Periodistas de radios comunitarias decidieron autocensurarse para evitar represalias en el régimen de Bukele
Los periodistas comunitarios también temen que la SIGET sea utilizada en contra de las radios que no están alineadas al Gobierno de Nayib Bukele. La mayoría de las radios comunitarias están funcionando al mínimo, porque sus presupuestos son tan escasos que el personal ha sido diezmado y por eso insisten en que el pastel de la pauta publicitaria del gobierno sea equitativo.
Los reporteros y colaboradores de 17 radios comunitarias de El Salvador tuvieron que replantearse cómo hacer su trabajo desde que el régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de marzo de 2022, como estrategia de seguridad para combatir a las pandillas. A pesar de no tener antecedentes criminales ni estar involucrados con pandilleros, los periodistas comunitarios aseguraron a esta revista que sintieron temor de ser capturados por el simple hecho de trabajar o colaborar en medios de comunicación que no están alineados al Gobierno de Nayib Bukele. Algunos dejaron de ir —por un tiempo— a las comunidades donde hacían entrevistas e investigaban denuncias ambientales, mientras que otros decidieron autocensurarse para evitar represalias.
El régimen de excepción también provocó la autocensura de líderes comunitarios, representantes de pueblos originarios y ciudadanos que veían estas emisoras como un aliado para ejercer su libertad de expresión. Por si eso fuera poco, la situación económica de estas radios es cada vez peor desde la pandemia por COVID-19, cuando perdieron pauta publicitaria de negocios locales que hasta la fecha no han logrado recuperarse.
Estas 17 emisoras están distribuidas en diferentes puntos del interior del país y transmiten a través del 92.1 FM, que es la única frecuencia asignada a las radios comunitarias en la historia salvadoreña. Todas están organizadas bajo la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que en realidad aglutina a 20 radios, pero tres han dejado de transmitir por problemas técnicos o por procesos legales pendientes con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Entre esas radios también está Mangle, que transmite a través del 106.1 FM en la zona del Bajo Lempa, pero que no pudo estar en la misma frecuencia del 92.1 FM porque las fragmentaciones ya estaban agotadas cuando el medio nació; lo que además es una evidencia de que una única frecuencia es insuficiente para todos los proyectos comunitarios que emergen.
Breve historia de las radios comunitarias
Las radios comunitarias en El Salvador comenzaron a surgir, como las conocemos hoy, después del conflicto armado interno que ocurrió entre 1980 y 1992. No es que nacieran hasta la década de 1990, pero fue hasta esa época cuando finalmente pudieron comenzar a salir de la clandestinidad y emprender su lucha para formalizarse legalmente sin temor a la represión. En 1994 fue creada ARPAS y desde entonces buscó el reconocimiento de las radios comunitarias en el país, hasta que lo logró en 2016, cuando se hizo una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y se les reconoció legalmente por primera vez en la historia. Estas radios han dado voz a las comunidades, principalmente del interior del país, y han acompañado denuncias ambientales y exigencia de justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Una de las 17 emisoras comunitarias que se mantiene al aire es Radio Victoria, ubicada en Cabañas, en la zona central del país. Su director, Óscar Beltrán, explicó a GatoEncerrado que con su equipo llegó a la conclusión de que los reporteros y colaboradores corrían el riesgo de ser capturados arbitrariamente en medio del régimen de excepción si seguían yendo, con la misma frecuencia, a las comunidades de Ciudad Victoria, Ilobasco, Santa Marta o Sensuntepeque.
“Las radios comunitarias, por lo general, se caracterizan por el contacto directo con las comunidades. Por eso, con las restricciones a la libre circulación que impuso el régimen en algunas zonas, las radios han perdido parte de ese contacto. Nuestro personal tenía el temor de que en el trayecto de la radio a las comunidades o de regreso, algún militar o un policía los capturara arbitrariamente y los acusara falsamente de pertenecer a pandillas o dijeran que son delincuentes”, comentó Beltrán.
En varias ocasiones, sus jóvenes reporteros fueron registrados por militares o policías mientras regresaban a la radio desde alguna comunidad. En esos puntos de control, el caso más preocupante es el de uno de sus periodistas que fue retenido por más de una hora bajo el sol, sin camisa y con las manos arriba. Durante ese tiempo, los policías lo acosaron por haberle encontrado un tatuaje artístico con el nombre de su hija. Cuando revisaron su Documento Único de Identidad (DUI), también lo cuestionaron porque su vivienda no está ubicada en las comunidades que visitó ese día. Le preguntaron varias veces: “¿Qué andaba haciendo en la zona?”, como si se tratara de un tenso interrogatorio policiaco en contra de un criminal.
