Padre Luis Ugalde S. J.: Contra Tiranos

La justa rebelión contra gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano fundamental. La existencia de gobiernos se justifica éticamente por su condición de medio indispensable para lograr el bien común. Cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede con creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo que era clara la condición dictatorial del régimen imperante en Venezuela, pero las recientes desvergonzadas decisiones para impedir el revocatorio presidencial y otras, ponen en evidencia un radical atentado contra la democracia social venezolana.

CRISTIANISMO Y JUSTA REBELIÓN

Luego de mi reciente artículo de prensa sobre esto me piden que explique más la mencionada doctrina católica tradicional y la importancia que tiene para la conciencia católica y para toda conciencia ciudadana democrática. Me tomo una página más de la revista SIC para explicar su origen secular con raíces en el Evangelio de Jesús. Nuestro principal prócer civil de la Independencia Juan Germán Roscio, en el Acta de la Declaración de Independencia (1811) y luego en el Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes (1811) y en su sólido libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, escrito en prisión española en 1814, argumentó vigorosamente, con la biblia, la razón y la tradición, que Dios quiere la libertad de los pueblos y no su opresión. Más bien se sorprende que en sus estudios caraqueños de derecho y teología solo tuviera acceso obligatorio a la teoría del derecho divino de los reyes, radicalmente opuesta a la llamada “doctrina jesuítica”. Tan constante ha sido la obstinación de los teólogos del poder arbitrario en querer amalgamar dos cosas inconciliables, el cristianismo y el despotismo, que irritados ciertos filósofos del siglo pasado (s. XVIII) atribuyeron a la religión unos vicios que ella condenaba. El siguiente artículo revisa la doctrina católica tradicional y la importancia que tiene para la conciencia católica y para toda conciencia ciudadana democrática. Además, insiste en que el diálogo es necesario para cambiar y reconstruir el país; sin este no habrá democracia social  de los obstinados defensores de la monarquía absoluta, e indignamente imputados a nuestras relaciones con el Ser supremo.

Roscio era un niño de 4 años cuando (1767) fueron expulsados los jesuitas de España y sus dominios. Se prohibió la enseñanza de la doctrina de la “justa rebelión” y se impuso la doctrina del “derecho divino de los reyes”. Ni en la teología, ni en el derecho, ni en el catecismo que estudió Roscio estaba presente la tradicional doctrina católica del derecho de los pueblos a darse gobernantes y a destituirlos si se convertían en tiranos. Medio siglo después Roscio preso en España escribirá: He aquí la verdadera causa porque (los jesuitas) fueron arrojados de los reinos y provincias de España: todo lo demás fue un pretexto de que se valieron los tiranos para simular el despotismo y contener la censura y la venganza que merecía el decreto bárbaro de su expulsión. En las décadas de la agonía colonial todo profesor era obligado a inculcar la teoría del “derecho divino de los reyes”, pues las monarquías absolutas necesitaban una teología, un derecho y un catecismo para la absoluta sumisión de los súbditos: ir contra el rey era ir contra Dios. El “derecho divino de los reyes” venía imponiéndose desde el siglo XVII y defendía que los reyes están puestos por Dios sobre los pueblos y estos no tienen ningún derecho de juzgarlos y menos de quitarlos. Si resultan buenos son una bendición de Dios, y si malos, un castigo de Dios. Se contraponía a la católica doctrina secular –entonces prohibida por los reyes– según la cual la autoridad política es una necesidad natural de toda sociedad civilizada y en ese sentido viene de Dios. Pero son los pueblos los que se dan sus propios gobiernos para el bien común y los juzgan y quitan cuando se vuelven tiranos. Se llamó “jesuítica” porque los jesuitas como Suárez, Mariana y otros la relanzaron en tiempo de monarquías absolutas, pero era muy anterior a la fundación de la Compañía de Jesús (siglo XVI).

