Sin dinero y aislado, Nayib Bukele comienza con las confiscaciones

Un soldado salvadoreño custodia una de las busetas decomisadas por el gobierno de Nayib Bukele tras el anuncio de medidas extraordinarias por el aumento del precio de petróleo. REUTERS/José Cabezas.

Algunas escenas en paradas de buses de las rutas 42 y 152 recordaban, la mañana del lunes 14 de marzo, los días de guerra, desastres naturales y crisis económica en la capital de El Salvador. Decenas de pasajeros esperaban en largas colas las busetas que toman a diario para ir a sus trabajos y oficinas. Pero no había suficientes vehículos ni conductores. La causa del caos no era, esta vez, un combate urbano o una inundación; el origen del desorden estaba en Casa Presidencial.

El presidente Nayib Bukele anunció, la noche del jueves 10 de marzo en una cadena nacional de televisión, 11 medidas económicas para ayudar a El Salvador a sobrellevar las consecuencias económicas por las alzas en los combustibles atribuibles a la invasión rusa de Ucrania. El epílogo de ese anuncio han sido el caos y la confiscación de las busetas y buses de las dos rutas, que sirven al populoso suroccidente de la capital.

Una de las medidas es la suspensión temporal -por tres meses- de un impuesto aplicado al cobro de hidrocarburos, de USD 0.16 por galón, lo cual según el mismo gobierno generaba USD 3.84 millones al mes, con lo que el Estado añadirá, en 90 días, USD 11.52 millones al hueco fiscal de USD 1.4 mil millones que ahora tiene.

También se suspenderá otro impuesto a las gasolinas, de US$0.10 por galón, que se usaba para financiar millonarios subsidios que el Estado da a los transportistas del servicio público desde hace décadas. En El Salvador, el Estado es dueño de las líneas y rutas de transporte público, las cuales concesiona a privados para su operación diaria.

El Estado, dijo Bukele a su ministro de Hacienda, debería encontrar otras formas de pagar ese subsidio al transporte público, que se supone obliga a los transportistas a mantener fijos los precios del pasaje; es decir, el presidente suspendió por tres meses la fuente de ingresos para pagar la donación a los buseros salvadoreños, pero seguirá pagando la subvención, lo cual, por tres meses, añadirá más presión a la deuda pública.

Tras su alocución televisada y el anuncio de las medidas, Bukele advirtió en su cuenta de Twitter que el gobierno iría tras los transportistas que aumentaran el pasaje. “No jueguen con fuego”, les advirtió. Luego vino el espectáculo.

El viernes 11 de marzo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegados en las calles de San Salvador empezaron a poner multas a busetas que, se supone, habían aumentado el precio del pasaje. Luego, la noche del sábado 12 de marzo, la PNC capturó a Catalino Miranda, un controvertido líder transportista que horas antes había estado en una reunión con otros colegas de su gremio y Bukele en Casa Presidencial. Acto seguido, las autoridades confiscaron unos 300 vehículos a Acostes de RL, la asociación de transporte público que preside Miranda.

Lo primero que dijo la PNC es que la captura de Miranda tenía que ver con cobros indebidos en las busetas de Acostes y, según Ernesto Castro, diputado bukelista y presidente de la Asamblea Legislativa, al irrespeto del contrato de concesión de ruta, pero luego el director de la Policía, Mauricio Arriaza, dijo que habían detenido al transportista por resistencia al arresto.

Durante los primeros días de la semana que siguió al anunció presidencial, a la captura de Miranda y a la confiscación de las busetas, San Salvador vivió una escena que ya se ha vuelto usual en estos años de Bukele: la presencia masiva de soldados en las calles. Esta vez, los uniformados estaban al frente de buses que el gobierno puso a circular para suplir la demanda y de las busetas decomisadas a Acostes, pero todo fue un caos: no había suficientes conductores, ni vehículos, los soldados no conocían bien las rutas… Así, miles de salvadoreños que se mueven a diario por el corredor suroccidental de la capital, a la que sirven las rutas confiscadas, se quedaron varados un buen rato.

Soldados salvadoreños custodian unidades de transporte confiscadas por el gobierno salvadoreño. REUTERS/José Cabezas.

La confiscación de los buses, más que la captura de Miranda -líder de un gremio, el de los buseros, asociado con abusos, violencia y oportunismo político-, ha encendido varias alarmas en El Salvador por lo que algunos califican como un nuevo despliegue de autoritarismo de Bukele y no pocos entienden como un anuncio de nuevas medidas confiscatorias.