“A partir de eso, una de las medidas que empezamos a tomar fue bajar un poco la movilización hacia las comunidades para evitar la captura injustificada de un periodista o algún colaborador de la radio, aunque no estuvieran involucrados con las pandillas. El temor está fundamentado en que el Ejército y la Policía Nacional Civil tienen un criterio arbitrario para detener a las personas en el régimen. Simplemente te pueden detener si al militar no le convence tu explicación de que andas haciendo tu trabajo (como periodista) en las comunidades”, arguyó Beltrán.
Manuel Rodríguez, director de la Radio Tehuacán en Tecoluca, San Vicente, contó a esta revista que sus reporteros también han enfrentado situaciones similares a las del equipo de Radio Victoria. Les ocurrió que los militares y policías los acosaron mientras reportaban sobre las denuncias de desplazamiento forzado que hicieron las comunidades de los alrededores de la nueva mega prisión que fue construida en el municipio. Lo mismo les sucedió cuando fueron a investigar casos de agricultores que han sido desplazados de sus tierras fértiles por empresarios que desarrollan proyectos turísticos. Asimismo, fueron hostigados cuando reportaban sobre calles en mal estado y que las autoridades no han arreglado o cuando indagaron sobre las afectaciones a la salud de las mujeres y niños que conviven en zonas de ríos contaminados y botaderos de basura a cielo abierto.
“Cuando nos ven o nos encuentran en las calles, mientras estamos haciendo entrevistas o cubriendo algún evento, los militares y policías nos preguntan qué andamos haciendo en esos lugares. Nos preguntan qué estamos grabando e incluso nos han querido borrar videos y fotografías. Nos piden nuestros celulares y los revisan y los quieren decomisar. Todo eso afecta nuestro trabajo, afecta el periodismo que hacemos y hemos tenido que tomar medidas para evitar salir demasiado y estar expuestos”, detalló.
Rodríguez señaló que los militares y policías nunca han sido aliados de la radio, pero que antes del régimen de excepción no acosaban con la misma intensidad que ahora.
“En este régimen de excepción hemos tenido bastantes limitantes para hacer periodismo. ¿El por qué? Porque de una u otra manera el que está haciendo periodismo comunitario está siendo perseguido por el Estado. Este régimen también está hecho para eso, verdad, para meter miedo y perseguir a las personas que están denunciando las cosas que están mal”, opinó Rodríguez.
Autocensura de los periodistas
A pesar de la medida que han tomado para no exponer a sus reporteros en las calles, la Radio Victoria no ha dejado de señalar y denunciar las injusticias, las violaciones a derechos humanos, los delitos ambientales que se cometen en su zona de cobertura y las intenciones que empresarios transnacionales tienen de reactivar la minería metálica que fue prohibida en el país desde 2017. Pero eso sí, en la radio han decidido que en tiempos de régimen lo mejor es cuidar el tono y el lenguaje con el que se dicen las cosas a través de los micrófonos.
“Tenemos un poco de temor de decir al aire frases que sean muy confrontativas o que las denuncias que hacemos desde la radio puedan tener implicaciones o consecuencias. Estamos conscientes de que nos están monitoreando y en cualquier momento esto puede tener implicaciones para nuestros colaboradores y compañeros que se movilizan a las comunidades”, lamentó Beltrán.
En Radio Bálsamo, ubicada en el departamento de La Libertad, han tenido la misma discusión sobre cómo hablar ante los micrófonos para evitar persecución de parte de las autoridades. Su directora, Lilian Vega, explicó a esta revista que debido al régimen de excepción han decidido aplicar una política de cuidar el lenguaje.
“En el régimen somos cuidadosos con el relato. Es decir, tenemos precauciones con las palabras que se utilizan para hablar sobre los hechos. Sin duda no hay una política diferente de cómo abordar noticias; pero, insisto, sí hay una política de cuidar el lenguaje y tener medidas de precaución también. O sea, estamos en un tema de seguridad digital y seguridad física y de implementar protocolos porque creemos que es necesario”, expuso Vega.
El director de una radio ubicada en la zona costera del país, quien pidió no revelar su nombre en este reportaje, aseguró que los periodistas de su equipo han tenido que autocensurarse porque no confían en la justicia salvadoreña y no tienen un abogado de planta que pueda ayudarlos en procesos legales. Además, una de las cosas que más les preocupa es que desde la implementación del régimen han visto que una patrulla de policías ronda por la radio, como si estuvieran vigilando a los reporteros. Algunas veces, los mismos policías han pasado por el lugar en vehículos particulares, observando al personal de la emisora.
