Uribe le pide a Duque recurrir a unas Fuerzas Militares cada vez más ideologizadas

El domingo, ante la evidencia del caos y el miedo generalizado que se vive en Cali, el Centro Democrático le pidió públicamente al presidente Iván Duque “una acción militar contundente y sostenida” para restablecer el orden público en la ciudad.

El presidente —cada vez más acorralado políticamente— empieza a recurrir a medidas ejecutadas por la Fuerza Pública para avanzar en soluciones al paro. Ante otros caminos cerrados, esta parece ser su última línea de defensa. Anoche antes de viajar a Cali a la madrugada, Duque ordenó a su ministro de Defensa garantizar “el mayor despliegue del que se tenga de capacidades de nuestra Fuerza Pública”.

Esta presión para involucrar al Ejército en un momento tan complejo de movilización social, plantea un riesgo en esta coyuntura porque las Fuerzas Militares, como la Policía, han vivido un proceso creciente de politización y beligerancia política. Y el mando civil sobre las fuerzas no solo se ha debilitado en los últimos años, sino que se ha fundido con el militar, con lo cual esa ideologización carece de un contrapeso.

Los militares en Cali

En este momento hay dos mil militares en Cali cumpliendo la función de asistencia militar, una figura que como se explicó en esta entrevista, es un mecanismo que contempla el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para apoyar a la Policía cuando una situación de grave alteración de la seguridad excede su capacidad para poder cumplir con sus obligaciones.

En Cali, en particular, consiste en apoyar o reemplazar a la Policía en algunas labores claves, tales como la vigilancia de carreteras, con el fin de que los policías puedan trasladarse al casco urbano. También ayudan en temas de patrullaje y atenciones médicas.

“Nosotros no cuidamos a las personas porque el trabajo de seguridad ciudadana le corresponde a la Policía Nacional, nosotros estamos en puntos críticos”, le explicó a La Silla el Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño, de la tercera división del Ejército.

Esos puntos críticos en Cali, por ejemplo, son las 14 estaciones de combustible en las que hace presencia el Ejército (18 hombres en cada punto), la bocatoma del acueducto en zona rural de Cali (un promedio de 60 militares), el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (unos 100 hombres) y puentes de ingreso y salida claves en la ciudad como el de Juanchito desde el cual rotan para proteger la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca y otros 17 puntos de la ciudad.

También apoyan la entrada de alimentos, combustible y mercancía que está represada debido a los bloqueos del paro. Para eso, la Policía es la que llega al punto de bloqueo, lo levanta y los militares respaldan la entrada de los camiones y mulas.

Hasta ahora la presencia de los militares no ha sido efectiva para restablecer la calma en la ciudad o normalizar la entrada de alimentos o gasolina pero tampoco se conocen casos de abusos como los de la Policía.  El riesgo es qué pasa si se intensifica la presión para que los militares enfrenten directamente a los que siguen en la calle.

Cada vez más ideologizados

Durante el proceso de paz, el Ejército sufrió un proceso acelerado de ideologización. Siguiendo la línea argumentativa de los promotores del No y del expresidente Álvaro Uribe y su partido, muchos militares sintieron que los estaban igualando con la guerrilla y que, además, su cabeza estaba siendo entregada en bandeja a sus rivales de toda la vida.

No fue suficiente para curar su desconfianza que el entonces presidente Juan Manuel Santos tuviera a dos generales reconocidos tanto en la Policía como en el Ejército de negociadores y tampoco que varios otros oficiales estuvieran en la subcomisión de desarme y reincorporación.

La sensación de que el Acuerdo con las Farc los maltrataba, unida a la campaña que hicieron en su propio interés influyentes oficiales retirados involucrados en falsos positivos y alianzas con paras que le temen a la JEP y a la Comisión de la Verdad, caló en dos vías cuando se posesionó Duque.

Por un lado, todo el proceso de modernización del Ejército que había arrancado cinco años antes, con una nueva doctrina y el objetivo de actualizar el rol de la Fuerza Pública en el posconflicto se detuvo. “Hubo una involución”, explicó a La Silla un alto oficial retirado. “Se empezó a dar una fractura doctrinal”.

Como ha contado La Silla, para el gobierno de Iván Duque la mayor amenaza a la seguridad son los cultivos ilícitos, a cuyo crecimiento atribuyen desde las masacres hasta el vandalismo de las marchas.

La línea de oficiales que estaba impulsando esa transformación del Ejército fue desplazada por el sector que estaba alineado con el No y que durante todos los años de la negociación se había politizado y vuelto mucho más beligerante.

La línea militar que hoy tiene el poder dentro del Ejército tiene la visión tradicional de la lucha contrainsurgente que viene desde la Guerra Fría, que —como suele hacerlo el uribismo— ve con sospecha la protesta y la movilización social. Y que explica lo que está sucediendo hoy con “la teoría de la revolución molecular disipada” que promueve un chileno neonazi que fue invitado a dar charlas en la Universidad Militar en dos oportunidades en el último año, como contó La Silla.

Esta teoría, que explica las movilizaciones recientes en todo el mundo como parte de un plan de la izquierda radical para acabar con la democracia, reemplaza la teoría de la conspiración del Foro de Sao Paulo que hasta hace poco esgrimían líderes uribistas para explicar las protestas tanto en Chile como en Colombia.

