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Paraguay: nueva ley de financiamiento a partidos y triunfo ciudadano

La promulgación el 18 de febrero de la ley que establecerá mayores controles a los fondos con que se financian las campañas político-electorales en Paraguay ha encendido una luz que parecía extinguida en este pequeño país del centro de Sudamérica: la de la lucha contra el crimen organizado.

Y es que el Paraguay es conocido por su tozudez: no en balde sobrevivió a una guerra feroz contra sus poderosos vecinos para no desaparecer de la faz del continente, luchando prácticamente con solo brazos, piernas y pura voluntad patriótica.

Esa misma fue la voluntad que llevó a una legisladora del partido opositor Patria Querida a no ceder ante la implacable mayoría de la Cámara de Diputados de la que forma parte y donde la oposición pierde en la cada votación prácticamente por el doble: 40-20.

Pero para Rocío Vallejo, exfiscal de delitos económicos, abogada penalista y sin experiencia política anterior, la voluntad de luchar contra el claro involucramiento de los fondos provenientes del narcotráfico en la clase política paraguaya, fue suficiente motivo para emprender una cruzada casi solitaria por la aprobación de un proyecto de ley que establezca la trazabilidad de los fondos a ser utilizados en las próximas campañas electorales paraguayas.

La primera llega ya este año; son elecciones municipales, donde se elegirán intendentes locales y concejalías en todo el país. En oportunidades anteriores ha sido vox populi el financiamiento narco a candidatos; por ejemplo, está probado en juicio que la persona que ordenó el asesinato del periodista del diario ABC Color Pablo Medina, en octubre del 2014, en Ypehu, departamento de Canindeyu —en la frontera con Brasil— es nada menos que el intendente local, Wilmar Neneco Acosta, involucrado con la protección de rutas narco y cuyos vínculos con el PCC brasileño y otros grupos había sido denunciada por el veterano periodista.

Tampoco es un secreto que en el Parlamento paraguayo existen grupos de diputados que coloquialmente son llamados miembros de la bancadita narco. O que una exdiputada del poderoso y mayoritario Partido Colorado, Cynthia Tarragó, espera hasta ahora en un penal de La Florida el juicio por tráfico, lavado de dinero y comercialización de sustancias prohibidas, luego de ser detenida en una operación encubierta al ingresar a los Estados Unidos.

Solo falta quien encienda la mecha para activar la posibilidad de que Paraguay y su clase política se encaminen a emular a otras sociedades donde se vivieron dolorosas experiencias luego de la infiltración del dinero sucio en la sociedad. La profunda debilidad de sus instituciones públicas, la impunidad en los casos de corrupción, la desigualdad social y la falta de apego a la ley son un perfecto caldo de cultivo para dejar al país presa del poder narco en la región.

Decía al inicio que el Paraguay es tozudo y no se deja vencer fácilmente. En tal espíritu la multibancada de partidos minoritarios trabajó con sectores interesados en el combate al crimen organizado y lavado de dinero. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Contraloría General, La Secretaría de Tributación, entre otras instituciones, colaboraron en la redacción de una ley para poner freno al enorme caudal de dinero sucio que se utiliza en cada contienda electoral.

El proyecto tiene básicamente cuatro puntos clave: establece que cada candidato informe de dónde obtiene los recursos para su campaña; se obliga a la autoridad electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a informar al inicio y al término de las campañas todos los gastos en los que hubieran incurrido los partidos y movimientos, y esta misma autoridad deberá disponer y coordinar las políticas de prevención de riesgos de lavado de dinero en las campañas electorales.

Con el férreo rechazo inicial de los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal Radical Auténtico, que argumentaban la inviabilidad de la ley, la excesiva burocratización de los procesos y algunos puntos más, los opositores sin embargo lograron una especie de pacto no oficial con los medios de comunicación y con las redes sociales, dejando en claro que aquellos que se oponen a que se conozca de dónde sale la plata que paga las campañas, es decir, la trazabilidad de los fondos, lo hacen precisamente porque están coludidos con el dinero sucio de cualquier origen. La ciudadanía entendió el mensaje y empezó la presión hacia los legisladores oficialistas primero y hacia el propio Gobierno, después, para apoyar la transparencia en las próximas campañas electorales.

La maniobra dio resultado. A un inicial rechazo total que dio la Cámara de Diputados —con el consabido 40 a 20 votos— el Senado hizo frente asumiendo el rol del padre que pone las cosas en su sitio: modificó el proyecto haciéndolo más viable y menos burocrático y, finalmente con acompañamiento oficialista, fue aprobado en general.

Según fuentes de las bases partidarias, también contribuyó de manera importante que los líderes de base se dieron cuenta de que sería imposible para ellos, caudillos tradicionales y en general de origen en el funcionariado público, competir con la enorme cantidad de dinero que pueden poner los espónsores del crimen organizado. De alguna manera, la ley les da una mano y los hace permanecer competitivos, al poner trabas al dinero sucio e imponer reglas de juego claras para todos.

La ley fue promulgada y estará vigente en las próximas elecciones, encendiendo una pequeña luz de esperanza para los ciudadanos que no quieren ver al país convertido en una presa más de los poderes fácticos que en muchos países han traído no solo sangre y dolor a los ciudadanos, sino, en muchos casos, la mismísima muerte de las instituciones del Estado.

 

 

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