Bukele y sus voceros han justificado los decomisos diciendo que aplicaron los artículos 110 y 112 de la Constitución, que facultan al Estado a retomar los servicios públicos que ha concesionado, como el transporte, pero no sin que se agote antes un proceso administrativo.

“Esas facultades nunca pueden interpretarse como una ocupación abrupta de los activos de una empresa, y una suspensión del derecho, todo sin procedimiento previo”, advierte Daniel Olmedo, asesor jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en conversación con Infobae.

Olmedo señala, además, que la Constitución, en este caso, “se refiere a administrar provisionalmente la empresa (intervenida), y eso significa que la autoridad ha asumido la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de la empresa (laborales, financieras, contractuales). Si no se cumple alguno de todos esos extremos, entonces no estaríamos ante una legítima aplicación del artículo 112 de la Constitución, sino ante una confiscación encubierta; y eso es inconstitucional”.

Un líder empresarial salvadoreño que habló con Infobae desde el anonimato por temor a enfrentar represalias del gobierno, puso otro ejemplo para ilustrar la confiscación. “La ley de El Salvador también contempla que el Estado puede concesionar el espectro radioeléctrico a empresas de televisión o radio, pero si se sigue esta lógica de los buses es como si mañana deciden quitar la concesión a las televisoras locales y también se quedan con sus estudios, edificios, cámaras, etc.”, dice.

Sulen Ayala, abogada salvadoreña especializada en derecho laboral y crítica del presidente, ve en esta acción “una nueva puesta en escena del gobierno, que le quiere hacer creer a la gente que está haciendo las cosas por su bien”.

Ayala, además, ve una intención ulterior en la confiscación de buses, una advertencia a quien se atreva a desafiar al gobierno de Bukele.

“Resulta interesante ver que el señor Catalino Miranda no es el dueño de los buses de las rutas 42 y 152; la dueña es una persona jurídica llamada Acostes de R.L.; es decir, se ha detenido ilegalmente a una persona y se le está atacando de forma individual desde el gobierno, pero le han confiscado los buses a una persona jurídica. Este es un mensaje claro de intimidación y matonería hacia todos los empresarios del país”, dice la abogada.

El resto de las medidas planteadas por el presidente para aliviar la crisis económica tiene que ver con la suspensión de aranceles de importación a productos de la canasta básica, lo cual algunos especialistas consideran no tendrá efectos inmediatos para aliviar el bolsillo de los salvadoreños y más bien podría generar más inflación y desincentivar aún más la moribunda producción agrícola nacional.

“Muchos de los productos que se mencionaron pagan cero por ciento de arancel y tampoco van a ser alivio… esa medida va a tener un impacto limitado y no va a ser lo que ha dicho el presidente”, le dijo el economista Luis Membreño a un periódico local.

Este analista entiende también que las nuevas medidas tendrán un impacto negativo para el déficit fiscal y, eventualmente, para el posible escenario de impago que se cierne sobre El Salvador. “El gobierno le quita a la recaudación y le mete más gasto al subsidio, más empleados (conductores de buses) y otras medidas que le van a generar gastos. Esto deteriora la situación fiscal de un país sobreendeudado desde hace dos años”, advierte.

De la invasión rusa a la expropiación de busetas

Los guiones políticos y de propaganda del presidente salvadoreño son cada vez más disparatados y, a juzgar por las reacciones de sus conciudadanos en redes sociales, menos efectivos. El principio de la confiscación de las busetas está, por lejano que parezca, en la guerra en Ucrania.

Bukele volvió a una cadena nacional de televisión y radio, su forma preferida de comunicación política después del Twitter, tras varias semanas de ausencia, marcadas por la falta de condena de su gobierno a la invasión rusa de Ucrania y por el aislamiento internacional que le han traído a El Salvador las malas relaciones con Estados Unidos.

Entre finales de febrero, cuando inició la invasión rusa, y sus anuncios del 10 de marzo, la agenda presidencial había girado alrededor de un hospital para mascotas, que se supone se construyó con ganancias por la compra de Bitcoin, y un silencioso intento por colocar entre inversionistas internacionales el llamado bono Bitcoin, con el que El Salvador quiere reemplazar los USD 1.3 mil millones de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) estancado desde el año pasado tras el enfriamiento de las negociaciones luego de que San Salvador adoptó la criptomoneda para circulación oficial.