“Sin duda, hemos tenido que replantearnos las coberturas en las comunidades. En este caso, cuando los vecinos nos piden ayuda para denunciar que han capturado a alguien (arbitrariamente), hemos tenido que abstenernos. Creemos que se puede vulnerar a uno de nuestros periodistas, capturándolo, si se habla al aire de las capturas arbitrarias. Nosotros no contamos con los recursos para apoyar jurídicamente a un periodista si es capturado”, afirmó.
Para William Carballo, docente e investigador en temas de medios de comunicación de la Escuela Mónica Herrera, esta práctica de las radios comunitarias de “cambiar el lenguaje y tono”, e incluso de “abstenerse” de hacer denuncias públicas a través de los micrófonos, puede considerarse como autocensura promovida indirectamente por el régimen de excepción y la forma autoritaria de gobernar de Nayib Bukele.
“Cuando un periodista o medio de comunicación de cualquier tipo se cohíbe de publicar una información o suaviza su lenguaje o tono para evitar exponerse a posibles reprimendas o para evitar confrontación, sí se le puede considerar autocensura (…) Si el profesional del periodismo deja conscientemente de publicar una información o cuida, se contiene o suaviza su lenguaje para evitar recibir algún tipo de sanción legal y administrativa o escarnio público, está autocensurándose”, explicó Carballo a GatoEncerrado.
El especialista aclaró que este fenómeno, en realidad y desde un punto de vista más general, no es nuevo en El Salvador. Históricamente han ocurrido situaciones diferentes a las de un régimen de excepción que han tenido el mismo efecto de promover la autocensura en periodistas y medios de comunicación que no están alineados a los gobiernos de turno. Incluso, en el interior de los medios tradicionales también ha existido la autocensura cuando los trabajadores prefieren guardar silencio para evitar confrontaciones con sus jefes en asuntos políticos o en reportajes que pueden llegar a cuestionar los intereses de los mismos medios o sus aliados.
“Ya en 2014, un estudio liderado por Fundación Comunicándonos reveló que, en ese entonces, casi la mitad de los periodistas salvadoreños reconocía que se autocensuraba. Aunque no tengo datos actuales al respecto, cabe la posibilidad de que ese número sea más alto en la actualidad, en especial, debido a que hoy es más común que existan prácticas como la desacreditación o la estigmatización en redes sociales a las que se exponen quienes publican en esas mismas redes o en medios de comunicación”, estimó Carballo.
Amparo Marroquín, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCA, agregó que si bien es cierto que la decisión de cambiar el “lenguaje y tono” es autocensura en cualquier país democrático, en regímenes autoritarios hay que analizar que también se convierte en una necesidad para sobrevivir como medio de comunicación.
“En un contexto democrático pienso que cambiar tono y lenguaje para abordar denuncias ambientales o de violaciones a los derechos humanos es, evidentemente, autocensura. En este contexto, no creo que llamarlo autocensura sea útil para entender lo que vivimos. Considero que estamos en un régimen que ya no es democrático, puesto que no se respetan los procesos legales instituidos y porque están suspendidas varias garantías constitucionales. Esto me hace pensar que cambiar el tono y el lenguaje es una estrategia de resistencia que permitirá que las radios sigan cumpliendo una labor que es muy necesaria, justamente en un tiempo en que la democracia, entendida como un ejercicio de contrapesos y como una defensa a las opiniones contrarias, se ha debilitado tanto”, observó Marroquín.
La jefa de prensa de una de estas 17 radios comunitarias, quien también pidió anonimato y que no se revele el nombre de su emisora en este reportaje, admitió abiertamente que su equipo de reporteros decidió autocensurarse con el objetivo de sobrevivir como medio. Explicó que su decisión fue únicamente para evitar que la alcaldía —que en ese municipio es dirigida por el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele— les quite el inmueble donde están instalados. Detalló que la oficina que utilizan para su cabina y estudio de grabación no es propia, sino que fue entregada por la municipalidad en concepto de comodato. El temor de su equipo de periodistas es que el ayuntamiento los desaloje por su línea editorial crítica en contra de las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción.
“Lamentablemente la radio está funcionando en un comodato de la alcaldía que es de Nuevas Ideas. Han intentado ver de qué manera recuperan ese inmueble, pero como es un comodato, les implicaría un gran movimiento. Han intentado intimidarme, pero como ven que la radio tiene mucha respuesta de la población, se han detenido. Las indicaciones de los directivos de la radio es que me abstenga o evite dar declaraciones o tocar temas que señalan directamente al gobierno, tanto central como local, para evitarnos problemas. Porque si nos sacan de acá, no tenemos para dónde ir”, dijo la jefa de prensa.
