Trabas legales y migratorias agobian a 52 000 nicas solicitantes de refugio en Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- “Cuando el bebé nació, no me aceptaron ponerle el apellido del papá, porque la identificación de él estaba vencida”, recuerda la nicaragüense Nydia Monterrey, sobre el que califica como uno de los momentos más especiales en su vida, que se vio estropeado por la burocracia estatal y su estatus migratorio en Costa Rica. Monterrey es una de los más de cien mil nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica.

De 2018 a la fecha, huyendo de la represión estatal y de la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua, más de cien mil nicaragüenses han cruzado al país vecino. El nuevo flujo migratorio nicaragüense llegó buscando seguridad, empleo y una condición migratoria regular. De inmediato las autoridades costarricenses de Migración se vieron desbordadas por las peticiones de refugio, y a miles les extendieron carnet de refugio provisionales.

Actualmente, más de 52 000 de un total de 64 256 nicaragüenses con carnets de refugio provisionales tienen su documento caducado y con citas de revalidación programadas hasta dentro de seis meses. La situación provoca diversas trabas para los refugiados: no les atienden en bancos o casas de remesas, se les dificulta acceder a empleos o, en casos como el de Nydia, no pueden completar trámites como la correcta inscripción del nacimiento de su hijo.

Allan Rodríguez, jefe de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, explica que, por la pandemia de covid-19, estuvieron suspendidas las entrevistas de elegibilidad y las recepciones de solicitud de refugio durante unos ocho meses.

“El primero de diciembre de 2020 se reactivó la atención presencial, pero en más del 50% de las entrevistas programadas no han asistido los solicitantes”, indica.

Trámite lento, retrasado aún más por pandemia

A casi tres años, desde el exilio masivo de nicaragüenses por la persecución política, Costa Rica ha otorgado refugio a 3345 nicaragüenses, y otras 5334 solicitudes han sido rechazadas. En total, son 8679 expedientes revisados por las autoridades. Sin embargo, esto equivale solamente a un 7.48% del total de 116 000 solicitudes de refugio realizadas, según las cifras brindadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica a CONFIDENCIAL.

En otras palabras, hay 107 321 solicitudes de refugio en la tubería, incluyendo los de 64 256 nicaragüenses (equivalentes al 55.3%) que han obtenido carnets provisionales de refugio; otros 30 000 (25.8%) que están pendientes de formalizar su solicitud, y 3500 (3%) que han desistido de la solicitud y optaron por regresar a Nicaragua.

Para los nicaragüenses cuya solicitud de refugio ha sido denegada, las autoridades costarricenses anunciaron una nueva categoría migratoria de carácter humanitaria, que les permita seguir viviendo en Costa Rica. Sin embargo, la gran mayoría (los más de 64 000 nicaragüenses) que solamente cuentan con un carnet provisional de solicitud de refugio están a la espera de la cita de elegibilidad y el proceso, que ya era lento, se ha retrasado aún más a raíz de la crisis sanitaria de covid-19.

Sin poder trabajar, enviar remesas o ir al banco

El pasado 21 de enero, en las inmediaciones de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en San José, unos 25 nicaragüenses solicitantes de refugio, realizaron un plantón en el que denunciaron las limitantes que han tenido en Costa Rica, como el vencimiento de su carnet y la compleja burocracia para atender sus procesos.

María Guadalupe Morales, miembro de la Asociación Desarrollo Integral para el Refugiado en Costa Rica, asegura que como solicitantes de refugio no pueden optar a una plaza (fija o temporal) en algunas empresas, ya que las identificaciones, a pesar de tener un permiso laboral, no son reconocidas por algunos empleadores.

“Lo primero que dicen las empresas es que no van a pagar un seguro a la Caja Costarricense por un permiso temporal, del que no tienen certeza si será renovado o no. Otro problema que tenemos es la renovación de los permisos laborales. La mayoría los tienen vencidos y la forma que están utilizando para la renovación es obsoleta, no dan respuesta”, critica.

Renovación: un proceso engorroso y cansado

Luego de pasar 63 días atrincherada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua) y ser una de las sobrevivientes del ataque a la Iglesia Divina Misericordia perpetrado por el Gobierno Ortega-Murillo, Nydia Monterrey, otra nicaragüense ahora refugiada en Costa Rica, se exilió el 21 de julio de 2018.

“Estuve alzando la voz por todos los estudiantes asesinados, intentando recuperar la autonomía universitaria… el día del ataque, utilicé mi celular para dejar en evidencia lo que estábamos viviendo, use Facebook y transmití en vivo”, recuerda. Monterrey salió del país por temor a sufrir cárcel o muerte, en un momento en que el régimen emprendió una especie de cacería contra quienes se habían manifestado en su contra.

Seis meses después de llegar a Costa Rica, tuvo su primer carnet provisional de refugio. Tres meses más tarde le entregaron el permiso laboral. Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2020 tiene vencida su identificación y renovarla ha sido un proceso engorroso y cansado, asegura.