El presidente Nayib Bukele durante la intervención televisiva en la que anunció medidas extraordinarias por el aumento de los precios de los combustibles. Reuters.

El anuncio de las medidas económicas marcó, también, la primera vez que el presidente Bukele se refirió a la invasión rusa, pero lo hizo para intentar explicar los efectos de ese conflicto en los precios internacionales del petróleo y cómo la subida de estos afecta el bolsillo de sus gobernados. No hubo, en el discurso, condena a los rusos.

La ley salvadoreña establece que solo el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores pueden definir la política internacional de El Salvador. La ministra de Exteriores, Alexandra Hill, apenas se ha pronunciado sobre algo en todo lo que va del gobierno Bukele. En el caso de la invasión rusa, fue el presidente quien finalmente sentó la posición del país en esa cadena en que anunció la suspensión de impuestos a la gasolina.

En general, Bukele adoptó el discurso de Moscú. Se refirió la invasión como un “conflicto entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)” y atribuyó la subida de los precios del petróleo únicamente a la decisión internacional, liderada por Washington, de imponer sanciones económicas a Rusia.

Desde el año pasado, cuando la administración Biden en Washington sancionó a varios funcionarios de Bukele señalados por corrupción y una corte en Nueva York adelantó la posibilidad de estudiar cargos criminales a bukelistas acusados de pactar con las pandillas MS13 y Barrio 18 en nombre del presidente salvadoreño, la relación diplomática entre El Salvador y la Casa Blanca se vino a pique. Bukele empezó, entonces, a afianzar cabildeos entre republicanos cercanos al expresidente Donald Trump y a buscar guiños en Rusia y China.

Para El Salvador, la mayor sombra, más que las del oso ruso o el águila estadounidense, sigue siendo el impago de la deuda, que el ministro de Hacienda de Bukele, Alejandro Zelaya, ha negado con vehemencia. “Hay riesgo cero”, de que ocurra, dijo la semana pasada el funcionario en una entrevista televisiva. Pero, aparte del optimismo oficial, hay muy poca fe entre casas analistas de riesgo de que El Salvador llegue a enero de 2023, cuando le toca pagar USD 800 millones, con las cuentas hechas. Ya las casas Fitch y Moody’s bajaron la calificación de riesgo a El Salvador hasta colocar el valor de su deuda en categorías de basura.

El estancamiento en las negociaciones con el FMI, en el que las malas relaciones de Bukele con la administración Biden no juegan un papel menor, ha obligado al salvadoreño a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Una de ellas en países tradicionalmente alejados de la órbita salvadoreña, como la Rusia de Vladimir Putin, a donde Bukele tiene programado viajar en junio.

Dos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño y dos analistas que estudian El Salvador desde la bolsa estadounidense confirmaron a Infobae que Bukele despachó al ministro Zelaya a España a buscar colocar el llamado bono Bitcoin, que el gobierno salvadoreño pretende respaldar con las inversiones hechas en la criptomoneda con fondos públicos. No hay aún información sobre los resultados de esa gira, como no hubo siquiera información pública del viaje, pero hay algunos indicios.

Uno de los funcionarios del Ejecutivo que habló con Infobae confirmó que el gobierno salvadoreño se ha reunido con varios grupos de inversionistas, sobre todo en Europa, pero que la mayoría aún no están convencidos de comprar. “Sigue habiendo muchísimas dudas”, dijo un analista de riesgo que habló con inversionistas que han escuchado la propuesta salvadoreña.

Las medidas temporales para hacer frente a la inflación y a los altos precios del combustible, que Bukele anunció luego de su diatriba prorrusa en televisión nacional y que desembocaron en caos en las paradas de buses de San Salvador, abrieron la discusión a otro de los elefantes que deambulan por la cristalería de las finanzas salvadoreña: la reforma del sistema de pensiones, por ahora en manos privadas.

Cuestionado por el fracaso del operativo militar para reemplazar las busetas decomisadas y la posibilidad de que cambie el sistema previsional, que el gobierno lleva meses anunciando sin dar detalles, Carlos Hermann Bruch, un diputado bukelista, adelantó la posibilidad de que Bukele se disponga a nacionalizar las pensiones.

Bukele sí logró, de nuevo, que buena parte de la opinión pública se distraiga con el caos de los buses mientras se cocina en la oscuridad la reforma de pensiones y el país navega a la órbita internacional en la que habitan líderes como Vladimir Putin, el autócrata ruso.