Ricardo Cayuela Gally: Y qué significa resistir

Ahora que el consenso es abrumador sobre la corrupción que emana de Pedro Sánchez, incluso entre los más terraplanistas –descontado Xabier Fortes–, la pregunta obligada es qué sigue. Y la respuesta la dio ayer en THE OBJECTIVEsu director: lo que sigue es resistir. Pagar a los socios nacionalistas en efectivo lo que pidan –aunque Santos Cerdán ya no pueda llevar esas interlocuciones– y encerrarse en el búnker de la Moncloa, palabra de fuerte resabio franquista, para estar a tono con unos fastos que no acaban de despegar.

Resistir implica activar todas las cloacas. Ya lo dijo con todas sus letras Sánchez en el Congreso: en el otoño verán dónde está la corrupción. Una amenaza barriobajera que hay que tomar en serio. Ya antes lo había dicho el fiscal para justificar la destrucción de pruebas al saberse investigado: por sus manos pasa toda clase de información delicada sobre la oposición. Resistir implica encontrar un relato que dé aire a la legislatura. Y otra vez periodistas bien pagados dispuestos a difundirlo. Mil y un asesores lo están pensando en este mismo momento.

Resistir es pagar subsidios a grupos sociales enteros con fines electorales y a cuenta de más impuestos y más deuda pública. El dinero público no es de nadie. Resistir es intentar continuar la reforma judicial para quitar el control a los jueces y dárselo a la Fiscalía en la fase de instrucción. Y llenar la judicatura de jueces exprés que estarán eternamente agradecidos de ese bye —por ponerlo en lenguaje ajedrecístico— antimeritorio. Resistir implica cada vez más adoptar posturas demagógicas en la política exterior, con Israel de blanco favorito, una rentable operación en el corto plazo, pero peligrosa en el largo. Resistir es usar los instrumentos del poder, legales, paralegales e ilegales para hacer más difícil la labor de la justicia. Resistir es apostar a que en dos años pueden pasar muchas cosas y que nada está decidido de antemano —así el 11M trajo a Zapatero—. Resistir es dormir un día más entre las mullidas sábanas de la Moncloa mientras todos los espejos te regresan la imagen de tu grandeza.

Y aunque hayamos visto, en términos de corrupción, tan solo la punta del iceberg, como en los mejores cuentos de Hemingway, la disolución judicial del Gobierno de Sánchez no será previsiblemente en lo que resta de legislatura. Es obvio que la justicia va a hacer su trabajo, pero sus tiempos son distintos a los del calendario político, por más que se esfuercen algunos en verle las mangas al chaleco. También es obvio que la Guardia Civil, desde las maniobras de Marlaska contra Francisco Pérez de los Cobos, y desde el plantón de Sánchez al funeral de Barbate de los guardias arrollados por la narcolancha para ir a la gala de los Goya, se la tiene jurada. La UCO es un instrumento maravilloso de la vida democrática española, pero sus informes, no vinculantes, llevan tiempo, y no pueden (ni deben) acompasarse al ritmo de la legislatura. En un régimen garantista como el español, que se basa en la presunción de inocencia y, por lo tanto, en la obligación de probar las acusaciones, las sentencias se van a producir tras juicios inevitablemente morosos, de años, sobre todo con los aforados. En la mayoría de los casos estamos apenas en el periodo de instrucción.

La legislatura es ya solo un compás de espera ante la cita electoral, a la que hay que ir con la máxima exigencia de transparencia. Las noticias sobre las primarias de 2017 son una señal de alerta para todos. Así que, si Pedro Sánchez se alista para resistir, la sociedad civil española debe hacer lo mismo. Activismo ciudadano permanente.

«En un régimen garantista como el español, que se basa en la presunción de inocencia y, por lo tanto, en la obligación de probar las acusaciones, las sentencias se van a producir tras juicios inevitablemente morosos, de años, sobre todo con los aforados»

En cuanto a la oposición, debe presentar un programa claro de regeneración democrática, que incluya poner coto a los nacionalistas periféricos, derogar el aparato «sanchista» de poder, en lugar de sustituirlo por caras amigas, y liberalizar a la economía española, en estrés permanente ante la burocracia, las regulaciones superpuestas y los altos impuestos. Pero, sobre todo, debe diseñar un programa de transparencia en los contratos públicos, fuente permanente de la corrupción. Los ministros y sus asesores no pueden ni deben interesarse por los contratos, que deben seguir un proceso exclusivamente técnico en manos de funcionarios de carrera de alto nivel.

México, que fue durante décadas uno de los países más corruptos del mundo –y que ahora vuelve a serlo–, lo logró en su periodo democrático con la creación del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), que otorgaba a cualquier ciudadano interesado, a un clic de distancia, la información de cualquier gasto público. Así supimos desde la anécdota del gasto excesivo en toallas del Embajador en Países Bajos, que le costó el puesto, hasta la llamada «estafa maestra», esa operación de uso de las opacas universidades públicas para defraudar masivamente al Gobierno tras el pago de supuestos estudios. El IFAI, por supuesto, fue cancelado por Andrés Manuel López Obrador nada más llegar al poder. En la era digital es sencillo hacerlo, sólo se requiere voluntad política y un plan claro bajo el lema de que todo gasto del Gobierno, salvo los reservados por temas de seguridad nacional, debería ser público y auditable por los ciudadanos y los medios.

«La gran preocupación del líder del PSOE era preguntarse cómo iba a pasar a la historia. La respuesta es obvia: como la mayor amenaza a la democracia española»

Cuando Máximo Huerta le presentó su dimisión a Pedro Sánchez en los primeros días de su Gobierno (Ábalos y Cerdán ya estaban amañando contratos), la gran preocupación del líder del PSOE era preguntarse cómo iba a pasar a la historia. La respuesta es obvia: como la mayor amenaza a la democracia española.