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Un año de la dominación de Daniel Ortega en Nicaragua por medio del terror

El presidente del país y su esposa siguen aferrados al poder, a pesar de las movilizaciones ciudadanas que reclaman desde hace un año el fin de la represión y su salida del Gobierno

Daniel Ortega sigue aferrado al poder, determinado a mantenerse en la presidencia hasta las elecciones del 2021. Cuando se cumple un año desde que decidiera reprimir con extrema violencia una cadena de manifestaciones y bloqueos de calles por todo el país, lo que provocó 325 muertos y unos dos mil heridos, nada parece inquietar al líder sandinista. Ni la contestación interna, que nunca ha cesado, ni la presión y sanciones internacionales, ni la profunda crisis económica. El presidente nicaragüense y Rosario Murillo, su mujer y vicepresidenta, están convencidos de que podrán sortear todas las tormentas.

«La dictadura se ha fortalecido, domina el país por medio del terror, y la población no tiene muchas opciones. Salir solo a las marchas es arriesgarse a que te detengan, y salir en grupo, a un balazo», le dice a EL MUNDO Donald Castillo, ex embajador de Nicaragua en Madrid, en entrevista telefónica. «Lo único que se ha podido lograr este año es un rosario de condenas internacionales que no alteran en absoluto el poder de la dictadura, sino que más bien tienden en reforzarla. Todo el país está organizado para reprimir la protesta allá donde ocurra y mientras la comunidad internacional apoya y celebra la voluntad del Gobierno de sentarse a negociar con la Alianza Cívica, aquí no se ha avanzado un milímetro en solucionar la crisis».

Tanto el antiguo diplomático como otros opositores consultados por este diario están convencidos de que Ortega no tiene el menor interés en sellar pactos tras volver a la mesa del Diálogo Nacional el pasado 27 de febrero. Su único objetivo es ganar tiempo. «No sé si la comunidad internacional es ingenua o se lo hace por conveniencia al creer que dictaduras como Nicaragua o Venezuela pueden negociar para perder el poder», analiza Castillo. «Aquí no se habla con un Gobierno, sino con una mafia internacional que no ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados. Sigue la represión, las detenciones diarias, incluso alguno de los liberados los han vuelto a tomar presos. Es un diálogo de sordos», agrega.

«Ortega es más astuto, más mañoso, juega a alargar, a cansar, a dividir«, anota Javier Pastora, reputado cirujano de León y uno de los primeros médicos que el régimen echó de su trabajo por atender a manifestantes que llegaban heridos al Hospital de su ciudad.

De los cuatro puntos que la Alianza Cívica y el Gobierno sandinista pactaron discutir, sólo en el referido a la liberación de todos los presos políticos se ha producido algún avance, aunque raquítico. El Gobierno excarceló a un centenar de reos, si bien no les retiró los cargos, que suelen ser de terrorismo, y luego se comprometió a soltar a los 770 restantes en un plazo de 90 días contados a partir del 3 de abril. Pero menos de una veintena ha regresado a sus hogares desde entonces.

En cuanto a la restitución de las libertades individuales, nada ha cambiado. Expulsó a varias ONG y organismos internacionales de DDHH, prohíben manifestaciones, incluso la convocada para este miércoles con motivo del primer aniversario del estallido social aunque salieron a las calles sin permiso, y continúan los arrestos sin motivo. En cuanto a la reforma electoral, imprescindible para celebrar elecciones limpias, está en punto muerto. Igual ocurre con el plan de justicia para víctimas de la represión.

«Nosotros sentimos que el Gobierno ha tomado la posición de mostrar poca voluntad de buscar solución a los problemas«, comenta a este diario Juan Sebastián Chamorro, director del think tank Funides y representante del sector privado en el Diálogo Nacional. «Están en una táctica de ganar tiempo. Aparentan que se está avanzando en el punto de los presos y libertades cívicas, pero son cortinas de humo para dar largas al tema de fondo: la democratización del país, la celebración de elecciones anticipadas».

Contrario a quienes creen que Ortega podrá resistir, Chamorro estima que «es insostenible, ha llegado a una etapa terminal. El adelanto electoral es lo único factible porque las condiciones en lo humanos no dan pie a que el país pueda aguantar hasta el 2021», afirma. «La crisis económica es una de las peores que ha vivido Nicaragua en sus últimos 40 años. Hay una caída dramática de la producción, sectores económicos como el turismo han colapsado, la construcción ha bajado más del 15%, en el comercio 450.000 personas han perdido el empleo, 50.000 han dejado el país. La fragilidad de nuestro sistema financiero obliga a los bancos a restringir los créditos, y si a eso le suma el impacto humano de los asesinados, presos políticos, heridos, estamos hablando de una combinación de factores sin precedentes. Nicaragua no tiene el privilegio de estar sentado sobre petróleo, como Venezuela, y las necesidades financieras son muy apremiantes».

Entre los sectores damnificados, figura el personal que fue despedido de varios hospitales públicos de manera ilegal, «por prestar atención a los heridos y por participar en manifestaciones pacíficas», recuerda en entrevista con EL MUNDO el cirujano Pastora. «La Asociación médica de Nicaragua requiere que la Unidad Cívica incluya en las negociaciones un punto donde exija nuestra reinserción laboral y la reincorporación en las Universidades de los estudiantes expulsados».

 

 

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