Reinar, ley fundamental del castrismo

Bajo las dictaduras, en particular las ideológicas identificadas con el totalitarismo, las leyes, específicamente las Constituciones, son solo reflejo de las propuestas e intereses de quienes gobiernan, difiriendo mucho de los proyectos constitucionales que razonan que la libertad y el respeto a la dignidad humana son los objetivos fundamentales.

Las leyes cubanas son irrefutablemente autoritarias y extremistas, pero la dificultad mayor radica en quienes la aplican, como lo ha demostrado la historia en estos casi sesenta años. Lo que prima en la isla son las necesidades de quienes detentan el poder, no lo establecido en una constitución que por sí misma viola los derechos ciudadanos.

Los promotores de la nueva carta magna castrista no pretenden institucionalizar los derechos sino continuar fundamentando constitucionalmente sus inmunidades, mientras adecuan lenguaje y forma a la actualidad. No hay trascendencia en el retiro de algunas consignas y calificativos, ni aun de una eventual supresión del atroz capítulo V de la Constitución de 1976, mientras que sean las mismas personas las que usurpan el poder.

A pesar que la nomenclatura que tiene el monopolio de la fuerza es la verdadera constitución porque es Ley y Orden a la vez, en la ecuación del anteproyecto no hay ni una microscópica alusión a la libertad de prensa, el pluralismo político y al derecho inalienable del ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes.

Para los déspotas cubanos las constituciones y sus legislaciones complementarias solo sirven para prestar apariencia de institucionalidad al gobierno. Las leyes solo se aplican para beneficio de la autoridad, condición que no niega la necesidad de educar cada vez más a los individuos en cuáles son sus derechos y cómo defenderlos, a la vez que sean instruidos en el aprovechamiento de aquellas coyunturas legales que puedan favorecerles.

Las evidencias demuestran sobradamente que sería contrario a la naturaleza del régimen que factores ajenos al poder en la isla puedan aportar ideas o influenciar mínimamente en la toma de decisiones, no obstante en lo que atañe al producto final es imperioso estar al tanto del desarrollo y la conclusión del mismo.

El principal promotor de esta carta magna es Raúl Castro, uno de los auspiciadores de la de 1976. Él junto a sus secuaces estuvo involucrado en la elaboración de los postulados y en el montaje cerrado y opresivo en los que se desarrollaron las asambleas que conocieron aquellas propuestas, en honor a la verdad, los que postulan esta farsa solo intentan disponer de un desodorante más fuerte que amortigüe los nefastos efluvios y múltiples fracasos que la corrupta dictadura ha ocasionado por sesenta años.

No se pueden esperar cambios sustanciales de quienes instrumentan un proyecto constitucional que solo busca legitimidad ante la comunidad internacional. El objetivo es “cambiar para que todo siga igual”. Establecer nuevas normas sobre las cuales ejercer la misma absoluta dominación de las últimas décadas es lo importante, además de seguir ejecutando la autoridad y la fuerza que de ella se derivan.

Es cierto que para muchos es atractivo que en el anteproyecto constitucional se elimine el concepto de comunismo, que se reconozca algo de propiedad privada y que hasta se limite la edad del futuro mandatario, a su vez que el poder ejecutivo adquiere otras características, pero todo esto es irrelevante si la carreta continúa conducida por los mismo bueyes, como diría uno de los muchos campesinos cubanos que combatieron con las armas en las manos a la dictadura.

Sin duda alguna cuando en Cuba se restaure la democracia, es imperativo ir a una constituyente que responda a los valores democráticos, pero mientras las formas castristas sean las hegemónicas, los cubanos libres y sus aliados deberían enfocar sus recursos en la destrucción del actual orden.

Para la autocracia castrista, las constituciones y sus legislaciones complementarias solo sirven para dar una apariencia de institucionalidad al gobierno, por eso uno de sus promotores, miembro del Consejo de Estado, dijo erradamente que el nuevo documento tendría artículos pétreos obviando que son los moncadistas, los herederos de Fidel y Raúl Castro, los que están todavía en plena Edad de Piedra.