¿Por qué se generalizó la corrupción en Cuba?

En respuesta al ejercicio de pensamiento convocado por el presidente Miguel Díaz-Canel en los artículos anteriores me ocupé de tres grandes obstáculos a remover para sacar al país de la crisis en que se encuentra: la propiedad estatal en la agricultura, la ausencia de una clase media nacional y la existencia de la empresa de Acopio.

Transcurrido más de un mes, como era de esperar, no se ha dictado ninguna medida efectiva para revertir el estado calamitoso de la economía. Como más tarde o más temprano, el actual Gobierno o el que lo sustituya, tendrá que implementar cambios, en el presente trabajo abordo un cuarto tema, tan vital como los anteriores. Me refiero a la corrupción, un mal surgido en la Colonia y que caracterizó la esfera político-administrativa durante la República, con una magnitud tal que el fundador del Partido Ortodoxo, Eduardo Chibás, lo convirtió en consigna para emplearlo como arma política: «¡Vergüenza contra Dinero!».

La pregunta es: ¿por qué un fenómeno restringido a la esfera político-administrativa se generalizó después de 1959 hasta conformar una forma de moral aceptada?

La respuesta está en la ola de expropiaciones que comenzó por las empresas extranjeras y no se detuvo hasta liquidar el último puesto de fritas y con los miles de dueños que velaban por la propiedad y la eficiencia. Desde ese momento, al poco valor del trabajo los cubanos respondieron con las actividades alternativas; a la imposibilidad de ser empresario con la vía «estaticular»; al desabastecimiento, con el robo al Estado; al cierre de todas las posibilidades, con el escape hacia otras partes del mundo.

Los bajos salarios, agudizados desde 1989 con la pérdida de las subvenciones soviéticas, el incremento de los precios, el desinterés por los resultados productivos, el desabastecimiento, y el descontrol en la gestión de los bienes públicos; son factores consustanciales al modelo totalitario que obligaron a vivir al margen de la Ley.

Resultado de esa política, las acciones ilegales se generalizaron y aceptaron socialmente como forma de conducta. Cada familia, de una u otra forma, convive con ellas y/o las comparte; una moral negativa útil para sobrevivir e inútil para edificar nada positivo.

La respuesta del Gobierno ha sido y sigue siendo la de más policías e inspectores, restricciones, decomisos, vigilancia y condenas. Acciones sobre los efectos, sin atender las causas reflejadas en más desabastecimiento. Su erradicación o disminución será imposible hasta tanto se acepten sus verdaderas causas y exista la voluntad política —aún ausente—para enfrentarlas.

La mejor prueba de lo anterior son las palabras del presidente cubano, publicadas en el diario Granma: «aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir… Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad; porque esas son las personas que nos están complejizando la situación». Expresiones que no tendrán más efecto que el aumento de la población penitenciaria, que por cierto ya es bastante elevada.

Lo que ha ocurrido en medio del Covid-19 es la manifestación de un mal añejo en un escenario favorable para la corrupción. Y mientras, la prensa oficial, en lugar de realizar análisis críticos, se limita a repetir los discursos oficiales y a informar de las acciones represivas.

Entre abril y junio se ha informado de decenas de hechos delictivos. Miles de nasobucos y otros recursos médicos sustraídos de almacenes del Estado. Vendedores ambulantes sin documentos. Ocupaciones de autos, mercancías, equipos de aire acondicionado, y cientos de miles de pesos en efectivo, en algunos casos millones. Ocupaciones de todo tipo de productos, desde aceite comestible hasta confituras, desde cemento hasta ajo y cebolla en grandes cantidades.

La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, en el programa televiso «Hacemos Cuba» dijo que en los primeros tres meses del Covid-19 fueron sancionadas 1.516 personas por propagación de epidemia, actividad económica ilícita, delito de receptación y otras ilegalidades. Y así, decenas de informaciones similares.

Atribuir esas conductas, multiplicadas por las dificultades productivas y de abastecimiento durante la pandemia, a personas inescrupulosas sin reconocer la responsabilidad del Estado, es negarse a reconocer la realidad.

Cosas similares ocurrieron antes. Entre los años 80 y 90 del pasado siglo se desplegaron la Operación Adoquín, contra los artesanos y comerciantes que vendían en la feria de la Plaza de la Catedral; la Operación Pitirre en el Alambre, contra los mercados campesinos; y la Operación Maceta, contra los poseedores de dinero proveniente de ventas de productos industriales y o de intercambio en el mercado negro. Acciones que en nada se diferencian de las que están ocurriendo ahora mismo. El objetivo de esas y otras operaciones: culpar al sector privado de todos los males de la sociedad para impedir el surgimiento de una clase media.

En 2001, debido al crecimiento de la corrupción, se creó el Ministerio de Auditoría y Control. En las inspecciones realizadas entre los años 2000 y 2004 en cientos de empresas, más de la mitad presentó malos o deficientes resultados en el control de los recursos y en el registro de los hechos económicos, y en 2005, de 890 auditorías en empresas de comercio interior, nuevamente en más de la mitad se detectó un control económico malo o deficiente.

En 2005 las vacaciones forzosas que se dieron a todo el personal de las gasolineras y su sustitución con jóvenes trabajadores sociales develó que lo sustraído era tanto o más que lo ingresado. En algunos momentos se robaba casi la mitad, y en ocasiones más de la mitad; pero el robo continuó.

En 2012, en el bar-restaurante ubicado en la Plaza de Mercaderes, conocido como La Casa de la Cerveza, asociado a la compañía de la Oficina del Historiador de la Ciudad, se arrestó en plena calle al gerente general, a quien se le ocuparon almacenes de comestibles. Otros gerentes de tiendas asociadas a dicha  compañía corrieron la misma suerte.

El combate contra la corrupción no puede basarse, como expresara Miguel Díaz-Canel, en actuar con severidad. Si la corrupción se generalizó con la estatización absoluta, hasta tanto no se proceda en dirección contraria, la capacidad de las cárceles, que no son pocas, podrá colapsar y la mitad del Producto Interno podrá dedicarse a más policías y más inspectores, mientras la corrupción seguirá gozando de buena salud, a pesar de las actuaciones severas.