch.

Las deserciones del chavismo pueden representar un peligro mayor. Sujetos a la prohibición de viajar, algunos miembros del régimen temen quedar atrapados en Venezuela cuando el poder cambie repentinamente. Pueden estar tentados a llegar a un acuerdo con la oposición, probablemente con la mediación de un grupo externo, que conduzca a un gobierno de transición. León dice que la tensión entre los que están dispuestos a negociar y los que se niegan a hacerlo podría llevar a la «implosión» del gobierno.

El régimen ya ha sufrido varias deserciones de alto perfil, especialmente por parte de miembros del poder judicial. La última ocurrió el pasado 6 de enero, cuando Christian Zerpa, juez del Tribunal Supremo, compareció en Miami para denunciar a Maduro. Su gobierno «no tiene otro nombre que el de dictadura», declaró el otrora leal magistrado. Eso es vergonzoso, pero no una amenaza grave. Sus amigos, más que sus sirvientes en la corte suprema, son a quienes Maduro debe temer más.

Traducción: Marcos Villasmil

NOTA ORIGINAL:

The Economist

Nicolás Maduro digs in for another six-year term

UNDER VENEZUELA’S constitution, presidents are supposed to be sworn in before the national assembly, the country’s legislature. But the ceremony that will begin Nicolás Maduro’s second six-year term, planned for January 10th, is to take place at the supreme court. That is because the opposition-controlled assembly regards Mr Maduro’s election last May as a farce and his second term as illegitimate. The nominally independent court, by contrast, remains an obedient servant of the regime. The change of venue is a characteristic manoeuvre by Mr Maduro, who is keeping power by increasingly dictatorial means.

That is his one talent. After a catastrophic first term, Mr Maduro is arguably the world’s least successful president (see charts). But the seeds of disaster were planted by his predecessor, Hugo Chávez, who died in 2013. An eloquent populist, Chávez thought that the best way to help the poor was to ramp up government spending while throttling markets. He seized private businesses, imposed price controls, borrowed lavishly and sacked competent managers at PDVSA, the state-owned oil firm that is Venezuela’s main source of hard currency, for not supporting him politically.

Chávez was lucky. Oil prices were high during most of his 14 years in office. That kept goods on the shelves and budget deficits under control. When he died the economy was headed for a steep decline, but that was not yet apparent. Mr Maduro cast himself as the “son” of Chávez, who still inspired devotion among poor Venezuelans and gullible leftists abroad. He won a disputed presidential election against Henrique Capriles, a centre-left state governor. In 2014 oil prices began to slide.

Mr Maduro doggedly adhered to chavismo even as conditions turned against it. To continue paying Venezuela’s international creditors he slashed imports, leading to shortages and hunger. He printed money to finance massive budget deficits. Both measures stoked inflation, now estimated at 1,400,000% a year. Mr Maduro kept the official exchange rate of the bolívar artificially high, ostensibly to make essential imports affordable. In fact, the regime denied honest importers access to cheap dollars, giving them instead to loyalists, some of whom became billionaires. The black market (ie, true) value of the bolívar collapsed. GDP has dropped by nearly half since Mr Maduro took office.

He responded to the crisis either with half-measures, such as inadequate devaluations of the official bolívar, or policies that made things worse, such as new price controls. As reserves of foreign exchange plummeted, in 2017 he partially defaulted on bonds issued by PDVSA and the government. The government has avoided full default only by mortgaging off oil, gas and gold fields, mainly to Chinese and Russian state-controlled firms.

Last August Mr Maduro removed five zeroes from the currency and relaunched it as the “sovereign bolívar”. But without any action by the government to rein in deficits or alleviate shortages, it has lost 95% of its value against the dollar. Banks are already refusing to accept two-bolívar notes, the lowest denomination, although they are brand new.

