Siete reflexiones sobre la dictadura en Venezuela

La columnista para The Washington Post y profesora asociada de la London School of Economics (LSE), Anne Applebaum, publicó su libro Autocracia S. A., en el cual analiza la nueva ola de dictadores que quieren gobernar el mundo. Indica que hoy las “autocracias no están gobernadas por un único hombre malo, sino por sofisticadas redes que cuentan con estructuras financieras cleptocráticas, un entramado de servicios de seguridad y expertos tecnológicos que proporcionan vigilancia, propaganda y desinformación”.

Con la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela, el pasado 10 de enero, se ha roto el orden constitucional en el país vecino y se ha consolidado una nueva dictadura en la región. Los asistentes a este acto -entre los cuales se incluye Colombia- han sido testigos y cómplices de este atropello a la democracia.

El régimen desconoció burdamente los resultados de las elecciones de 2024, que dieron como ganador al candidato de la oposición, Edmundo González, por una amplia mayoría según las actas de votación.

Para fraguar la usurpación del poder, el régimen acudió a todas las formas de lucha: militarizó el espacio aéreo, desplegó el sistema de misiles de defensa, cerró las fronteras e hizo uso de los cuerpos militares y policiales para reprimir. Adicionalmente, solicitó de forma arbitraria la captura del presidente electo González, acusándolo sin fundamento de una serie de supuestos delitos. Como si no bastara, secuestró días antes a su yerno, Rafael Tudares, y atentó contra María Corina Machado, la valiente líder democrática de la oposición, a quien retuvo y luego apresuradamente decidió liberarla ante la condena de la comunidad internacional.

El modus operandi del régimen es criminal y cobarde, cuyas acciones son calculadas y demuestran dosis inconmensurables de crueldad y perversidad. “La maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano”, escribía Agatha Christie, la novelista inglesa.

El libro de Applebaum y la realidad venezolana tienen un punto en común: Maduro S. A., una empresa política y criminal dirigida por un autócrata que ha hecho todo lo posible por aferrarse al poder, en colaboración de su círculo cercano y la cúpula militar, así como de algunas naciones de la región y extra regionales. En su ejercicio del poder, ha dejado al país sumido en una crisis sin precedentes en materia de democracia, DD. HH., pobreza, desarrollo y coexistencia con el narcotráfico y el delito transnacional.

Estos acontecimientos requieren un análisis profundo que vaya más allá de lo coyuntural y permita visualizar algunas líneas de reflexión y acción hacia futuro, como lo hemos venido haciendo desde el Consejo Colombiano de Relaciones Exteriores (Cori). Estas ideas están agrupadas en los siguientes puntos:

Maduró optó por seguir el modelo del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, que se caracteriza por la represión, la violencia y la persecución política contra la oposición y sociedad civil. A su vez, esta vía cierra las puertas al diálogo y la cooperación con el mundo, con el rompimiento de relaciones diplomáticas con países críticos al régimen, la desatención a los llamados de la comunidad internacional y el uso de un lenguaje confrontacional y prosaico.

Bajo su ilegitimidad e ilegalidad, el régimen venezolano se aislará progresivamente del mundo democrático e iniciará un proceso marcado por la desconfianza, las purgas internas y el enroque con sus alfiles y aliados externos. El autócrata se ha resguardado en su propio caparazón -como los animales en su propia cueva- para protegerse y negar una realidad que está ahí afuera, presente e irrefutable.

Nos adentramos en un mundo bajo el fenómeno de una nueva era de líderes autoritarios, que tienen en común el culto a la personalidad, el desprecio al estado de derecho, las movidas populistas y un ejercicio de la política basado en el miedo y el nacionalismo. Estos han tejido hábilmente una red de colaboración a nivel global, la cual les permite mantenerse en el poder -como si fueran piezas de un ajedrez-, evadir sanciones, intercambiar tecnología de vigilancia y enriquecerse ilícitamente. Dinero, seguridad e impunidad están en el centro de esta ecuación.

Hay que enumerar los países que felicitaron a Maduro por su golpe de Estado en julio pasado, con motivo de las elecciones: Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, entre otros. Asimismo, se deben reseñar los jefes de Estado de América Latina que asistieron a su “juramentación” en Caracas: Cuba y Nicaragua. Y los países que están brindando asesoramiento y armas para las milicias en Venezuela: Cuba, Irán y Rusia, según reportes de prensa.

El régimen seguirá este camino de colaboración, y en la medida en que se sienta más amenazado, profundizará aún más sus vínculos con las autocracias, para doblar la apuesta y seguir nutriéndose de recursos financieros, inversiones en el sector petrolero, facilitar el comercio ilícito de oro, recibir armas y tecnología militar, exportar drogas, traficar con personas, entre otros.

El régimen debe permitir inmediatamente una transición pacífica hacia la democracia bajo el estricto cumplimiento de las normas internas e internacionales. Debe reconocer que perdió las elecciones y que el apoyo y la confianza popular se le esfumaron.