Para renovar el carnet de refugio o solicitar cualquier trámite migratorio en Costa Rica, se debe hacer una cita que requiere tiempo y dinero. El proceso empieza con marcar al 1131, o a través del Sistema de Citas en Línea por la web de Migración. Para poder acceder a ese servicio es necesario contar con una línea telefónica de una compañía en particular (Kolbi) y tener 3000 colones de saldo (equivale a casi 5 dólares). La llamada tiene una duración de solo cuatro minutos. A partir de ahí, empieza la gestión de las solicitudes.

Esperar seis meses para renovar la identificación resulta preocupante para la comunidad de solicitantes de refugio. Monterrey tiene su cita para marzo de este año, es decir que renovará su carnet un año después de su vencimiento.

Acceso a salud, otra de las preocupaciones

Además de conservar una condición migratoria regular, a los solicitantes de refugio que no tienen empleo formal ni manera de pagar, les preocupa no poder acceder a servicios de salud.

ACNUR tiene un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social bajo el que aseguran a 6000 personas refugiadas y solicitantes de refugio en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este seguro se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2021.

A pesar de ello muchos refugiados han tenido obstáculos por el vencimiento del carnet, como es el caso de Nancy Céspedes, refugiada nicaragüense, que no fue atendida en el centro de salud del Barrio La Carpio.

“Desde diciembre que se venció, a mí no me continuaron dando mis medicamentos. Fui a solicitarles porque soy cardiópata, hipertensa y asmática, tengo el seguro de ACNUR y se me negó la atención médica, más bien me mandaron para Nicaragua”, denuncia.

Serán vacunados, pero deben estar “en regla”

En medio de la pandemia de coronavirus, la inquietud sobre quiénes serán inmunizados también asalta a los nicaragüenses exiliados, sobre todo a quienes tienen trabajos informales y de constante interacción con otras personas.

El 23 de diciembre de 2020 llegó a Costa Rica el primer lote de vacunas contra la covid-19. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología estableció cinco grupos de riesgo a vacunar prioritariamente.

Consultado por CONFIDENCIAL, el doctor  Roberto Arroba, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expuso en conferencia de prensa que se aprobó vacunar a los solicitantes de refugio, refugiados y residentes en el país, pero para ello deben tener sus “papeles en regla”, es decir, tener estatus migratorio regular y cumplir con algún requisito de los cinco grupos.

Aún así, quedan por fuera quienes no han logrado regular su situación migratoria. El Servicio Jesuita para Migrantes calcula que aproximadamente 260 000 nicaragüenses en Costa Rica no cuentan con seguro social.

“Si la política o este plan de vacunación excluye a alguna población, se está enviando un mensaje de que la política pública de salud, que es una política de Estado, está siendo discriminatoria y eso me parece que es un mal mensaje, en particular para un país que enarbola la bandera de derechos humanos. Nosotros lo que planteamos es que se explore posibilidades de cooperación internacional”, argumenta Gustavo Gatica López miembro del Comité Técnico del Colectivo Bienestar y Migraciones Costa Rica.

DGME: Carnés siguen vigentes si se tienen cita de revalidación 

La Unidad de Refugio de Costa Rica afirma que, para no dejar en desprotección al solicitante de refugio, el documento provisional vencido seguirá vigente, pero siempre y cuando tengan agendada una cita de revalidación. El comunicado fue publicado en el sitio web.

Sin embargo, ese anuncio no es del conocimiento general de la población costarricense e incluso funcionarios públicos desconocen de la prórroga. Rodríguez afirma estar al tanto de esta problemática y asegura que muchas veces esta situación en particular es de las personas que están de cara a la atención al cliente.

“Supuestamente Migración extendió un comunicado donde decía que el carnet seguía siendo válido, pero en los hospitales, en los bancos, en empresas donde te envían dinero, no aceptaban el carnet vencido, aun cuando yo llevaba en mi teléfono la captura de pantalla donde Migración decía que extendía la fecha”, expone Nydia.

Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ expone que el hecho de tener un carnet o documento vencido inhibe a los refugiados de servicios que brindan instituciones públicas o privadas.

Abarca hace un llamado urgente al estado costarricense para que mejore estos procesos. A su vez, comenta que han enviado comunicados a la Dirección General de Migración y Extranjería para que actúe sin dilación, en un contexto de igualdad y no discriminación.

Demandan procesos sean más ágiles y sencillos

La comunidad nicaragüense en Costa Rica y las organizaciones aliadas valoran los esfuerzos que ha hecho el gobierno costarricense en el trato a las personas extranjeras y el buen manejo de la pandemia de covid-19, pero demandan premura y escucha sobre la gestión de sus procesos migratorios, ya que de eso depende que puedan acceder a empleos, servicios y otras gestiones que les permitan aportar al país.

Por su parte, Nydia aboga por que todas las instituciones estatales y privadas estén informadas sobre los cambios en los trámites de los procesos migratorios y pide que sean más sencillos, amigables y accesibles para todo el mundo.

Esto es parte de las diversas limitantes que enfrentan decenas de miles de nicas solicitantes de refugio en Costa Rica sin posibilidad y, algunos sin confianza, de volver a Nicaragua.

“¿Cómo voy a regresar a Nicaragua si no brinda condiciones?. Ver la situación allá ha sido agobiante… es un reto guardar en mis adentros una esperanza de que vamos a salir de esto”, lamenta Nydia.