Penosa política

Hay palabras que se «ensucian» o se «encumbran» según su uso. Esto ocurre con la palabra ‘política’. Debería ser una palabra honorable: gobernar la sociedad, gestionar lo público, lograr el bien común, hacer posible lo imposible, estar al servicio de la gente. Desgraciadamente, el interés particular de una persona, una ideología o un partido han manchado la política.

En el barómetro del CIS de enero de 2023 y, con todas las prevenciones sobre un estudio que otorga al PSOE los mejores resultados en contra del resto de las encuestas publicadas, se pregunta ¿cuál es el principal problema que existe actualmente en España? Después de «la crisis económica» (19,9); «los problemas políticos en general» ocupan la segunda posición como primer problema (15,2 por ciento) pero, si computamos los otros problemas relacionados con la política: «El mal comportamiento de los/as políticos/as»; «el Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as»; «lo que hacen los partidos políticos»; «la corrupción y el fraude»; «situación e inestabilidad política»; «el funcionamiento de la democracia» y «la falta de confianza en los/las políticos/as y las instituciones» el porcentaje llega hasta el 42,3 por ciento. La política es el primero de los problemas, por encima de los problemas económicos (33,6 por ciento). En España nos inquieta la política porque está funcionando mal. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran que la política es el principal problema. Y esto es grave, cuando además la política ha contaminado al resto de los poderes e instituciones que deben mantener el equilibrio del poder. Los políticos están más preocupados por ganar las próximas elecciones que por gestionar correctamente lo público. Para ello no dudan en introducirse en los contrapoderes tradicionales: el poder judicial y los medios de comunicación.

En la Justicia, tanto la ordinaria, como la constitucional, nombrando a sus peones. Resulta escandaloso escuchar a un político del partido del Gobierno argumentar que, si hay mayoría en el Congreso, lo normal es que esa mayoría se traslade a otros órganos públicos e instituciones: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencia Española de Protección de Datos, RTVE… incluso alardeando de generosidad cuando su partido cede algún puesto a partidos con menor representación como Unidas Podemos. Este asunto de las cuotas políticas para los fieles a costa de personas independientes, con mérito y capacidad, merecería una reflexión más profunda.

La política contamina la comunicación mediante el dinero y los fieles que gestionan quién aparece en los medios y cómo, con una estrategia de comunicación diseñada por carísimos consultores que según convenga incita al enfrentamiento o ignora al rival, que coloca en portadas asuntos nimios que tapan informaciones trascendentes, que consigue que los ministros ocupen minutos y minutos de telediario, que se desilusione sobre los rivales a los que tachan de extremistas o de lo que sea. Se reiteran mensajes como que la oposición incumple la constitución porque hay retraso en la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, ¿saben ustedes que hay una plaza en el constitucional que está vacante y que el Senado debería de nombrar a un nuevo magistrado desde hace meses? Como en teoría esa plaza le correspondía proponerla al PP, pues no se nombra. ¿Quién incumple la Constitución?

Ya nos estamos acostumbrado a la ocupación del Estado por parte de la política. La victoria electoral tiene no solo réditos económicos y control de las cuentas públicas. Hay otro botín electoral: los puestos a ocupar por los fieles y afiliados, como cargos y asesores o la promoción de los «nuestros» en las administraciones. Se ha dado el caso que esos cargos de confianza (enchufados) contribuyen a las arcas del partido gracias a sus donaciones que salen de sus salarios públicos. No llegaremos a la situación de los cesantes del siglo XIX, que Benito Pérez Galdós nos cita en sus Episodios Nacionales y narra más detenidamente en Miau. Personajes que cesaban en su cargo público al cambiar el partido en el Gobierno. Lo cierto es que hay un grupo de personas que ligan su destino social y económico a un partido político. Ya no digamos de aquellos amigos del presidente de Gobierno que son colocados como altos cargos en empresas públicas y privadas que manejan recursos financieros y humanos muy importantes, digamos Correos, Renfe, Paradores Nacionales, Enresa, SEPI, Tragsa, Turespaña, Navantia, Enusa, REE, OCDE… Alguien podría exagerar diciendo que «son capaces de matar por no perder su estatus». Desde esos puestos se crean hooligans, fieles, no por convicción o por reflexión, sino por estómago. Y las ubres públicas son muy abundantes para pagar a los propios y para comprar voluntades, a veces de forma directa, otras por vericuetos inconfesables.

Los partidos políticos deberían ser los mediadores entre la sociedad y las instituciones estatales, autonómicas o locales, pero no es así. El proceso es el inverso: un partido político ocupa una institución pública y, desde ella, realiza actividades normativas, ejecutivas y comunicativas cuyo objetivo es crear una opinión pública favorable al propio partido. La sociedad no es la fuente de inspiración de la política, es el objetivo por conquistar.

Y lo peor de todo esto es que cuando la gente mira a la oposición musita: son políticos, más de lo mismo. Esto ocurre porque la desconfianza ha anidado en los españoles. Recuerden, cuatro de cada diez considera que el primer problema de España se encuentra en la política. Es una pena que pensemos que la política sea penosa. No debería serlo, debemos reivindicar la gestión de aquellos que tienen mejores méritos y capacidad. Y «haberlos, los hay».