El expresidente colombiano Álvaro Uribe quedará libre después de 67 días en detención domiciliaria, por orden de una jueza de Bogotá que este pasado sábado consideró que puede responder en libertad al proceso que se le sigue por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal.
La orden de libertad de Uribe, que desde el pasado 4 de agosto permanece en su hacienda «El Ubérrimo», en el departamento caribeño de Córdoba, fue tomada por la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte.
«La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata de doctor Álvaro Uribe Vélez», manifestó en una audiencia virtual la jueza.
Salcedo dijo en la audiencia, continuación de la celebrada el pasado jueves en la que durante 13 horas escuchó los planteamientos a favor y en contra de la libertad de Uribe, que «se dispondrá que se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes».
La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público
Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, estaba privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero con su renuncia al Senado, a mediados de agosto pasado, el político, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, perdió su fuero y el caso dio un vuelco en los tribunales.
La Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria el 4 de agosto para evitar obstrucciones a la justicia en el caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos que lo enfrenta desde 2012 con el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, pero al perder el fuero su expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tendrá un trato más imparcial.
El paso del proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía conllevó también un cambio en el procedimiento porque la misma Corte dictaminó el 5 de octubre que el caso ya no se puede conducir bajo la Ley 600 del año 2000 sino por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa argumentando que cuando pudieron haberse cometido los hechos motivo de investigación ya estaba vigente esta última.
En la audiencia de este sábado la jueza aceptó el argumento del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, según el cual para que haya medida de aseguramiento con privación de libertad, por la Ley 906, es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no ha sucedido hasta el momento con Uribe.
La Ley 600 del 2000 se basa en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, pero la Ley 906 de 2004 establece el sistema penal acusatorio, en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.
En la audiencia de este sábado la jueza aceptó el argumento del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe
Es por eso que, según explicó este sábado la jueza, con la norma que ahora rige el caso, para que haya una orden de detención es necesario que exista «una solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías».
Cuando la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe lo hizo basada en una indagatoria a la que acudió el expresidente en octubre pasado, pero a la luz de la ley aplicable al caso eso ya no es posible.
«No es posible, ni constitucionalmente admisible, equiparar los actos de indagatoria a la formulación de imputación de cargos», aseguró la jueza.
Uribe, quien participó en la audiencia virtual, manifestó su satisfacción con el fallo emitido por Salcedo mediante un breve mensaje en su cuenta de Twitter donde escribió: «Gracias a Dios».
El fallo de este sábado solo resuelve la condición de Uribe, que podrá responder en libertad al caso que él mismo comenzó hace ocho años cuando demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la denuncia y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
Este fallo favorable al expresidente ahondó la controversia en el país sobre la figura de Uribe, y Cepeda, contraparte del proceso, señaló que sus abogados apelarán el fallo de la jueza Salcedo.
«La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante no compartimos esas decisiones y vamos a apelarla», dijo Cepeda.
No es posible, ni constitucionalmente admisible, equiparar los actos de indagatoria a la formulación de imputación de cargos
La representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido opositor Alianza Verde, aseguró en redes sociales que lo ocurrido este sábado con el expresidente Uribe fue la «crónica de una liberación anunciada».
Sin embargo, se mostró respetuosa de la decisión y aseguró: «Respetar la justicia sin importar si nos gusta o no la decisión. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros».
Mientras tanto, el Centro Democrático expidió un comunicado en el que señala que recibe con «respeto y esperanza» la decisión de la justicia.
«El Centro Democrático recibe con respeto y esperanza la decisión de la juez de garantías, que restituyó la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un acto que marca el inicio de un nuevo camino que le permitirá demostrar su inocencia», expresó el partido de Gobierno en un comunicado.
