¿Qué garantías da el Gobierno cubano a la inversión extranjera ante la Helms-Burton?
En el marco de la VII Cumbre de las Américas de Panamá, en 2015, se realizó la segunda edición del Foro Empresarial regional. Importantes empresarios y altos ejecutivos de trasnacionales se dieron cita en Panamá, lo cual fue una plataforma idónea para que presidentes y ministros presentes en la cumbre pudieran dar a conocer y promover a sus respectivos países.
Cuba fue una de las naciones invitadas, y como EEUU estaba avanzando seriamente en una nueva etapa en relación con la Isla, los empresarios esperaban con atención el mensaje de su delegación al Foro Empresarial, encabezada por Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Varios amigos empresarios que asistieron a la reunión me comentaron la decepción de los presentes al escuchar el mismo discurso de siempre, culpando a EEUU de todos los males de la economía cubana y anunciando más «resistencia». Aunque la delegación oficialista también se esforzó por presentar una cartera de proyectos, sus palabras no convencieron. Nadie entendió que se tratase de una nueva etapa en materia de seguridad jurídica o que la invitación a invertir en Cuba se acompañaría de medidas para liberalizar la economía. «Fue una oportunidad perdida», me comentaron.
Visto hoy, esa fue la antesala —prematura— de la oleada reaccionaria de los años siguientes, y que ha tenido como consecuencia el aumento de los niveles de miseria y desesperación en Cuba, similares a los del famoso «Periodo Especial». Y todo por no querer entender que hay que cambiar. Frente a la mano tendida de Obama, la respuesta fue la trinchera.
Pero Rodrigo Malmierca, reunido esta semana en el Hotel Nacional con empresarios e inversores en la Isla, en su mayoría del sector turístico, ha ofrecido una nueva trinchera: ha asegurado que la Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba, y reiteró la decisión del Gobierno de aplicar todas las garantías para proteger las inversiones extranjeras ante supuestas reclamaciones judiciales estadounidenses: «El Gobierno cubano ratifica su decidida oposición y asegura que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios que existen en el país», indicó.
Difícilmente los presentes hayan salido más tranquilos de la reunión, pues parece que el ministro no tiene en cuenta que seguramente la mayoría de las empresas candidatas a ser demandadas no están solamente en Cuba, que no pocas tienen negocios en EEUU o relaciones con el sistema financiero y bancario norteamericano, elementos que refuerzan la coacción y que podrían facilitar la ejecución de cualquier sentencia, en caso de que las demandas avancen por la vía judicial, o dificultar el acceso a financiación. También parece ignorar el aumento de la incertidumbre, tanto entre inversores directos como en los ahorristas y tenedores de bonos que aportan sus recursos por medio de fondos para financiar los proyectos en la Isla.
Ante este preocupante escenario, el Gobierno cubano tiene algo para ofrecer a los inversores: la certeza de que no van a reconocer las sentencias de los jueces estadounidenses; es decir: una trinchera insular.
Al habilitarse la posibilidad de demandar a terceros por «traficar» con las propiedades, ya este asunto deja de ser un problema directo exclusivo para el Gobierno cubano, y afecta a un importante grupo de inversores. Empresas que se deben a sus accionistas y que no pueden darse el lujo de aislarse de la primera economía del mundo y de su sistema financiero. Es evidente que las grandes empresas, en este caso, esperan algo más que lo que el ministro ofrece.
Desde la perspectiva jurídica, el derecho civil, al igual que el mercantil o comercial, es de gran flexibilidad, y tanto en las cuestiones de fondo como en el proceso, la autonomía de la voluntad de las partes es clave. Por ello, muchos asuntos que inician con una demanda civil terminan en una transacción o acuerdo extrajudicial, evitando largos, onerosos y desgastantes procesos.
Ese es un escenario que deben estar valorando o propiciando los equipos legales de las empresas que puedan resultar afectadas por las demandas. Incluso, y quizás sea su principal objetivo, buscarían asegurarse un uso presente y futuro de esas propiedades sin consecuencias legal, para el cual necesitan el consentimiento de los expropiados.
Sin embargo, hay un elemento o cabo suelto en todo esto: el Gobierno cubano ha dicho que no reconocerá los efectos de la Helms-Burton. ¿Quiere decir que no avalaría, por ejemplo, la alternativa de acuerdos extrajudiciales sobre el pasado, presente o futuro del uso de dichas propiedades? O vayamos a cuestiones más importantes: ¿puede o debe un tercero demandado negociar de manera autónoma con el demandante, por ejemplo, para poder usar dichas propiedades sin tener la aceptación explícita de esa negociación por parte del Gobierno cubano? ¿Puede hacerlo cuando el expropiador, hoy dueño de facto, no solo considera que en modo alguno aquella propiedad ya no pertenece al demandante sino que este, considerado «enemigo» como «causa» y consecuencia de la expropiación, ni siquiera indirectamente debería beneficiarse?
De no existir el consentimiento y aun teniéndolo, ¿con qué seguridad jurídica contaría el inversor? ¿Qué certeza tiene de que no le echarán de Cuba después de haber negociado?
Lamentablemente, al estar muchas de esas empresas atrapadas por la falta de liquidez de La Habana y por el poder discrecional de la cúpula, tampoco sus directivos se atreven a preguntar al Gobierno cubano por el elephant in the room, que es la arista política de este asunto, y que es la más importante. Pero el inicio de un proceso de cambios a favor de la democracia pluralista, con elecciones democráticas y una economía libre, sería la solución del problema político y posiblemente gran parte del problema jurídico. Miguel Díaz-Canel y Malmierca lo saben, aunque sientan pavor por ello.
Por ahora, a los representantes de las empresas no les queda otra que informar a sus casas matrices que Cuba no reconocerá la Helms-Burton. Vamos a ver de qué les sirve.