Even if oil prices bounce back, Venezuela is unlikely to benefit much. That is because the government has looted PDVSA. Under Chávez, in addition to paying for popular social programmes it provided petrol to Venezuelans nearly free and oil to friendly governments, such as Cuba’s, on easy terms. Investment and exploration suffered. PDVSA’s decline sped up under Mr Maduro, who has appointed as its president a major-general with no experience in the oil industry. Scavengers, including employees made desperate by the collapse in their incomes, have begun to pilfer machinery. Now in partial default on its bonds, Venezuela produces less oil than it did in the 1950s. Output per citizen is where it was in the 1920s.

The consequence is misery. Electricity and water supplies are faltering, because of corruption, underinvestment and absenteeism by workers who cannot live on their salaries. Violence has soared and health care has all but collapsed. A tenth of the population, 3m people, have emigrated, largely to neighbouring countries such as Colombia. At least 2.5m have left since 2014. (A minority apply for asylum.)

Depending on what happens to oil income and remittances, 5m more could leave, according to a study by the Brookings Institution, a think-tank in Washington. “My daughter is just 15 and she’s already hinting she wants to go,” says Carlos Valbuena, an office worker in Caracas. “What do I tell her?” he wonders.

The answer hinges on how long Mr Maduro will remain in power. That, in turn, depends on how long the regime can remain united under pressure from its foes and from the stresses it has placed on itself. On January 4th the Lima group, which includes the biggest Latin American countries and Canada, said it would stop recognising Mr Maduro as president in his second term and urged him to cede power to the national assembly. That gesture was weakened by the refusal of Mexico, under its new left-wing president, Andrés Manuel López Obrador, to sign the statement.

Peru has now joined the United States and the European Union in barring members of the regime from visiting and conducting financial transactions. Other members of the Lima group may follow. More painful are American sanctions that stop firms from dealing in newly issued debt. That is making it difficult for Venezuela to reach agreements with creditors.

The Lima group’s endorsement of the national assembly is a fillip to the divided and ineffectual opposition. The alliance is in good enough shape that on January 5th it carried out a redistribution of top jobs in the legislature under a pact reached after the parliamentary election in 2015, Venezuela’s last fair election. Juan Guaidó, a founder of Voluntad Popular (Popular Will), one of the most confrontational opposition parties, became the assembly’s president. The party’s leader, Leopoldo López, is under house arrest and its national co-ordinator, Freddy Guevara, has taken refuge in the Chilean embassy since 2017.

In his acceptance speech, Mr Guaidó damned Mr Maduro’s presidency as illegitimate and called on the army to help “restore the constitutional order”. Mr Guaidó will be “the head of the struggle for change in Venezuela”, predicts Luis Vicente León, a pollster and political analyst in Caracas.

But the main threat to Mr Maduro comes from “inside chavismo”, says Mr León. Until now, loot from oil production, smuggling and drug trafficking, which the government tolerates, has held the regime together. A network of Cuban spies alerts Mr Maduro to plots against him. But cash is becoming scarce and plots may be proliferating. In August some people apparently tried to kill Mr Maduro with explosive-laden drones as he addressed a gathering of national guardsmen. The government has tortured dozens of soldiers accused of plotting against it, according to Human Rights Watch, an NGO.

Defections from chavismo may pose a bigger danger. Subject to travel bans, some members of the regime fear being trapped in Venezuela when power shifts suddenly. They may be tempted to strike a deal with the opposition, probably mediated by an outside group, leading to a transition government. Mr León says that tension between those prepared to negotiate and those who refuse could lead to the government’s “implosion”.

The regime has already suffered several high-profile defections, especially by members of the judiciary. The latest came on January 6th, when Christian Zerpa, a judge on the supreme court, appeared in Miami to denounce Mr Maduro. His rule “has no other name than a dictatorship”, declared the once-loyal justice. That is an embarrassment, but not a serious threat. It is from his friends, rather than from his servants on the supreme court, that Mr Maduro has most to fear.