Lo que en el conocimiento común es definido como Estado, con sus elementos y características, sirve para medir la magnitud y alcance de la desaparición del Estado venezolano, convertido hoy en una banda mafiosa de delincuentes, algunos, autores comprobados de crímenes de lesa humanidad, que han usurpado las estructuras estatales y dominan las instituciones mediante el terrorismo de Estado, la coacción arbitraria y discrecional, el miedo y la miseria de las mayorías.
Venezuela pasó de ser un Estado forajido, subsidiario de Cuba desde que Chávez llegó al poder en 1999, vinculado con el crimen organizado transnacional y sustentado geopolíticamente por regímenes como Rusia, China, Irán y Turquía —todos contrarios a la democracia y con poderosos intereses económicos en el país—, a estar a la deriva, sin Estado ni gobierno efectivos.
La camarilla militar civil que Maduro preside no tiene interés en el bien común ni en el bienestar de los ciudadanos, ni en una economía productiva ni en servicios públicos extendidos a todo el país, eficaces y con mantenimiento preventivo, ni en la transparencia de la gestión pública ni en el respeto a la integridad, los bienes y la propiedad de los ciudadanos. Y cuenta con el silencio cómplice de oportunistas que pretenden acuerdos «parciales» con «quienes tienen el poder».
Para mantenerse aferrados a Miraflores, todo vale: la pérdida de la soberanía nacional, la entrega sin pudor de zonas estratégicas del territorio, que se han tomado fuerzas extranjeras de ocupación, como los cubanos, rusos, chinos e iraníes, o bandas criminales como Hezbollah o Hamas, o fuerzas irregulares provenientes de Colombia como el ELN y las FARC, hoy divididas entre los fundadores de la nueva Marquetalia, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, férreos aliados de Maduro, y la otra disidencia de las FARC, dirigida por Gentil Duarte.
Es clave distinguir el Estado del gobierno, que es uno de sus elementos fundamentales, pero no el único, junto con la población, el territorio y la soberanía. El Estado permanece, antecede y subyace a los gobiernos y es independiente de estos.
Los gobiernos son transitorios; conformados por individuos que ocupan cargos en el Estado, lo administran, ejecutan sus políticas y obligaciones, toman decisiones políticas y administrativas y cumplen las funciones públicas.
El Estado articula las estructuras del orden jurídico para la cooperación social; sustenta las leyes y obliga a su cumplimento; organiza las instituciones; posee el monopolio legítimo de la fuerza y responde y protege a la comunidad o nación que él representa. En un Estado democrático existe la división de poderes, cada uno de ellos independiente y autónomo, a fin de limitar el poder; de impedir los abusos, el predominio de una rama sobre las demás o la subordinación de una de ellas sobre las otras.
La población es el conjunto de personas que habita en un determinado espacio físico, asentado en un territorio específico y que adquiere carácter de comunidad cuando comparte rasgos de carácter histórico, religioso, económico y cultural. El territorio es el elemento geográfico del Estado. Abarca el espacio aéreo, marítimo y terrestre sobre los que el ente estatal ejerce su dominio y soberanía. Es el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico del Estado. La soberanía es un elemento esencial, que asegura que el Estado sea legal y real. Significa la capacidad de mantener los territorios que posee bajo control total y sin influjo externo.
Sin soberanía, un Estado no sería más que una colonia de una o varias fuerzas extranjeras que la ocupan. ¿Qué tanto de Estado hay hoy en Venezuela?
El gobierno legítimo presidido por el presidente interino, Juan Guaidó, no tiene poder real ni control territorial, ni fuerzas armadas. Toda iniciativa de la presidencia interina a favor de resolver la crisis humanitaria compleja que agobia al país —no olvidemos el 23 de febrero de 2019— es contradicha o bloqueada por los voceros del régimen, como acaba de ocurrir con el lote de vacunas asignadas para el país por la OPS mediante el mecanismo Covax. No importa el interés nacional sino imponer su voluntad de dominio o someterse a la férula de sus mentores, en este caso Putin, para vender sin competidores la Sputnik V y Cuba, con sus vacunas de dudosa credibilidad.
Estamos frente a una ausencia crasa y culpable del Estado venezolano, sin control del territorio, ni de la población ni de la soberanía. Sin gobernar, le queda solo la represión como mecanismo de control social. Anomia, anarquía, transgresión permanente de las normas, violación flagrante de derechos básicos. Permisividad con grupos criminales, cuyos combates en Arauquita han desplazado hoy a miles de venezolanos hacia Colombia.
Otros ejemplos: la invasión del Cementerio General del Sur de Caracas, con sus monumentos funerarios y mausoleos, convertidos estos en albergues de familias muy pobres ante la indiferencia de las autoridades. La banda del Coqui en la Cota 905 asalta un comando de la Guardia Nacional para sustraer armamento de alto calibre, sin éxito. Se toman la autopista, convierten Caracas en territorio hamponil y a los ciudadanos en víctimas del fuego cruzado.
La sede de migración y aduana de La Victoria, en Apure, volada con explosivos por disidentes de las FARC que la destruyeron totalmente. Represalia de los irregulares que fueron atacados y bombardeados en Arauquita por tropas del Ejército venezolano, no para impedir el ingreso de grupos criminales de Colombia, como dijo Maduro, sino como ajuste de cuentas para favorecer a los dos cabecillas de las FARC que Maduro protege en Venezuela, Márquez y Santrich y «despejar» las rutas para el narcotráfico.
Más que reconstrucción del país, su reinvención viable y democrática.
Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
Twitter: @martadelavegav
