Periscopio Chile: ¿Por qué el gobierno de Piñera no firma el acuerdo de Escazú? Y echa pie atrás

A solo días que el acuerdo de Escazú entre en vigencia en América Latina y el Caribe, el gobierno de Sebastián Pinera a través de su ministro de Relaciones Exteriores declaró que Chile no firmará el documento, aludiendo a razones de soberanía nacional frente a posibles conflictos territoriales.

Pero, ¿qué es el acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por 22 países, tiene como objetivo garantizar el acceso de información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La idea, surgió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y luego durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile copresidió y alentó la negociación junto a Costa Rica. El acuerdo se originó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, del año 2012 realizada en Río de Janeiro, y el año 2014 en Santiago, 24 países la adoptaron. Desde esa fecha, se realizó la negociación entre 24 países interesados, a través de una comisión que fue copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica.

El acuerdo es un esfuerzo de cooperación multilateral para avanzar en transparencia, participación ciudadana y, sobre todo, en justicia ambiental, y que hoy el gobierno de Piñera renuncia según él por razones de cesión de soberanía, luego la ministra del Medioambiente Carolina Schmidt expresó en la prensa que la negativa de Chile se basa en que ya el país implementó en su legislación nacional los objetivos del Acuerdo de Escazú. Mientras tanto, hace pocos días el canciller ha declarado que recién se están estudiando las implicancias que puede significar para el ordenamiento de las normas la jerarquía del acuerdo.

Esto dice la relación con que Chile pudiese llegar a la Corte Internacional de Justicia a través de Escazú. En ese sentido, Chile debe otorgarle esa competencia y aceptar estar en esa instancia. A pesar de que en el 2018 el Acuerdo de Minamata tiene la misma cláusula de resolución de controversias, que es estándar, es decir, una cláusula estándar en este tipo de convenios a nivel internacional.

El acuerdo de Escazú fue el primero realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, agencia de la Organización de las Naciones Unidas, y se encuentra a la espera de la ratificación respectiva de cada Estado firmante hasta el 26 de septiembre.

Las razones están claras y evidentes. No es casualidad la defensa que hace el propio presidente Sebastián Piñera al plantear lo de la soberanía, que al final no es otra cosa que proteger a los grandes grupos económicos que tienen la minería, la energía, el salmón chileno, que son dueños de forestales y de lo agroalimentario, como principal fuente de negocios y de ingresos.

Son evidentes también los conflictos ambientales que tiene Chile a lo largo del país, y en el sur, especialmente, es más claro aún porque va acompañado del conflicto de los pueblos originarios hasta nivel constitucional, ya que no son reconocidos en la constitución actual.

Sin duda el Acuerdo de Escazú mejora los procesos de acceso a la información y de participación ciudadana de los países. Es así que un buen diálogo con claros procedimientos, bien implementados, va a favorecer un entorno ambiental más seguro y adecuado para la inversión, para la ciudadanía, para las comunidades y para los gobiernos.

Con el hecho de rechazar y no firmar el Acuerdo de Escazú, una vez más queda demostrado que este gobierno no valora los derechos humanos, rechazando temas centrales como promover, garantizar, fortalecer e informar, ni tampoco adhiere a principios fundamentales, como lo es hoy la transparencia frente a una ciudadanía que se la exige a sus gobernantes. Simplemente no está en su ADN, ni menos incluso figura en su hoja de ruta.

Y mejor no hablemos de diplomacia, de coherencia, de cooperación y de compromisos internacionales y de nuestra imagen a nivel internacional. Como tampoco del cambio climático, que globalmente estamos viviendo una época de trastornos climáticos que merecen nuestra atención y requieren de estrategias y acciones urgentes, y que sin duda la cooperación internacional es fundamental cuando se está en crisis medioambiental, que exige consistencia y coherencia.

En ese sentido, chilenos y chilenas tenemos una gran oportunidad el próximo 25 de octubre para cambiar la actual Constitución. Debemos establecer esos pisos mínimos, por ejemplo, el agua, una lucha de años por el derecho al agua, como bien de uso público, de todos y todas, desde los territorios, y terminar por ende con la mercantilización, es esencial para preservar la vida.

Por eso que la negativa a firmar este acuerdo es finalmente un rechazo a la ciudadanía, un cerrar puertas a la cooperación internacional, es una negación a la dignidad de las personas, a la democracia, a la sustentabilidad, a la gobernabilidad, que debiese poner en el centro a la persona humana, finalmente es un rechazo a la vida…