Aseguró que la autocensura traspasa lo que reporteros comunitarios dicen al aire a través de los micrófonos de la radio. También es una decisión que afecta su libertad de expresión en sus redes sociales personales.
“Me he autocensurado en muchas cosas, incluso en publicaciones en redes sociales. Y en la radio, prácticamente estamos solo educando, informando y entreteniendo, pero no siendo críticos”, lamentó.
El director de Radio Tehucacán explicó que enfrenta el mismo problema y temor a ser desalojado. Su emisora está instalada en la mitad de un inmueble que fue entregado por la alcaldía de Tecoluca en concepto de comodato, hace más de diez años.
Una de las experiencias más recientes, en las que se avivó el temor a ser desalojados, ocurrió en julio de 2022 cuando la Radio Tehucacán publicó, en conjunto con GatoEncerrado, una verificación sobre un anuncio engañoso que hizo el alcalde del municipio, Nicolás García, acerca de empresarios que supuestamente querían instalarse en el lugar y ofrecer más de 600 empleos a los jóvenes de Tecoluca. Lo que el funcionario no dijo es que esos empresarios querían comprar el tiangue —mercado de compra y venta de ganado— a la alcaldía. Si eso ocurría, la población se quedaría sin un lugar público para comercializar sus animales. Cuando los concejales quisieron saber quiénes eran estos empresarios que el alcalde mencionó en su anuncio, para qué querían comprar el tiangue y cuál era su rubro comercial, el edil no ofreció detalles y prefirió mantener en privado las pláticas con los inversores.
Cuando esa verificación se publicó y reveló el trasfondo del anuncio, funcionarios de la alcaldía intentaron desprestigiar a los periodistas de la radio a través de las redes sociales. Luego, de forma anónima, los reporteros fueron advertidos de que en la alcaldía se iba a promover el desalojo de la radio y ocupar el local para otros fines.
“El alcalde y la gente del partido de Nuevas Ideas en el municipio nos amenazaron con que nos iban a demandar solo porque hicimos esa nota para demostrar la desinformación que estaba haciendo el alcalde de Tecoluca. Nosotros solo hicimos periodismo (…) Para esta gente, nosotros estaríamos bien si cerramos los micrófonos a la gente y no decimos nada sobre las denuncias y problemáticas de las comunidades. Solo así no tendríamos problemas con esta gente que está en el poder. Pero el detalle es que nuestro trabajo es acompañar a las comunidades, a los líderes comunales, hacer eco de sus denuncias”, aseguró Rodríguez, director de la radio.
Autocensura de los ciudadanos
Una de las cosas que también ha notado Rodríguez es que desde la implementación del régimen de excepción, los líderes comunitarios y ciudadanos han decidido que lo mejor para no exponerse a capturas arbitrarias es evitar hacer denuncias a través de las radios comunitarias. En otras palabras, el régimen ha provocado la autocensura de los ciudadanos en el interior del país.
“La gente ha dejado de acercarse a las radios. En las comunidades tienen un gran temor de denunciar, como también lo tenemos los periodistas de las radios comunitarias. La gente siente miedo de denunciar una problemática ambiental o de derechos humanos, aunque no tenga ninguna relación con el régimen. Antes, nosotros siempre prestábamos los micrófonos para que la gente se presentara y pudiera hacer públicas sus denuncias, utilizando su viva voz, con su nombre y apellido y detallando de qué comunidad venían. Esto hoy no está pasando. Hoy vienen, pero solo dejan notas o información sobre problemáticas de sus comunidades para que nosotros la difundamos con nuestra propia voz, sin mencionar quiénes fueron los ciudadanos que nos dieron la información, porque tienen miedo de que puedan ser capturados”, expuso Rodríguez.
El director de la Radio Victoria coincide con Rodríguez y asegura que ha notado el mismo miedo en las comunidades que cubre: “La gente comenzó a tener temor de participar en la radio y de hacer sus denuncias. Nos decían que tenían temor de que las autoridades pudieran reconocer su voz al aire y que luego de las denuncias podían ir a buscarlos para detenerlos”.
El presidente de ARPAS, René Coto, igualmente lamentó que el régimen de excepción incidió en fuentes especializadas que piden a los reporteros, constantemente, que no los citen con nombre y apellido por temor a las autoridades.
