Patricio Navia: El financiamiento de la campaña del plebiscito

Como si las autoridades políticas quisieran mostrar evidencia adicional del pésimo diseño institucional que tiene el proceso constituyente que se inicia con el plebiscito de octubre, el debate sobre la regulación del gasto en campaña para las opciones Apruebo y Rechazo vuelve a poner en el tapete que, incluso cuando las ideas tienen mérito, si están mal diseñada, difícilmente producirán buenos resultados. Cada día más, el proceso constituyente muestra que tiene las mismas fallas de diseño del Transantiago.

En el debate que se está dando en el Senado para regular el gasto para la campaña que se inicia la próxima semana, los legisladores están discutiendo a contra reloj algunas ideas para poner tope a lo que temen pudieran ser gastos desmedidos. Para ello, algunos parlamentarios han sugerido poner un tope al gasto en el que cada partido puede incurrir, independientemente de si está por el Apruebo o por el Rechazo —o, en el curioso caso de RN, por ambos.

Limitar el gasto en campaña tiene sentido. Después de todo, los procesos electorales debieran garantizar la igualdad de condiciones y la igualdad en el peso del voto. Pero, a diferencia de lo que ocurre en elecciones donde el límite al gasto se aplica al candidato, resulta imposible aplicar el límite a las opciones Apruebo o Rechazo. Después de todo, cualquier persona pudiera querer armar su propia campaña a favor de su opción favorita. Coordinar el gasto de todas las personas que están por una u otra opción resulta imposible. Si yo compro una página en el periódico o mando a hacer 1 millón de chapitas para promover mi opción, no corresponde imputar eso a lo que hagan las campañas organizadas por ambas opciones.

De ahí que los senadores han propuesto establecer límites de gasto a los partidos, organizaciones y personas que participen activamente en la campaña. Para los partidos, se ha propuesto un límite de $2.100.000.000 por entidad política. Lamentablemente, no se ha tomado en cuenta el peso relativo de cada partido. En las elecciones legislativas de 2017, hubo 16 partidos que ganaron escaños en la Cámara de Diputados. De ellos, 3 eran parte de la coalición derechista Chile Vamos—que en conjunto sumaron 72 escaños. Al ser mucho más fragmentada, la centroizquierda, con sus 13 partidos, sumó 82 escaños. Además, un independiente fuera de pacto logró un escaño. Con esta lógica, los 13 partidos que están a favor del Apruebo podrán gastar hasta $27.300 millones, mientras que los 3 partidos de derecha (suponiendo que RN decide gastar todos sus recursos en la campana del Rechazo), podrán gastar 4 veces menos. La violación al principio de igualdad no puede ser más flagrante.

Implementar límites de gasto a lo que puedan hacer organizaciones de la sociedad civil o personas naturales es simplemente un proyecto imposible de materializar. Aunque se establezcan límites, será imposible fiscalizar el gasto que individualmente puedan hacer cualquiera de los 14 millones de personas habilitadas para votar o las decenas de miles de entidades de la sociedad civil formales e informales que existen en el país. Luego, esa regulación será solo una legislación para la galería que tendrá nulo impacto en el gasto en campaña.

Por cierto, esta aparente preocupación por el peso del voto resulta contradictoria con la poca preocupación que ha tenido el Congreso para garantizar el principio de una persona, un voto. Ya que los miembros de la Convención Constituyente se escogerán con el mismo sistema que existe para elegir la Cámara de Diputados, se reproducirán las mismas fallas de diseño en la composición de la Convención Constituyente. El distrito 8 de la Región Metropolitana, que incluye las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Colina, Lampa, Quilicura y Til Til escogerá 8 miembros, por lo que cada escaño representará a 182 mil habitantes. En cambio, el Distrito 4, compuesto por Copiapó y todas las comunas de la Región De Atacama, escogerá 5 escaños, por lo que cada uno representará a 57 mil habitantes. Esta marcada desproporcionalidad en la representación se reproduce a lo largo del país. Si el Congreso realmente estuviera preocupado de garantizar el mismo peso al voto de todas las personas, debería partir por corregir esa falencia.

La evidencia de que el diseño del proceso constituyente es deficiente se viene acumulando desde el mismo día en que se alcanzó el acuerdo para la Paz Social (sic) y la Nueva Constitución. Ahora se suman fallas adicionales. El apuro para intentar legislar asuntos complejos al filo de la hora a sabiendas que no van a poder ser implementados augura un mal pronóstico para el resultado del proceso constituyente. De igual forma, la evidente negligencia del Congreso para abordar el problema esencial de que el sistema electoral vigente no garantiza el principio de una persona, un voto, introduce una incuestionable ilegitimidad de origen en el proceso constituyente.