Se hace necesario, entonces, recuperar el orden constitucional, la institucionalidad y la separación de los poderes en Venezuela, los cuales están hoy al servicio de la dictadura. Para ello, será muy importante el rol que pueda cumplir de forma pacífica y democrática la sociedad civil venezolana, cuya unión y movilización masiva son esenciales en este momento; el apego y respeto de las Fuerzas Armadas a la Constitución y la ley; y la presión de la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene el reto en este momento no solo de condenar la ruptura del orden constitucional en Venezuela, sino también de brindar todo su apoyo al presidente Edmundo González para facilitar la transición democrática, tomando como base la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. El nuevo secretario general, que será elegido en marzo próximo, deberá jugar un rol esencial en este proceso. Su voz, liderazgo y capacidad diplomática marcarán la diferencia y deberían ser factores decisivos para su designación. La lógica perversa de silencio por votos no se puede imponer. La Secretaría General no puede pasar desapercibida, más aún cuando el Estado venezolano es miembro de la Organización y ha cumplido un rol protagónico a lo largo de la historia.

La Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, está en mora de dictar las órdenes de captura contra Maduro y todos aquellos responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. El prestigio y la credibilidad de la Corte están a prueba con este caso.

La permanencia en el poder de Maduro se constituye en un factor de desestabilización, a través de un incremento de los flujos migratorios, la coexistencia con el narcotráfico y el crimen transnacional, la presencia e injerencia de fuerzas y países extrarregionales, y el empobrecimiento. Como ilustración, más de 7,7 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Esta cifra contrasta con los 5,5 millones de sirios que dejaron su nación y los más de 6,5 millones de ucranianos que tuvieron que huir por la invasión de Rusia.

El régimen venezolano utiliza la migración irregular como una herramienta política de presión hacia sus vecinos y los Estados Unidos, convirtiendo el tapón del Darién en un punto neurálgico para la permanencia y el tránsito de bandas delincuenciales (v.gr. ‘Tren de Aragua’). Así como Cuba utilizó en su momento los denominados “balseros” hacia Florida, el régimen de Venezuela utiliza hoy a los migrantes por la selva colombiana. Todo indica que esta situación empeorará.

En materia de drogas, Venezuela se ha constituido en una zona clave para el tránsito, bajo la complicidad del Gobierno. De acuerdo con Insight Crime, “en la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores. La participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína”.

En pocas palabras, la dictadura se convierte en una grave amenaza para la paz, la democracia, la libertad, y los derechos humanos en América Latina. Para Colombia, las alertas están prendidas desde tiempo atrás, con la complicidad y el apoyo que se les ha dado a grupos guerrilleros, entre otros.

Los recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de Human Rights Watch (HRW) coinciden sobre la gravedad de la situación humanitaria del país y las violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno de Maduro tras las elecciones presidenciales en julio de 2024.

La CIDH destaca que las graves violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado son consecuencia de una estrategia en tres etapas: (i) impedir la participación política de la oposición; (ii) obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente; y (iii) sembrar terror en la ciudadanía.

La acción del régimen ha sido deliberada para la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo, y la corrupción y el control de los poderes públicos han permitido que el régimen actúe con total impunidad. Las cifras indican que en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024 se presentaron más de 1.393 personas detenidas, entre ellas 117 adolescentes, y más de 23 muertos por arma de fuego.

La tendencia hacia futuro será de más represión, violación a los derechos humanos, comisión de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, con el fin de silenciar y quedarse de forma indefinida en el poder.

El régimen venezolano ha actuado, en el marco de las tres “P” del analista Moisés Naím, para asegurar su continuidad: Populismo, Polarización y Posverdad. Bajo esta última, han creado relatos e imaginarios y han pretendido hacernos creer que la verdad no tiene ningún asidero objetivo.

El régimen ha hecho uso de este instrumento y de todos los canales y medios digitales del Estado para difundir información falsa. Quizás uno de los mejores ejemplos es la versión alternativa de los hechos que construyó Diosdado Cabello alrededor del atentado y secuestro de María Corina Machado o de las marchas de la oposición el pasado 9 de enero. Para el funcionario, no existió secuestro y las movilizaciones fueron un fracaso. ¡Todo lo contrario a la realidad! El régimen continuará con sus campañas engañosas y manipuladoras. El reto es tener información confiable sobre la realidad venezolana y así poder tomar decisiones basadas en hechos reales.

La comunidad latinoamericana e internacional está llamada a defender y hacer respetar la democracia. Debe seguir observando y condenando abiertamente los abusos y las violaciones en Venezuela y contribuir a ponerle fin a la dictadura de forma urgente, en estricto apego a las normas y los principios del derecho internacional.

Esta defensa exige que los países y sus liderazgos estén a la altura de las circunstancias. Se requiere dejar a un lado los cálculos electorales, los intereses particulares y pensar en el bien colectivo. Países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana han dado un claro ejemplo, a pesar de las diversas posiciones e inclinaciones políticas que puedan tener en otros temas. La causa por Venezuela los ha convocado y unido.

Otros, como Brasil y México, están en mora de tomar posiciones más activas y firmes frente a la dictadura y condenarla. Su silencio preocupa y no coincide con su relevancia regional. La salud de la democracia en Venezuela es la paz y democracia de toda América Latina.

La administración del presidente Trump en los Estados Unidos, por su parte, tiene la oportunidad de definir un nuevo camino en su política hacia Caracas.

(*) Presidente del Cori.

(**) Vicepresidente del Cori.