“En el régimen hemos visto que hasta las fuentes no oficiales también son de difícil acceso. Pero en su caso es porque tienen temor. Los profesionales en algunos temas nos dan declaraciones pero no autorizan a publicarlas, porque les da temor y piden que su declaración sea manejada de forma anónima. Pero ahí ya se altera el método periodístico, porque no se puede citar a la fuente y es lo que ha tocado muchas veces, por el temor de las fuentes a contradecir la verdad oficial. Eso es lo que el régimen de excepción ha provocado”, advirtió Coto.
En medio de esta situación de autocensura de las fuentes especializadas y líderes comunitarios, los directores de Radio Victoria y Tehucacán aseguraron a esta revista que les llena de esperanza ver que algunos ciudadanos han comenzado, aunque todavía de forma tímida, a acercarse nuevamente a las radios para hacer sus denuncias.
“Últimamente vemos cómo la gente ha empezado a darse cuenta de que ya no puede seguir tolerando todo, así que han buscado las maneras de denunciar a través de la radio. Pero todavía no lo hacen como antes, cuando la gente era muy categórica. Todavía piden anonimato. Pero es un avance que hayan empezado a denunciar de nuevo”, celebró Óscar Beltrán, de Radio Victoria.
Las radios escuelas en pausa por el régimen
El régimen de excepción también obligó a que algunas radios hicieran una pausa en sus programas de formación de jóvenes. Diferentes directores comentaron a esta revista que sus radios encontraban personas talentosas y apoyo entre los jóvenes que llegaban para hacer voluntariado, a quienes se les capacitaba para que aprendieran a hablar en los micrófonos, a manejar el equipo, escribir guiones y cubrir noticias. Todo eso tuvo que paralizarse porque en las radios tenían el temor de que los jóvenes fueran capturados arbitrariamente mientras se desplazaban de sus comunidades hacia las radios. Algunos padres de estos jóvenes, bajo el mismo temor, también decidieron que sus hijos tenían que abandonar las radios para evitar el constante acoso de los policías y militares en las calles.
El presidente de ARPAS comentó a GatoEncerrado que esta pausa de los programas de formación afectó el funcionamiento de las radios que, en cierta manera, dependía de los jóvenes voluntarios para actividades específicas. De acuerdo con Coto, las radios comunitarias son medios sin fines de lucro, muy pequeños y con recursos limitados que necesitan de voluntarios para cubrir parte de sus necesidades. La relación entre las radios y los jóvenes voluntarios está basada en la filosofía de “ganar – ganar”: Gana la radio por el voluntariado y ganan los jóvenes con capacitaciones y la experiencia que adquieren.
“Muchas radios comunitarias son una especie de escuela. Casi en todas hay jóvenes que a través de su trabajo voluntario se han motivado para iniciar una carrera en comunicaciones. Muchísimos jóvenes se han acercado a la radio a través de articulaciones con organizaciones locales, pues de repente los jóvenes tienen un programa, se les da el espacio y empiezan a motivarse y terminan graduándose de comunicaciones. Pero eso cambió con el régimen de excepción, los jóvenes dejaron de ir a las radios porque no querían ser parte de las personas que han sido capturadas de forma injustificada o sus familias no los dejaron volver a las radios porque veían que participar en la radio y denunciar ya era suficiente para que en el trayecto de la radio a la casa los pudieran detener en el régimen. Eso, por supuesto, ha impactado el trabajo comunitario de las radios”, comentó Coto.
La censura que impone el Gobierno de Bukele
Además de la autocensura, las radios comunitarias —así como todos los medios de comunicación en general en El Salvador— enfrentan la censura que impone el Gobierno de Bukele. La única diferencia es que las emisoras comunitarias lo afrontan con más dificultades por estar ubicadas en el interior del país, donde encuentran más obstáculos para conseguir información oficial.
Una forma de censura que enfrentan todos los medios, y principalmente las radios comunitarias, es la centralización de la información. Desde que Bukele llegó al poder, los ministerios, las autónomas e incluso las alcaldías gobernadas por el partido oficialista —Nuevas Ideas— tienen como regla no responder ninguna pregunta ni entregar información a periodistas sin la autorización explícita de la Secretaría de Prensa de Presidencia. En otras palabras, la Casa Presidencial es la única que tiene potestad para decidir si un reportero puede tener acceso a un funcionario para entrevistarlo o si puede obtener datos e informes oficiales.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo —quien también trabajó en medios comunitarios a través de ARPAS—, dijo a esta revista que la concentración de poder y la centralización de la información bajo el régimen de Bukele no solo dificulta la libertad de prensa de los periodistas que trabajan en medios comunitarios, hiperlocales o digitales, sino que también es una violación al derecho de los ciudadanos a estar informados.
