Raúl Ochoa Cuenca: Don Quijote de la Mancha en El Salvador
Bueno, así como lo habíamos afirmado al inicio del mes de junio, el presidente Bukele, como si se tratara de una letra de cambio “ sin aviso y sin protesto”, cada treinta días pasa por caja y hace efectivo su cobro: Otros treinta días de estado de excepción (hablamos de la quinta autorización) y que a paso de vencedores el joven presidente, con su look de ejecutivo moderno y siempre con su blazer azul marino y su mouchoir rojo púrpura en el más clásico estilo casual, irrumpe en el salón de la Asamblea Nacional y le entrega al compañero presidente del poder legislativo su petición de ampliación del estado de excepción, anunciando con voz entrecortada por la emoción, que ya tiene más de 52.000 salvadoreños en las cárceles de ese pequeño país de solo 21.050 kilómetros cuadrados y 6.5 millones de ciudadanos.
En una pequeña nación como la salvadoreña, se utiliza, para combatir ese flagelo de inmensurables consecuencias como es la criminalidad de las pandillas, la célebre expresión de don Miguel de Cervantes, al inicio del siglo XVI, en su obra Don Quijote de la Mancha: los probables culpables y los probables inocentes, pagan justos por pecadores. Obviamente toda persona, no solo aquellas con convicciones democráticas, rechaza el comportamiento de esas bandas criminales; cualquier ser humano en sus cabales lo haría, sin olvidar el necesario y muy severo castigo que en justicia debe ser aplicado.
Pero lo que realmente es horrendo y fuera de cualquier mínimo parámetro que se pueda considerar es que la Asamblea Nacional haya autorizado al ejecutivo a detener a menores de hasta de 12 años, con lo cual obviamente al estar suspendidas las garantías su futuro como como sujeto a ser juzgado sin las garantías necesarias, está seriamente comprometido. A petición del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el martes una quinta prórroga al estado de excepción para continuar con el combate a las bandas o pandillas, a las que ahora se les persigue en áreas rurales donde han buscado refugio.
Las autoridades salvadoreñas responsabilizan a las maras Salvatrucha, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios, consideradas las más numerosas e importantes, de la mayoría de los crímenes que se registran en el país centroamericano. “Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas, estamos finalizando la cuarta prórroga y hemos sido testigos de cómo los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la quinta solicitud de prórroga por otros 30 días. Ciertamente debo continuar utilizando la frase de Cervantes: pagan justos por pecadores.
El ministro en su intervención ante la Asamblea afirma: “hace falta más trabajo en el tema de seguridad y prometo que haremos todo lo necesario para que no vuelvan a salir a la calle los detenidos”, en otras palabras el ministro de seguridad (Ministerio del interior en otros países) los condenó a cadena perpetua sin juicio previo cuando afirmó: “ Son 50.000 o más delincuentes que nunca más saldrán a la calle. Pero señor Ministro ¿ está usted consciente de la barbaridad jurídica de sus palabras ?
El 27 de marzo, recordémoslo, comenzó a regir el estado de excepción, el cual se originó ante el desenfreno de las bandas criminales quienes fueron los protagonistas de 62 homicidios en las 24 horas anteriores a la solicitud y posterior aprobación del estado de excepción.
Con esa tasa de homicidios en 24 horas, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la gravedad de prohibir la asistencia de un abogado. Es el estado de indefensión más absoluta que pueda existir en una sociedad organizada. Además, amplía de 3 a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El ministro reconoció que hace falta todavía mucho que hacer en el tema de seguridad y prometió que harán todo lo necesario para garantizar su seguridad a la población honrada, repitiendo una y otra vez que “estos 50.000 terroristas y los que faltan, no volverán salir a la calle”.
La prórroga se aprobó con los votos de 66 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Más temprano, un grupo de personas se concentró en las proximidades del Congreso para demandar la libertad de sus familiares encarcelados durante el estado de excepción, vigente desde fines de marzo. Con pancartas y mensajes al presidente Bukele y los diputados, exigieron la libertad de las que llamaron víctimas del régimen e intentaron ingresar al recinto legislativo para presentar un pliego de demandas, pero fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con púas y les cerraron el paso.
En marzo el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito ser parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas, en tanto, pueden recibir condenas de 40 a 45 años. En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplicarán 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años de cárcel a los niños en edades comprendidas entre 12 y 16 años de edad.
Concluyo esta nota recordatoria de un país que vive desde hace más de sesenta años en en una perenne y cada día más peligrosa tormenta social. Ha vivido guerras civiles, se transformó en una factoría de la industria americana a más 3000 kilómetros de distancia del país del norte, y se ha convertido en exportador de bandas y grupos dedicadas a la mini criminalidad. Un país en el cual su ministro del interior declara que en El Salvador existen 70.000 delincuentes y que a la fecha de hoy tienen detrás de las rejas, con las garantías constitucionales suspendidas y aparentemente por tiempo indefinido, a 52.000 de entre ellos, probablemente creyendo que esto de la llamada seguridad individual en esa nación es un activo a exhibir, sin duda importante pero no el más preciado en una sociedad, sin calcular el costo social, económico y político para un país como ese con muchas de sus instituciones aún en estado embrionario. Creo que en un futuro no muy lejano esta política adelantada por el gobierno de Bukele se convertirá en un pasivo que tendrá consecuencias gravísimas, no solo para la sociedad salvadoreña actual, sino incluso para toda Centroamérica.
Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 18 de agosto del año 2022.