San Agustín (siglos IV-V) sentencia que “lex iniusta non est lex” (la ley injusta no es ley). Según Santo Tomás (siglo XIII) “las leyes injustas son más violencia que leyes” y el tirano agrede al bien común y busca su interés privado, con lo que los súbditos quedan libres del acatamiento y obediencia a la legítima autoridad, pues se ha deslegitimado. Los pueblos tienen derecho a darse sus gobernantes y obligación de pedirles cuentas de buen gobierno y cambiarlos cuando se vuelven tiranos; mientras que según la teoría de “el derecho divino de los reyes” se debe sumisión absoluta al rey, sin derecho a juzgarlo.

EL SÁBADO PARA EL HOMBRE Y NO EL HOMBRE PARA EL SÁBADO

Jesús en el Evangelio nos da aquella maravillosa y trascendental sentencia al ser acusado por curar (trabajar) en sábado: “No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre” (Marcos 2,27). Sentencia que no vale solo para la ley religiosa, sino para toda ley e institución humana. No es el hombre para la economía, sino la economía para la vida digna y próspera de todos; pero la economía que se convierte en dios, reduce a esclavos a hombres y mujeres. En cuanto al poder político Jesús fue contundente: los poderosos mundanos esclavizan a los súbditos, con lo que se convierten en delincuentes. “No ha de ser así entre ustedes”, dice a sus discípulos, sino que su poder ha de ser para servir y dar vida a ejemplo del mismo Maestro (Marcos 10,42-47). Justamente esta es la gran novedad y radicalidad de Jesús: Dios no es un ídolo que exige sacrificios humanos, sino amor que se concreta en el amor al hombre, a la persona humana.

Su radicalidad se revela precisamente en el amor a aquellos que según el mundo parecen tener menos atributos. Y el modo de amar a Dios es amando al hermano, de manera que “quien dice amar a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso” (1 Juan 4, 20). Con la modernidad se desató el prodigioso desarrollo racional de los medios, pero en la práctica no se ha fortalecido el amor y el valor absoluto de la persona a cuya dignidad se deben ordenar y subordinar. Con peligro de que los medios se conviertan en fines en sí y la persona se reduzca a medio e instrumento.

FRENTE A REGÍMENES TIRÁNICOS

Las modernas constituciones laicas y los gobiernos democráticos incluyen esta enseñanza. Así lo hizo la Declaración de Independencia de USA (1776): Cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios (vida, libertad, búsqueda de felicitad…) el pueblo tiene el derecho de reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que ofrezca mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. En el Acta de la Independencia de Venezuela y en el Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela (1811) Roscio basa en ese principio el legítimo derecho a darse un buen gobierno independiente de España: En uso de los imprecriptibles derechos que tienen los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que de la nuestra (…). Los pueblos tienen derecho a juzgar y a cambiar gobiernos cuando el régimen es opresor y bloquea sistemáticamente el camino del bien común.

Por otra parte estos principios están explícitamente asumidos en nuestra Constitución actual. Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines de nuestra democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del Poder Judicial, Electoral y de la Fuerza Armada: Ya no estamos en “un Estado democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el Gobierno no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia”, sino a imponerse y mantenerse en el poder (Constitución, artículo 2). En consecuencia, este régimen atenta contra los fines esenciales del Estado democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Constitución, artículo 3). Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación: salir del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano fundamental, aunque no esté escrito en ninguna parte. Pero en Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la Constitución: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.  En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (artículo 333, resaltado nuestro).

Por si alguien tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de demostrarnos su condición dictatorial y recordarnos nuestra obligación de desconocer sus decisiones antidemocráticas y cambiar el régimen. Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y valor para salir de la dictadura. Todos los demócratas, y muy especialmente sus representantes de la Asamblea Nacional y los líderes políticos, deben caminar decididos y unidos al rescate de la democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las instancias democráticas. Que nadie espere que la Iglesia actúe con neutralidad equidistante entre dictadura y democracia. Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz y abierto que incluya todas las posiciones políticas democráticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería un suicidio para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta hora de definiciones y de renacer de una democracia social que supere la pobreza y la exclusión.

P. Luis Ugalde, sj

Director del Centro de Reflexión y de Planificación Educativa de los Jesuitas (Cerpe).

Publicado originalmente en la Revista SIC