“Muchos periodistas locales quieren entrevistar a un director de una Unidad de Salud de un municipio, pero la respuesta es: ‘Yo no le puedo dar declaraciones, tiene que hablar a Casa Presidencial’. ¿Se imaginan lo que implica que desde una comunidad de allá, por el oriente del país, un reportero local tenga que contactar a la Secretaría de Prensa de la Presidencia en San Salvador? Entonces esa centralización de la información lógicamente también afecta el derecho de los periodistas a tener acceso a la información y a brindar información oportuna a la ciudadanía. Luego tenemos el tema de acceso a la información pública, con las famosas OIR (Oficinas de Información y Respuesta) que prácticamente están al mínimo de su expresión. Antes (de Bukele) no siempre respondían, pero ahora el escenario es mucho más complejo. Parecería que actualmente las OIR se han vuelto oficinas para bloquear la información”, señaló Cárcamo.
Coto, de ARPAS, concordó con Cárcamo y agregó que actualmente en las radios comunitarias es complicado profundizar y hacer periodismo de investigación porque las fuentes de información están cerradas.
“Hay elementos o situaciones que limitan el ejercicio de prensa y el acceso a la información. Esto ha obligado a modificar la forma de hacer radio, sobre todo en la parte periodística, porque hay varias situaciones que nos están afectando. En los municipios, los alcaldes son de difícil acceso para temas y espacios de profundidad. Los medios comunitarios dan cobertura a eventos, hacen entrevistas, pero cuando uno busca realizar una cobertura de profundidad a los temas, no hay acceso. Incluso sabemos que diferentes carteras de Estado tienen restricciones en cuanto a brindar declaraciones”, dijo Coto, quien también ha sido directivo de la Radio Tazumal, ubicada en el municipio de Chalchuapa, en el departamento occidental de Santa Ana.
Coto apuntó que bajo la administración Bukele, la información está tan restringida que ni siquiera se pueden obtener datos estadísticos básicos. Antes estaban al alcance de cualquier computadora con internet, desde donde se podían buscar algunos datos en los portales de transparencia o a través de una petición de información en las oficinas de acceso en las instituciones públicas.
“Por ejemplo, nosotros quisimos saber cuánta población vacunada hay en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, pero no están disponibles esos datos y si los queremos hay que dirigirnos hasta el nivel central, en el gobierno central. Entonces el acceso a las fuentes oficiales es sumamente complicado, si no es lo que lo que ellos quieren decir no hay acceso. O sea, uno no puede preguntar lo que lo que ellos no quieren contestar”, comentó Coto, para ilustrar los bloqueos que enfrentan los reporteros comunitarios.
Vega, la directora de Radio Bálsamo, agregó que uno de los grandes desafíos que tiene su equipo de periodistas es “buscar la verdad en un espacio en donde hay poca transparencia, está todo oscuro y en donde los mismos funcionarios a veces se encargan de decir cosas que no son veraces y a veces dicen una parte y omiten otra”.
¿Es la SIGET un instrumento de censura?
Más allá del régimen de excepción, otra de las preocupaciones que tienen los directivos de las radios comunitarias es sobrevivir a los requisitos y procesos legales y técnicos que impone la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). El presidente de ARPAS señaló que existe el temor de que la SIGET sea “instrumentalizada” por el Gobierno de Bukele para cancelar la concesión de frecuencia a algunas de las emisoras.
“Nuestro mayor riesgo es la utilización de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones para afectar las concesiones de aquellos medios que no tengan un discurso acorde al Ejecutivo”, advirtió.
Coto explicó que, a pesar de que ARPAS es la que gestionó la frecuencia 92.1 FM y en teoría es la institución que debería de realizar el proceso para renovar la concesión por otros 20 años a escala nacional, la SIGET ha pedido que las radios comunitarias tramiten individualmente la concesión, como si se tratara de diferentes medios de comunicación que no están organizados bajo la misma asociación que fragmenta la frecuencia.
“En el año 1997 se dio una concesión de 20 años a las radios comunitarias. En 2017 se venció ese plazo y ahí empezaba el proceso para poder renovar la concesión por otros 20 años. Una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluso, decía que las renovaciones eran casi de forma automática (…) La Sala dijo que se renovaran, pero hasta este momento, casi seis años después, nosotros todavía tenemos nueve renovaciones pendientes. Y hemos consultado, pero resulta que la ley no establece plazos”, detalló.
