Trump y la sentencia Sullivan
La libertad de expresión está seriamente amenazada en el país que con más propiedad ha sentado jurisprudencia sobre la materia. La reciente demanda presentada, y rechazada, por Donald Trump contra The New York Times por una cifra extravagante de 15.000 millones de dólares, porque se siente “difamado libremente durante mucho tiempo”, obliga a revisar cómo se ha sostenido esta libertad fundamental en Estados Unidos.
La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776 -¡hace dos siglos y medio!- estableció que “la libertad de prensa es de los grandes baluartes de la libertad y nunca puede ser restringida por gobiernos despóticos”. La I Enmienda de la Constitución (1791) consagró que “el Congreso no hará ninguna ley (…) que restrinja la libertad de palabra o prensa”, sin mencionar limitación alguna que sí contiene, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, y que copian numerosas cartas magnas, para contener “el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.”
La libertad de expresión en Estados Unidos no era, sin embargo, absoluta por cuanto la I Enmienda se refería al Congreso pero no a las cámaras legislativas de los estados de la Unión. En 1925, una sentencia (Gitlow v. People of New York) del Tribunal Supremo, en oposición a esa competencia de los estados, establece la libertad de expresión como un derecho fundamental al igual que la vida, la libertad y la propiedad, constituyéndose, por tanto, en pieza básica del sistema político.
La considerada como la sentencia más importante de la libertad de expresión ocurrió en 1964 a partir de una demanda precisamente contra The New York Times. Los hechos fueron así: el diario neoyorquino publicó un anuncio en apoyo a la campaña de movilizaciones por los derechos civiles de Martin Luther King que hacía referencia a los excesos policiales. El comisario de Montgomery, Alabama, Lester B. Sullivan, demandó al periódico por falsedades y el medio fue obligado a pagar una indemnización por 500.000 dólares.
El Tribunal Supremo, en sentencia del juez William J. Brennan Jr., líder liberal de al Corte por su oposición a la pena de muerte y a favor del derecho al aborto y de las personas homosexuales, revocó la condena para dar lugar a un régimen jurídico de la prensa que la convierte en “perro guardián” de las libertades. Y que se resume en estos puntos: uno, los errores en la expresión de informaciones son inevitables si se quiere proteger la libertad de expresión, lo cual es una garantía para que las libertades respiren; dos, ha de probarse la intención de difamar (malicia real); y tres, el perjudicado tiene que probar la ausencia de veracidad.
La sentencia, de impacto fuera de las fronteras de Estados Unidos, incluida la legislación vigente en Europa, es de apariencia sencilla pero medular para proteger la actuación de la prensa y, muy especialmente, la vida en libertad, tan inquietante en esta época. Y su alcance está en el fondo de la resolución del juez de distrito en Florida Steven D. Merryday al declarar impropia e inadmisible la demanda de Trump contra The New York Times porque está llena de “argumentos tendenciosos”.
