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Periscopio Chile- Araucanía: La Paz se acuerda, no se negocia ni menos se compra y los Derechos Humanos se respetan

 

Los últimos hechos ocurridos en la región de la Araucanía, a 900 kilómetros de Santiago, y que derivaron en el violento desalojo de comuneros que hace una semana se habían tomado 6 municipios exigiendo una respuesta al gobierno respecto de la demanda de 27 presos Mapuches que cumplían 85 días de ayuno en la cárcel, a través de consignas racistas, y lo más grave la participación de civiles que actuaron contra civiles, nunca antes visto, alertó al mundo político, y puso el foco en que este tipo de violencia es uno de los mayores conflictos, ya que históricamente la intervención es estatal; en ese sentido, lo más grave que ha ocurrido es que la policía haya efectuado un desalojo acompañado de civiles y en pleno toque de queda.

No cabe la menor duda que el conflicto en la región de la Araucanía es uno de los más difíciles de enfrentar para los gobiernos de turno, esto ha sido así por años. Pero el enfrentamiento entre civiles contra civiles como muy bien dice el dicho “se le escapó de las manos” al gobierno.

 

 

El gobierno una vez más está siendo apuntado por la oposición debido a que el pasado martes en el cambio de gabinete, el presidente Sebastián Piñera nombró a un nuevo ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, ex parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, UDI, y que fue alcalde designado por el dictador Augusto Pinochet, y como ex senador conoce perfectamente el conflicto mapuche. Y el pasado viernes, a tan solo tres días de haber asumido, viajó a la Araucanía y realizó declaraciones que incendiaron los ánimos, al afirmar que: “con toda claridad en Chile no hay detenidos políticos. Presos políticos, entendemos, que por sus ideas están detenidos”. En la misma línea, precisó que “aquí, las personas que están privadas de libertad, lo están por resoluciones de los tribunales de Justicia, no del gobierno”, y empujó a los alcaldes a “solicitar el desalojo” de los edificios tomados. El domingo, luego de una noche de caos, Víctor Pérez indicó: “Tengo la impresión de que hay mucha organización criminal”.

 

Lo que más violenta, agrede, incomoda, preocupa y viola toda declaración de derechos humanos, es que los que acompañaron a las fuerzas policiales ese día para desalojar a los comuneros mapuches del municipio, mañana seguramente van a encontrar muy normal actuar sin Carabineros, infringiendo la ley, con toda ilegalidad, y después cualquiera podría fijar normas y reglas, y actuar con sus propias manos. Es preocupante que se hayan generado hechos de violencia por grupos de civiles organizados, además con connotación racista. El gobierno debe velar por el respeto irrestricto al Estado de derecho. Por tanto, no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia la autotutela, menos aún la violencia de civiles; estos hechos deben ser investigados y sancionados.

En ese sentido, la declaración pública de la directiva regional de la Democracia Cristiana de La Araucanía, fue clara y apuntó al ministro del Interior. Junto con rechazar «todo tipo de violencia«, enfatizamos que «es el gobierno de Chile quien tiene la principal responsabilidad política en la situación vivida en Araucanía, no puede eludir su responsabilidad. El ministro del Interior debe responder por estos procedimientos ilegales y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en su conjunto no pueden ser cómplices y, por tanto, el gobierno debe querellarse en contra de los violentistas, que bajo consignas racistas cometieron delitos».

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, dirigido por Sergio Micco, realizó un llamado a todos los actores a propiciar una cultura de diálogo y de respeto por los derechos humanos, que debe darse dentro del Estado de Derecho de una sociedad democrática. «Como instituto consideramos que el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público, el Estado democrático de derecho con pleno respeto a los Derechos Humanos. Hay una situación cultural y social de racismo conocido por todos los chilenos y chilenas que causa un enorme daño. Como instituto hemos llamado al diálogo, hay un acuerdo por la paz y el desarrollo de la Araucanía que nos parece clave retomar».

Pero la realidad es otra, ya que el gobierno está muy orgulloso de su “Plan Araucanía”, debido a que este implica millones de dólares en relación a lo que otros gobiernos habían comprometido. Sin embargo, el conflicto ha continuado con más fuerza, porque no se trata solo de cosas materiales y desarrollo económico para la región, sino que acá estamos hablando de respeto, de reconocimiento a los pueblos, de tolerancia, de igualdad ante la ley, de equidad social, de justicia social, de identidad… de valoración. La paz social se acuerda, no se negocia ni menos se compra, y los derechos humanos se respetan.

La violencia se frena con una buena agenda política de diálogo, con respeto a los derechos humanos, con dignidad, con tolerancia, con justicia social, con más y mejor equidad, y si está en cuestión el reconocimiento constitucional de un pueblo, habrá que incorporarlo en la nueva Constitución, y ese reconocimiento debe considerar, sin duda, la preexistencia de los pueblos indígenas que han habitado los territorios actuales de Chile, su derecho a sus legítimas historias, sus identidades, sus diversas culturas y su institucionalidad tradicional. Debe establecerse la protección del Estado para asegurar la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, la herencia lingüística, y todo aquello que garantice la igualdad, el respeto y la no discriminación. Pero si esto no pasa todos somos responsables en condenar con fuerza y rechazar cuando nos enteramos que en la Araucanía alguien amenazó, abusó, humilló, violó, quemó, mató, destruyó… la paz es ahora, la paz no se compra ni se negocia, y los derechos humanos se respetan siempre y en todo momento.

 

 

 

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