El presidente de ARPAS añadió que esta situación los deja en un limbo jurídico y en riesgo de que la concesión sea retirada de algunas radios en cualquier momento. De hecho, tres de las radios ya tuvieron que cerrar. La primera fue Radio Fonseca, en La Unión, al oriente del país, donde llegó una notificación de la SIGET en 2021 para que cesara inmediatamente las transmisiones, bajo el argumento de que no tenía autorización.
“Si no se acataba esa orden, se ofrecía una multa de $452 mil. Así decía la notificación, que se ofrecía la multa”, recordó Coto, quien aclaró que luego de dos años, la Radio Fonseca ha vuelto a estar al aire.
Las otras dos radios son Copinula, en el municipio de Guaymango; y Radio La Voz de Mi Gente, en Tacuba. Ambas del departamento de Ahuachapán, en el occidente del país. De igual manera que en el caso de Fonseca, les llegó una notificación para que dejaran de transmitir, sino se exponían a una multa de casi medio millón de dólares.
“El caso de Radio La Voz de Mi Gente fue un ejercicio interesante de participación ciudadana, porque teníamos grupos locales de jóvenes que montaban bocinas y tenían su radio en circuito cerrado por una o dos horas al día. La UNESCO nos donó una unidad de radio móvil y nosotros decidimos apoyar a esos jóvenes para que transmitieran a través de nuestra frecuencia 92.1 FM. No hay nadie que se queje de la utilización de nuestra frecuencia en Tacuba, no interferimos a nadie. Así que los jóvenes podían transmitir desde las comunidades en el 92.1 FM, un día en una comunidad y otro día en otra. Luego, por razones de violencia y porque uno de estos jóvenes fue asesinado, pensamos en mover la radio itinerante a ser una radio más permanente en el casco urbano de Tacuba. Pero pasó lo mismo, la SIGET envió una nota amenazando con medio millón de dólares de multa y tocó cerrar”, relató Coto.
Una de las cosas que más desilusión dejó, según Coto, es que la audiencia de Radio La Voz de Mi Gente era principalmente indígena y abordaba temáticas desde su propia visión del mundo: “La radio tenía un matiz indígena. Era la única radio completamente indígena en todo el país”.
El director de Radio Victoria dijo que otro de los problemas técnicos en los que ha intervenido la SIGET tienen que ver con que las radios de la fragmentación del 92.1 FM se invaden o interfieren entre sí, por escasos metros en las zonas donde la señal de una emisora acaba e inicia la otra.
“El caso nuestro con la Radio Victoria es que la torre de transmisión de una repetidora está cerrada desde julio de 2020. Tuvimos que cerrarla, porque si no pues nos multaban. Hemos dejado de cubrir una zona para evitar la multa, pero nosotros solo estábamos intentando garantizar una buena señal en toda nuestra área de cobertura. Para esto no necesitamos pedirle a la SIGET otro código de frecuencia, ya que con el mismo podíamos hacerlo. Si ya tenemos asignado un territorio, uno lo que debe hacer es garantizar que se dé la cobertura. En todo caso, si fuera cierto que afectamos a otra radio, eso lo podemos resolver internamente como ARPAS, porque compartimos la misma frecuencia. La frecuencia 92.1 FM ha sido asignada a ARPAS y ha sido ARPAS la que la ha segmentado para que funcione. Pero desde la SIGET no lo están manejando así. Yo diría que si estuviéramos afectando otra radio que no es del 92.1 FM, ahí sí debería intervenir la SIGET, pero no en la misma frecuencia, donde cualquier conflicto se resuelve internamente”, dijo Beltrán.
Para tener una respuesta oficial sobre estas situaciones que plantean las radios, GatoEncerrado escribió directamente al titular de la SIGET, Manuel Aguilar, el 29 de marzo y luego el 12 de abril, pero no contestó.
Sin recursos y con un futuro desesperanzador
Tras la autocensura en el régimen de excepción, la censura impuesta por el Gobierno de Bukele y el temor a ser cerradas por la SIGET, las radios comunitarias también enfrentan una crisis económica que ha diezmado a sus colaboradores desde la pandemia por COVID-19 y las reformas que ha hecho el oficialismo para recortar los fondos que recibían las alcaldías de parte del Presupuesto General de la Nación.
Los directores de las radios son enfáticos en decir que nunca han tenido suficiente presupuesto para funcionar de forma holgada y que históricamente se han sostenido con el mínimo posible. Pero desde 2020, la cuarentena obligatoria hizo quebrar algunas pequeñas empresas y negocios locales que pagaban publicidad en las radios. Sin el ingreso de la pauta publicitaria, que en realidad era poco, su situación empeoró significativamente.
