Un escándalo que mancha el prestigio de la ONU
Las investigaciones sobre la criminal matanza y secuestro de israelíes llevados a cabo por Hamás, el 7 de octubre, están causando un descomunal estruendo internacional
La extirpación de los núcleos terroristas de Hamás del tercio norte de la franja de Gaza está permitiendo a Tel Aviv ahorrar fuerzas y moverlas a otras zonas del país. La División Ga’ash nº 36, por ejemplo, ha sido desplegada en Samaria, orientada hacia el Líbano y el Golán. Un acción de finalidad defensiva y reorganizadora que, en su caso, permitiría a esas fuerzas alcanzar rápidamente la Línea Azul de separación entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los terroristas de Hizbolá. Es también del interés de Hizbolá/Irán fijar fuerzas israelíes lejos de la Franja, especialmente de Jan Yunis donde los terroristas van siendo aniquilados por la potencia combativa del binomio infantería-zapadores israelí. La hipótesis más probable es que Hizbolá no planteará una guerra total contra las FDI, mientras que ni el escenario de la guerra se degrade más, ni Israel ni EE.UU. ataquen directamente objetivos iraníes.
Un dron suicida lanzado, el pasado día 27, por las milicias proiraníes Resistencia Islámica, que operan en Siria e Irak, impactó en las viviendas de una base avanzada norteamericana (Torre 22) en Jordania, casi fronteriza con Siria, ocasionando tres muertos (un sargento y dos especialistas de ingenieros) y 40 heridos. Aunque, desde el 7 de octubre, ya son más de un centenar las acciones de hostigamiento contra instalaciones norteamericanas en Oriente Próximo, esa ha sido la primera en la que ha habido bajas mortales, lo que supone un claro desafío iraní, aunque Teherán lo niegue.
Tal rosario de ataques unido a que los hutíes prosiguen hostigando el tráfico marítimo en el sur del mar Rojo están originando una enorme presión política doméstica, especialmente en el Senado, sobre el presidente norteamericano. Los republicanos pretenden empujar a Biden a responder empleando la fuerza, incluso contra Irán. En definitiva, está en cuestión la política disuasoria de Biden cuando disminuyen sus expectativas de continuar en la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre. Dentro de ese marco, tras una reunión, en París, el domingo pasado, entre los responsables de Inteligencia de EE.UU., Israel, Egipto y el primer ministro de Qatar parece posible un acuerdo de alto el fuego temporal en Gaza para intercambio de secuestrados por prisioneros.
Particularmente significativo ha sido el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el pasado viernes, en relación con el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel. La Corte no ha encontrado base para tal acusación, bien que haya pedido a Israel la adopción de medidas para prevenir un genocidio en su campaña en Gaza. Por otra parte, las investigaciones sobre la criminal matanza y secuestro de israelíes llevados a cabo por Hamás, el 7 de octubre, están causando un descomunal estruendo internacional, por la posibilidad de simbiosis entre Hamás y una agencia de la ONU. Algo que ya se sospechaba tras descubrirse la gran complejidad y coste económico de la red de túneles (más de 700 km) fabricados por Hamás. Laberinto donde los terroristas posicionan sus centros neurálgicos, camuflados bajo instalaciones civiles (hospitales, escuelas y edificios residenciales).
Lo más grave, quizás, haya sido la constatación de que los ocho grandes campos de refugiados bajo auspicio de la ONU: Jabalia, Shati, Nuseirat, Bureij, Maghaci, Deir el-Balah, Jan Yunis y Rafah han sido aprovechados para escaquear infraestructuras de la trama terrorista. Y, para colmo, que empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) participaran activamente en la preparación y ejecución de la masacre del 7 de octubre. Un escandaloso desenfreno que podría incluso manchar a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), organismo para la evaluación y coordinación de programas, directamente dependiente del Secretario General de la ONU.
No es de extrañar que ya más de 15 países (EE.UU., Francia, Finlandia, Italia, Canadá, Australia, Suiza, Reino Unido, Japón, Países Bajos y Alemania, entre otros) hayan suspendido su financiación a una agencia que ha gestionado gran parte de la ayuda internacional a los territorios palestinos, calculada en más de 50.000 millones de dólares desde 1.993. Tampoco sorprende que España, con un presidente del Gobierno ensalzado explícitamente por Hamás y sus primos hutíes, mantenga intacta su financiación a la Unrwa.