Soberanía popular versus chavismo: una enseñanza para Cuba

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, sometido al chavismo, declaró a Nicolás Maduro ganador con el 51,2% de los votos. Mientras, María Corina Machado anunció poseer las pruebas del fraude y declaró a Edmundo González vencedor con más del 70%, una diferencia récord en la historia de Venezuela.

En referencia a las elecciones venezolanas del domingo 28 de julio, escribí en DIARIO DE CUBA: «los antecedentes permiten asegurar que la potencial derrota del chavismo trazará un antes y un después en la historia política de Venezuela y de América Latina«.

Nicolás Maduro, consciente de la inalcanzable ventaja de Edmundo González y de los fracasos precedentes en los intentos de establecer una dictadura con ropaje constitucional, decidió que esta vez el fraude tenía que acompañarse con un acto de fuerza mayor: un golpe de Estado. Tesis que se confirma con un breve recuento.

En 1999 Chávez inauguró la llamada Revolución Bolivariana y convocó a una Asamblea Constituyente para institucionalizar una dictadura por vía constitucional. Con ese fin promulgó en 2001 un paquete de leyes que provocó un paro obrero-patronal y un intento de golpe de Estado que terminó en 2002 con su restitución en la presidencia.

En 2004, en un referendo revocatorio convocado por la oposición, Chávez se impuso, e imbuido por esa «victoria» en 2006 llamó a otro referendo con el propósito de imponer una dictadura por la vía constitucional, pero esta vez el pueblo dijo «No». Luego, en febrero de 2009, convocó un nuevo referendo para eliminar los límites a la reelección —una condición necesaria para eternizarse en el poder con carácter legal— en el que logró imponerse.

En 2013, después de ser reelecto para un tercer mandato consecutivo, su fallecimiento obligó a convocar nuevas elecciones, en la que Nicolás Maduro obtuvo una ajustada victoria frente a Henrique Capriles de 7.587.532 (50,61%) sobre 7.363.264 (49,1%). Esa mínima diferencia de 224.268 en casi 15 millones de votos válidos, ante un gobierno con un abultado expediente de violaciones, desencadenó las violentas manifestaciones de 2014.

En 2017, después de las protestas masivas que dejaron un saldo de 160 muertos y miles de heridos, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente con los mismos fines que su progenitor. En 2018 se atribuyó la victoria en las elecciones presidenciales, generando con ello una crisis presidencial en la que Juan Guaidó encabezó un levantamiento cívico-militar y fue nombrado presidente interino. En enero de 2019 la Asamblea Nacional declaró que Maduro estaba usurpando el cargo de presidente y Juan Guaidó —en calidad de presidente de la Asamblea Nacional— tomó juramento como presidente encargado y fue reconocido por más de cincuenta países, hasta que en 2020 Maduro se impuso en las elecciones parlamentarias, previo boicoteo a los principales partidos y líderes opositores, terminando así con la presidencia interina de Juan Guaidó.

El chavismo, en su obsesión por el poder, no se percató que, en ese proceso de elecciones y referendos, el pueblo venezolano había aprobado con notas sobresalientes la asignatura soberanía popular, definida por Juan Altusio como «un patrimonio colectivo que reside en el pueblo, el cual no puede ser enajenado ni transferido, pero sí representado por un gobernante designado que puede ser destituido por el pueblo, que es el soberano».

De la soberanía popular, como poder del pueblo, emanan tres principios básicos: las elecciones periódicas y libres de los gobernantes, la separación de los poderes públicos, y la sociedad civil; principios reiteradamente violados en Venezuela.

De imponerse el golpe de Estado, además de la profunda crisis humanitaria y económica en que el chavismo ha conducido a Venezuela, provocará más víctimas, más retroceso económico, más limitaciones a las libertades y mayor éxodo, que ya sobrepasa los 7,7 millones de personas. A pesar de todo ello, el chavismo no podrá sostenerse ante un pueblo decidido, con un alto nivel de conciencia y dispuesto a reconquistar su libertad.

Las salidas pueden ser muchas. Dos de ellas son:

la que está en marcha, que consiste en el cierre de filas de la comunidad internacional para exigir con mayor fuerza un recuento de votos en presencia de la oposición y de los observadores internacionales;

la repetición de las elecciones, con mayor presencia de observadores internacionales y de la oposición, y con la participación de todos los venezolanos residentes en el exterior.

En el primer caso, figuras de todos los colores políticos, incluyendo a líderes de la izquierda cercanos al chavismo, han coincidido en desconocer los resultados oficiales y plantear un recuento de los votos «mesa por mesa para que los resultados puedan ser verificados». Mientras, el Centro Carter ha planteado en un comunicado que «La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática«.

El segundo caso depende del resultado del primero.

El argumento en ambos casos es que las elecciones recién celebradas fueron precedidas por el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales, firmado entre el Gobierno y la oposición en 2023; acuerdos violados por el chavismo desde el mismo momento de su firma.

Lo que no puede permitirse es que a un pueblo que ha ganado en las urnas sin empleo de la violencia, se le arrebate la victoria por la vía de la fuerza y se le abandone a su suerte; una suerte que desborda sus fronteras para devenir en símbolo de la lucha entre democracia y dictadura a escala global.

En nuestro caso, el de Cuba, lo que está ocurriendo en Venezuela ayudará a comprender mejor el daño causado por la implantación de un totalitarismo que, a diferencia de Venezuela, sí logró barrer con la institucionalidad existente, con los derechos y libertades, con la sociedad civil, y con el ciudadano; lo que hace la diferencia entre ambas situaciones e indica que nuestro camino pasa por la recuperación de las libertades que el chavismo no pudo eliminar en Venezuela.