“Esta crisis económica ha obligado a las radios a recortar personal y recortar recursos, como suponemos que lo han hecho empresas e instituciones. En nuestro caso, somos organizaciones sin fines de lucro y nos toca hacer ajustes presupuestarios. Y por supuesto que tenemos menos disponibilidad de recursos que una empresa. Hemos hecho algunos ajustes para tener la capacidad de atender las necesidades de las radios. Por ejemplo, para ir a una cobertura, pues había que tener transporte y dar viáticos, había que movilizarse; pues todo esto tuvo una disminución de recursos, porque la prioridad ha sido atender los costos fijos como energía eléctrica e internet. La prioridad también ha sido el talento humano y asegurar que la radio se mantenga al aire. Hay que asegurar los costos operativos. Entonces ha tocado sacrificar, sin duda alguna, temas de coberturas”, aseguró Coto.
De acuerdo con el directivo de ARPAS, parte de los clientes de la pauta publicitaria de las radios eran las alcaldías, quienes pagaban por difundir información municipal o hacer cuñas y anuncios. Pero desde las reformas que promovió el oficialismo para recortar el Fondo Para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), las radios perdieron a las municipalidades como sus clientes. A esto hay que sumarle que los gobiernos de El Salvador nunca han repartido equitativamente los fondos públicos que destina a la publicidad. Entre los medios que alguna vez han ganado contratos de publicidad con el Estado, los comunitarios son los que menos dinero han recibido. En la administración Bukele, por ejemplo, quien más contratos ha ganado es la Telecorporación Salvadoreña (TCS), según datos de ARPAS.
“Antes de este Gobierno de Bukele no había tanta pauta que digamos. No había una distribución justa y equitativa del pastel de la publicidad o propaganda, pero al menos se tomaba en cuenta a los medios comunitarios y medios locales, porque sabían que son públicos que también escuchan y también tienen derecho a informarse y a conocer lo que hace el Estado. Pero con este gobierno no ha habido ninguna pauta. Lo único que ha habido ha sido mínimo. Pero cuando hablamos de mínimo, en realidad hablamos de mínimo: $800 o $900 en todo 2021. Eso no es nada. Las municipalidades invertían en los servicios publicitarios de los medios comunitarios; sin embargo, la crisis financiera que generó la ausencia del Fodes provocó que la mayoría de radios comunitarias dejaran de recibir pauta, porque no hay recursos”, criticó Coto.
El director de Radio Victoria especificó que su medio necesita, como mínimo, 10 personas fijas contratadas, pero que el presupuesto con el que cuenta es insuficiente para garantizar salarios y prestaciones.
“No tenemos el presupuesto que quisiéramos para garantizar prestaciones laborales a todas esas personas, así que solamente hay capacidad para unas tres o cuatro y los demás son voluntarios que entienden la importancia de la radio y por eso colaboran voluntariamente”, aseguró Beltrán.
En Radio Tehuacán, según comentó el director Rodríguez, el único ingreso que les ha quedado es la venta de espacios al aire que pagan las iglesias locales.
“Desde la pandemia ha sido muy, pero muy difícil, la situación económica. Ha sido terrible. Se habló con el personal sobre la situación y algunos se han quedado apoyando como voluntariado. Desde que este Gobierno empezó, hay que decirlo, no hemos tenido ningún tipo de pauta comercial ni tampoco de la alcaldía. Los de la alcaldía se han acercado para que les hagamos el favor de grabar alguna cuña, pero sin pagar nada”, dijo Rodríguez.
Los demás directores, según se sinceraron ante GatoEncerrado, atraviesan por una situación similar. Incluso hay radios en donde el mismo director no tiene un salario fijo, porque simplemente no hay suficiente presupuesto y se ven obligados a buscar otros trabajos de medio tiempo para pagar sus propias cuentas y sostener a sus familias.
Lo más desolador es que los directores de las radios no ven un futuro esperanzador en El Salvador. Les preocupa que el régimen de Bukele asfixie a los medios comunitarios y los haga desaparecer en los próximos años.
“Una cosa que nos preocupa es qué pasará con las radios comunitarias en el segundo quinquenio de Bukele. Estamos pensando en alguna estrategia para que el proyecto de la radio siga funcionando. Nos ha costado mantenerlo vivo durante 30 años y no queremos que en estos próximos cinco años se vaya acabar”, dijo Beltrán de Radio Victoria.
A pesar de todo lo que cuesta hacer periodismo comunitario en el interior del país, los miembros y directivos de las radios aseguraron a GatoEncerrado que mantienen la convicción de resistir lo que venga y que harán todo lo que esté a su alcance para adaptarse y sobrevivir como una voz alternativa que acompaña a las comunidades.