Oswaldo Páez-Pumar: A sesenta años de distancia
En la campaña electoral del año 1963 ganó el doctor Raúl Leoni, candidato del partido de gobierno Acción Democrática y su más cercano competidor el doctor Rafael Caldera, no era representante de la oposición, sino del partido Copei que en virtud del Pacto de Puntofijo respaldaba el gobierno presidido por Rómulo Betancourt. La oposición estuvo representada principalmente por Jóvito Villalba y Arturo Uslar Pietri, pero hubo otros tres candidatos, entre ellos Wolfgang Larrazábal que había perdido las elecciones frente a Betancourt en 1958. La suma de votos de los candidatos opositores fue inferior a la suma de votos acumulados entre los doctores Leoni y Caldera.
De una vez les digo a mis lectores que no voy a hablar (mejor dicho a escribir) sobre eso, lo que seguramente produciría un clic en la computadora para buscar otra cosa de interés, lo que a lo mejor también hacen después del párrafo siguiente.
El caso es que para esas elecciones yo cursaba el último año de mi carrera de abogado y la concluí en julio de 1964. También es el caso que sin haberme graduado participé activamente en las actividades que precedían a la campaña electoral; una muy importante, el Congreso de Profesionales y Técnicos copeyanos e independientes socialcristianos, donde se discutía y se aprobaba lo que serían el proyecto de plan de gobierno que sería expuesto a la población no solo en los mítines de la campaña electoral, sino en los contactos que se realizaban yendo al encuentro de la ciudadanía en sus casas.
El doctor Caldera, cinco años después, lograría la presidencia frente al doctor Gonzalo Barrios. La promesa de construir cien mil casas por año se origina, en buena medida, en las conclusiones de esos congresos de profesionales y técnicos, pero en la campaña ya se sentía la presencia de reputados conocedores de eso que se llama el manejo o el mensaje a la población para la captación de votos; y que se obtiene básicamente a través de encuestas orientadas a saber “¿qué quieren o que les gustaría tener, los integrantes del pueblo que va a votar?”
Saber qué quiere o que necesita el pueblo es desde luego prioridad de todo político que aspire a obtener el poder, pues es a través de su ejercicio como podrán satisfacer las necesidades reales y las sentidas por el pueblo, que no siempre son coincidentes; y que desde luego reclaman de quienes van a ejercer el poder que acierten en la prioridad que debe dársele a una sobre otra u otras; y sobre todo que no incluyan como parte de los ofrecimientos los reclamos que aunque puedan surgir de necesidades sentidas de la población, no son realizables, y su incumplimiento genera frustraciones que conducen a rupturas institucionales, que desde luego terminan en fracasos de los pueblos aunque sean vistos como fracasos de los gobiernos.
Nuestros dos últimos presidentes durante los cuarenta años de la “república civil” fueron los únicos en postularse para ser reelegidos. El primero de ellos, Carlos Andrés Pérez, no llegó a completar su período y su propio partido fue el actor fundamental en su derrocamiento. Desde luego su promesa electoral fue la causa principal de su derrocamiento. Prometió volver a “la gran Venezuela”, sabiendo que no era posible y teniendo claro que su programa de gobierno no lo contemplaba; y desde su toma de posesión marcó distancia con todo lo que había dicho en la campaña electoral y abonó la tierra para la conspiración contra su gobierno y el abandono de su partido.
Rafael Caldera, sin duda de entre todos los presidentes de Venezuela el de mayores quilates académicos, por “¿identificarse con lo que el pueblo reclamaba?”, si es que acaso lo reclamaba, o era más bien una orquestación de quienes teniendo aspiraciones políticas, veían en el teniente-coronel un puente para su propio ascenso político, optó por liberar la bestia, desoyendo la advertencia del Libertador que definió a Venezuela como un cuartel; y no aprovechando la experiencia por él vivida cuando al comienzo de los cuarenta años de gobiernos civiles y pasada la euforia que acompañó a la caída de Pérez Jiménez, éste recuperó algo de popularidad y se impuso la tesis que no podría ser candidato a la presidencia quien hubiera sido declarado culpable de los delitos imputados, que desde luego no eran los mismos que se imputaban al teniente coronel Chávez, aunque él también había incurrido en ese delito en dos oportunidades.
