Sergio Ramírez: La «bukelización» de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, durante su visita al Cecot de El Salvador

En el siglo pasado, Costa Rica era llamada la Suiza centroamericana. Los demás países de la región eran las repúblicas bananeras, sometidas a dictaduras abyectas y crueles. En San José, los presidentes andaban a pie, sin guardaespaldas, de modo que a don Otilio Ulate lo atropelló una bicicleta mientras cruzaba la calle y fue a dar al hospital junto con el ciclista, tan magullado como él. En tanto, el viejo Somoza metía en Managua a los presos políticos en jaulas lindantes con las de los tigres de su zoológico del palacio presidencial.

La Costa Rica del siglo XX fue el resultado de la suma de reformas de dos antagonistas, el presidente Calderón Guardia, socialcristiano, que creó el Código del Trabajo y la seguridad social, y el presidente Figueres, socialdemócrata, caudillo de la revolución democrática de 1948, que, en lugar de abolir esas conquistas, sumó a ellas la abolición del ejército y la nacionalización de la banca y los seguros.

Y desde entonces, el sagrado respeto al voto popular, la alternancia en el gobierno bajo un sistema bipartidista, compuesto por los herederos tanto de Calderón Guardia como de Figueres, y la no menos sagrada separación de poderes. Además, el gasto público concentrado en la educación y la salud, una clase media creciente, y una distribución más o menos equilibrada del ingreso, sin extrema pobreza, así como un alto índice de seguridad ciudadana.

Tantas décadas después, el país ha cambiado radicalmente y ha cambiado la gente. La brecha de la desigualdad social se ha abierto, el índice de homicidios se ha disparado y proliferan los carteles de la droga. El sistema bipartidista se quebró hace tiempo y el actual presidente Rodrigo Chaves cimenta su alta popularidad en atacar al sistema democrático como ineficaz y corrupto: “las élites”, que solo sirven para ponerle obstáculos y no lo dejan trabajar. Jueces, magistrados, fiscales, contralores, todos son puestos en la picota como responsables de amparar “la dictadura del crimen organizado”.

Es aquí donde entra en escena el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Dos semanas antes de las elecciones ha llegado a Costa Rica para inaugurar, junto con el presidente Chaves, las obras de construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, gemelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de 40.000 prisioneros, famosa en todo el mundo, objeto de turismo oficial guiado, y que el propio Chaves visitó en diciembre pasado en busca de inspiración.

Su candidata ha anunciado que lo nombrará “ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes y necesarias”. Con una mayoría en la Asamblea Legislativa como la que las encuestas anuncian, esas reformas serán posibles y buscarán, sin duda, concentrar poder en manos del propio Chávez. ¿Pero, puede funcionar en Costa Rica el modelo Bukele?

El modelo Bukele, que propone la seguridad ciudadana por sobre cualquier otra consideración, empezando por los derechos humanos, se basa en el control total del Estado, jueces, fiscales, diputados, ejército y policía. Mientras, impera un estado de guerra interna permanente con suspensión de los derechos constitucionales y, por tanto, los juicios se dan sin ninguna garantía procesal. Un simple tatuaje es prueba suficiente para ser condenado por pertenecer a una pandilla delictiva.

Pero en El Salvador los regímenes dictatoriales han sido permanentes y los gobiernos democráticos la excepción. En Costa Rica, al contrario, la única dictadura que el país ha conocido se remonta a la de los hermanos Tinoco, que duró apenas dos años, de 1917 a 1919. La regla ha sido la democracia, con un complejo entramado de instituciones que actúan con la independencia que les da la Constitución. El Organismo de Investigaciones Judiciales, por ejemplo, que investiga los delitos y recaba las pruebas, depende de la Corte Suprema de Justicia y no del gobierno.

Para que en Costa Rica una megacárcel pueda funcionar como en El Salvador, sin que se sepa quién entra en ella ni por qué, se necesita prescindir del sistema judicial y que el país viva bajo un decreto de excepción, con las garantías constitucionales suspendidas, y con los medios de comunicación bajo persecución y acoso.

“El miedo debe cambiar de lado… Dios mediante lo lograremos”, alega el presidente Chaves. ¿Podrá el alegato contra el miedo obrar semejante cambio? ¿Y será de verdad, lo que los ciudadanos estarán consintiendo con su voto, la bukelización de Costa Rica?