ONU, torturas y crímenes
«Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo,
la insurrección es el más sagrado de los derechos y
el más indispensable de los deberes»
Marqués de Lafayette
A pesar que en Venezuela el ritmo de nuestras vidas es acuciante y hasta dramático, el último informe de la ONU ha despertado reacciones de rabia, controlada por ahora, e indignación en el pueblo, a la vez que temor y desconcierto en las esferas oficiales.
Por primera vez, desde el derrocamiento de la anterior dictadura de Pérez Jiménez, se hacen señalamientos concretos de delitos específicos a gobernantes y funcionarios, relacionados con la vida, muerte e integridad de nacionales; ya no estamos hablando en términos generales de corrupción, narcotráfico, peculado o represión. Estamos hablando de acusaciones a personas, con nombres y apellidos, de matar y torturar a seres humanos y no ocasionalmente, por descuido, efecto del fragor de un combate o acción sin control de subalternos, sino por decisión superior con premeditación, ventaja o alevosía y ensañamiento.
De matar y torturar por órdenes directas y conscientes de los más altos niveles del régimen chavista: presidente, ministro de la defensa, ministro del interior, y altos jefes del PSUV, entre otros del más alto nivel ejecutivo y partidista. Es la denuncia más grave que he escuchado en mi vida.
No se trata de tortura y muerte accidental de detenidos por abusos incontrolados de subalternos, no; se trata de muertes y torturas ordenadas expresamente por los altos jerarcas arriba mencionados.
No son críticas sistemáticas de la oposición al régimen, no; son acusaciones de un organismo internacional de mucho crédito y solvencia moral, nacido luego de los juicios de Nüremberg y el ajusticiamiento en la horca de criminales de guerra, por crímenes internacionales contra la humanidad, ejecutados contra personas y comunidades concretas sometidas por la fuerza, contra funcionarios del más alto nivel del régimen que subyuga a Venezuela.
Es distinto calificar a un jefe de régimen de tirano, autócrata, dictador, etcétera, a que sea señalado internacionalmente como asesino y torturador; la vergüenza nacional trae consigo el derecho de un pueblo a la reivindicación de su honra y a su protección. En este sentido, cabe un llamado a todos los venezolanos y especialmente a los subalternos inocentes de las acusaciones a sus altos mandos a pensar, pensar en soledad y delante de sus familias, si quieren identificarse, con nombres y apellidos, familia incluida, con los señalados de criminales por la ONU.
Estoy hablando especialmente de los hombres y mujeres de nuestras instituciones de seguridad, hasta ahora apegados a una inacción excusable pero que a partir de las acusaciones de la ONU, pueden adquirir la condición innecesaria de cómplices en actos viles y despreciables contra sus hermanos connacionales, que además de deshonrarlos dañan a las instituciones que integran.
¿Qué van a hacer? Es la pregunta que todo venezolano, y observador extranjero de buena fe, se hace sobre los integrantes de las fuerzas que sostienen al régimen acusado formalmente de criminal. El emplazamiento es serio y debiera tocar el corazón, conciencia y espíritu de cada uno de los citados, sin que lo puedan dejar de lado por conveniencia o por miedo, no les cabe esa actitud ni excusa.
Es hora de rescatar al país para la libertad y el honor; es hora de hacer justicia como paso imprescindible de la paz nacional. Y es éste un deber de los venezolanos, uniformados o no, y de más nadie.
Caracas, 18 de septiembre de 2020.
Luis Betancourt Oteyza