“Existe un reduccionismo, una necesidad de teorías perfectas y únicas —dice una fuente que conoce bien a los militares y que aprecia la institución— que les impide definir estrategias y tácticas de operación, viene de la Guerra Fría, de la lucha contra las Farc y el ELN y no se dan cuenta que hoy las amenazas son de otra índole. Más complejas”

Una muestra pequeña pero elocuente de esta visión sobre la movilización social es la definición de activista que trae el Glosario publicado en la página web del Ejército y que explica los términos usados en la institución.

“ACTIVISTA: Agitador social que actúa en medios laborales, políticos, castrenses o estudiantiles para mantener en tensión determinadas pretensiones, servir las consignadas de moda y captar adeptos, por lo general ocultando su auténtica filiación y propósitos.”

Esa idea de que el activista en realidad es una fachada de otra cosa es compartida por líderes del uribismo, como Luigi Echeverri, el ex jefe de Duque durante una década y uno de los que le habla al oído. En una reflexión que circuló en inglés la semana pasada para explicar a la comunidad internacional el actual paro, Echeverri dice cosas como: “El Comité del Paro es una fachada para camuflar actividades destructivas, terroristas y subversivas que amenazan una convivencia ciudadana saludable y el imperio de la ley”.

Luego dice que el paro tiene la influencia de la inteligencia cubana, del régimen de Maduro, e infiltración de las disidencias de las Farc y el ELN.  “La realidad es que con dinero de las Farc, el ELN y el narcotráfico, estas fuerzas insidiosas están financiando y movilizando a las comunidades indígenas y a jóvenes de bandas urbanas (normalmente involucradas en microtráfico) para crear desorden y vandalizar las ciudades”.

Esa narrativa de victimización que lleva años usando el uribismo está afianzada ya desde la misma cúpula hacia abajo, tanto en el Ejército como en la Policía.

“Toda esa narrativa que estamos viendo en estas manifestaciones reivindican lo de antes, lo del enemigo interno. Toda esa narrativa de militares y policías como víctimas, ‘oren por nosotros, acompáñenos, somos víctimas de la entrega del Estado a las Farc, de la justicia transicional, de la JEP, estamos dando la vida por ustedes’, hay como una operación sicológica en una institución que se plantea por un lado como la fortaleza para defender un orden y por otro, como muy vulnerable”, dijo la persona cercana a la institución.

Esa idea de vulnerabilidad se refleja en esta entrevista con el general Vargas, comandante de la Policía, cuando María Isabel Rueda le pregunta si le preocupa que la Policía colombiana termine “señalada ante el mundo como una masacradora de la protesta pacífica”:

“Aquí estamos viendo un ataque sistemático contra la Policía. Eso sucedió en Chile y en otros países del mundo, en Estados Unidos inclusive. Hay ataques sistemáticos organizados, plataformas en el extranjero, con muchas noticias falsas y desinformación, que quieren atacar a la Policía por su papel en la contención del delito, no de la manifestación pública y pacífica.”

No hay un contrapeso civil

Esa creciente ideologización de las Fuerzas Militares, que ha ido reemplazando la doctrina militar en la que estaban siendo entrenados hasta hace poco y un trabajo serio de inteligencia, no ha encontrado en el mando civil un contrapeso.

“Están convencidos de que hay una conspiración desde Venezuela para desestabilizar el país”, dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz e investigadora en temas de seguridad. “Pasó también en Chile pero allá el gobierno se apartó de esta teoría. Aquí el gobierno cerró filas con esa teoría”.

Desde que Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa de Santos, la tecnocracia civil en el Ministerio de Defensa comenzó a ser gradualmente reemplazada por militares retirados o por civiles que crecieron en el mundo castrense como el mismo Pinzón o el actual ministro de Defensa, Diego Molano.

Hoy, el mando civil y el militar tienen la misma lectura del mundo.  “El problema es cuando la visión civil y la de ellos se vuelve la misma —dice Llorente— porque estas organizaciones tienen una cultura institucional que los lleva al unanimismo”.

El actual ministro de Defensa, Diego Molano, desde que llegó al cargo —como analizó La Silla—, asumió el guión de sus dos antecesores.

“Llega ya con el libreto de no cuestionar nada de lo que le diga el comandante general —dice la fuente cercana a ellos y en eso coinciden otros dos retirados con los que habló La Silla— El formato de los ministros es servir como de parlante y de correa de transmisión a sus demandas y necesidades, de un ministro que los protege frente a un escenario político hostil a ellos, infiltrado por el enemigo terrorista, el bandido”.

Ese sentimiento de vulnerabilidad, de debilitamiento de la doctrina y del trabajo de inteligencia, unido a una creciente ideologización que los convence de que detrás de los manifestantes hay una conspiración del terrorismo internacional, puede llevarlos en un momento de tanta conmoción social a “defenderse” de las agresiones de los manifestantes de manera desproporcionada. Ya se ha visto en la Policía durante esta protesta en la que han muerto ya 24 personas, varias de ellas por balas disparadas por agentes.