«La ciudadanía debería ver ya mejoras en su vida a partir de este año», declaró Vladimir Putin en febrero pasado al anunciar un paquete de medidas sociales destinadas a recuperar la confianza de la población rusa.
Por lo pronto, el objetivo parece lejos de haberse cumplido. La semana pasada, un sondeo publicado por el encuestador estatal ruso VTsIOM señaló que el presidente ruso había alcanzado su puntuación más baja en confianza de la ciudadanía, rayando el 30,5%.
La noticia suscitó el descontento del Kremlin y, mediante su portavoz, Dmitri Peskov, pidió explicaciones a los investigadores. El instituto de encuestas decidió pues realizar otro sondeo reformulando la pregunta y un día después notificaba que el 72,3% de los rusos confían en Putin.
Popularidad en declive
Más allá de las peripecias del caso, el incidente deja en evidencia un hecho que se viene corroborando en los últimos meses: la popularidad del mandatario ruso ha experimentado un continuo declive desde su victoria con un 76% de los votos en marzo del año pasado.
Varias razones inciden en este debilitamiento de la imagen presidencial. En primer lugar, después de cinco años, el fervor nacionalista suscitado por la anexión de la península de Crimea ha decaído y ha dejado de funcionar como un efecto movilizador en favor de Putin.
Sin embargo, el factor más importante consiste en el marasmo económico que vive el país. Así, los salarios reales de los rusos han disminuido de un 13% en los últimos cinco años. Casi la mitad de los hogares no cuenta con fondos suficientes para adquirir bienes duraderos, como un refrigerador, y se endeuda cada vez más. En este contexto, la inflación se vuelve lacerante, pese a estar por debajo de los dos dígitos, rondando el 5%.
El deterioro económico se debe al régimen de sanciones impuesto por EEUU y la UE tras la anexión de Crimea en 2014, así como a las oscilaciones de los precios de los hidrocarburos (principal rubro de las exportaciones rusas).
También influye en el estancamiento de la economía rusa la caída en la venta de armas de un 17%, registrada por su industria armamentística, este último quinquenio. Y ello pese a que Rusia sigue siendo, detrás de EEUU, el segundo exportador mundial de armas.
Aquí, más que las sanciones internacionales, pesan el desmoronamiento del mercado venezolano (que llegó a absorber el 5% de las exportaciones de armas rusas entre 2009 y 2013), la contracción de la demanda de la India (el mayor cliente ruso) y el ascenso de China como competidor en el mercado armamentístico.
Para paliar la merma de ingresos de estos años, el Gobierno ruso ha acudido a medidas sumamente impopulares como el alza del impuesto al consumo y una reforma de pensiones que supone un aumento de la edad del retiro (de los 60 a los 65 años para los hombres y de los 55 a los 60 años para las mujeres).
La zanahoria y el garrote
Consciente del deterioro de su imagen, el Kremlin lanzó en febrero un paquete de medidas sociales y económicas con el fin de granjearse el beneplácito de la ciudadanía. Entre ellas se contemplan más fondos para la sanidad y la educación, una subida del salario mínimo (que en Rusia es aproximadamente de 140 euros), apoyos a las familias para la manutención de los hijos y el pago de las hipotecas.
La concreción de este programa, sin embargo, se ve limitada por la escasez de reservas del Estado, propiciada a su vez por la situación económica del país. Un círculo vicioso del que, por el momento, resulta difícil salir, ya que la reactivación de la economía, que propiciaría los fondos necesarios para la implementación de los planes de bienestar social, requiere un flujo importante de inversiones extranjeras. Estas, empero, no llegan debido a la inestabilidad jurídica del país y al régimen de sanciones internacionales.
No por gusto, a la espera de encontrar la fórmula que permita romper el círculo vicioso, el Kremlin refuerza su arsenal jurídico con el fin de prevenir un posible desbordamiento de la sociedad civil.
En los últimos meses, los legisladores rusos han aprobado toda una serie de leyes que limitan el derecho a manifestar, restringen la libertad de expresión (con el pretexto de luchar contra la desinformación y la ofensa de los símbolos patrios) y refuerzan el control sobre internet.
Tal como lo señala Vladislav Surkov, asesor de Putin, pese a que el origen del poder radique en una conexión especial entre el pueblo y su líder, «la función militar y policial del Estado es la más importante y la más decisiva».
Todo esto mientras las altas esferas deciden finalmente qué tipo de estrategia adoptar para la perpetuación de Putin en el poder, quien, según la Constitución, no podría presentarse en las próximas elecciones presidenciales de 2024.
