Venezuela, Cuba y el mea culpa de la OEA

El nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una  reunión celebrada en Washington el domingo 14 de junio, con la asistencia de 35 representantes de agrupaciones civiles del continente, prometió  dedicar su tiempo a redimir lo que llama “la deuda contraída con Cuba” por  su exclusión del organismo hemisférico. Dijo que “la OEA debe entonar un mea culpa pues no puede basarse en ningún tipo de exclusiones, y menos de países cuando buscan su camino a través de su pacto social”. Planteándolos  como ejemplos a seguir, afirmó que entre los logros más importantes del Uruguay durante el mandato de José Mujica, gobierno en el que fue Canciller, están las legalizaciones de la marihuana, del aborto y del matrimonio homosexual. Argumentó que esas decisiones “dieron más derechos a más personas”. Sin embargo, el flamante Secretario General evadió responder cuando en el transcurso de la reunión la disidente  cubana Rosa María Payá le preguntó por otros derechos no menos importantes. Se refería la Payá a aquellos que tienen que ver con las libertades fundamentales arrebatadas a todo un pueblo por la dictadura que gobierna en la isla hace 56 años.

Almagro ha llegado al cargo sin contrincantes y prometiendo reformar la desprestigiada institución continental. También el sureño José Miguel Insulza, en el segundo de sus períodos (2010-2015) fue electo por descarte, pues ningún otro país demostró interés en presentar candidatura. En ese entonces, capturada por los petrodólares venezolanos, la OEA había pasado a ser un instrumento  dócil al servicio del socialismo del siglo XXI. En 2006 el robusto Insulza, en  la misma conducta que hoy asume su sucesor, al definir su posición frente al régimen castrista afirmaba que “el sistema cubano puede evolucionar en la medida que respetemos lo que los cubanos quieran, dándoles el tiempo que sea necesario sin intentar imponerles soluciones o crear un proceso conflictivo”. Y en el desarrollo de esa política, la Asamblea General de Cancilleres reunida en  San Pedro Sula, en junio de 2009, deja sin efecto la  resolución que en enero de  1962 expulsa a Cuba del Sistema Interamericano. Un regocijado Hugo Chávez califica la decisión, votada por unanimidad, como el comienzo de una “nueva era”. Sin embargo, días después del inicio de esa nueva era, la misma OEA que  reivindica a la dictadura fidelista expulsa de su seno a Honduras, luego que el Congreso de ese país juzga y destituye al presidente Manuel Zelaya acusándole de implementar una maniobra reeleccionista contraria a la Constitución y urdida con la abierta intervención del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Aplicando un rigor rayano en el ensañamiento, se implementan sanciones a uno de los países más pobres de nuestro continente y en un  hecho inédito en la historia diplomática del hemisferio, la sede de la Embajada de Brasil se convierte en foco de agitación que incita abiertamente a la  rebelión violenta  en contra del nuevo régimen provisional. De esa manera el gobierno de Lula, inmediatamente después de romper relaciones con la nación sancionada, ejerce abusivamente la extraterritorialidad de una sede diplomática que ya no era tal, y además durante varios meses concede refugio a Zelaya y a  decenas de sus allegados. A través de los medios de comunicación internacionales que le entrevistan libremente, Zelaya denuncia a la “dictadura” del señor Micheletti y respalda la vergonzosa y descarada intervención extranjera en los asuntos internos de su país. Insulza, Chávez  y  Lula  dirigen la grotesca comparsa. Y por supuesto a ellos se une  el “demócrata” Raúl Castro, a quien este bloqueo a la nación hondureña y a su pueblo si le resulta justo y conveniente. Por su parte el inefable y contradictorio Secretario General  de entonces, deja de lado su prédica de “no crear procesos de conflicto” que aplica a Cuba, mientras que esa misma política se le niega a un país desprovisto de las protecciones, el celestinaje y las complicidades que la tiranía antillana ha disfrutado en el ejercicio de su larga vida. Por fortuna Micheletti logra resistir la embestida internacional, y devuelve a su país la institucionalidad plena de la democracia al realizarse las elecciones presidenciales que llevan al poder a Porfirio Lobo. Tres años después el entonces canciller Nicolás Maduro (en junio de 2012) acude al  Palacio de los López, sede presidencial de Paraguay a solicitar al alto mando militar el derrocamiento de Federico Franco, quien había sido nombrado por el Congreso Nacional como Presidente provisional luego del enjuiciamiento y destitución de Fernando Lugo.

Con aquellos y otros tristes antecedentes, Luis Almagro hereda una organización divorciada de la Carta Democrática Interamericana cuyo texto compromete a “preservar y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”; a  “defender y garantizar losderechos sociales, libertad de expresión y de prensa”; y a fortalecer  “los  derechos económicos, sociales y culturales dentro de la democracia representativa de gobierno”. A partir de la gestión de José Miguel Insulza, la OEA inoculada por el Socialismo del Siglo XXI ha marchado en dirección radicalmente contraria a esos principios. El progresivo desmontaje de la democracia representativa en América Latina en los últimos 15 años, ha pasado por reformas constitucionales que consagran el continuismo, la reelección indefinida y la centralización arbitraria del poder. Nuestro continente después de una larga etapa de dictaduras militares, había alcanzado el viejo anhelo de elegir democráticamente y bajo el principio de alternabilidad republicana, a gobiernos civiles respetuosos de los derechos humanos y sometidos al juicio permanente de la opinión pública. Hoy la comunidad interamericana es el escenario de la liquidación de aquellas conquistas. Quedan de lado los consensos y equilibrios, y  en nombre de la revolución volvemos a los viejos tiempos de la censura, del exilio, el crimen político, la tortura, la represión. Venezuela, Ecuador, Bolivia,  Nicaragua y Argentina son ejemplos claros de autoritarismos con vocación totalitaria, en los que no existe separación de poderes, se violan libertades fundamentales, la corrupción ocurre con total impunidad y los mecanismos electorales garantizan el continuismo mediante procedimientos fraudulentos. Y en medio de este contexto el nuevo Secretario General viene a ejercer  sus  funciones, confesando  un  evidente sesgo ideológico compatible con estas formas de gobierno, y trazándose como meta el retorno de la dictadura de Cuba a la comunidad americana. Eso sí, respetándole a ésta lo que él llama “su pacto social”, expresando un dramático “mea culpa”, y pidiéndole perdón al gobierno de Fidel y de  Raúl por lo que considera “una deuda contraída”.

Lo que ahora ocurre en la OEA es el resultado de la creciente influencia del régimen cubano en nuestro continente a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder. Los petronegocios esparcidos en toda la región permitieron al castro-chavismo redimensionar el fracasado proyecto  subversivo de los años sesenta.  Con el soporte de un abundante financiamiento, desde el eje Caracas-La Habana se logra articular la construcción de liderazgos y de organizaciones políticas afines, se estimula la agitación social, se compran fidelidades, y se  mantienen relaciones de cooperación y protección con la subversión narcoterrorista colombiana. Esta estrecha relación quedó evidenciada en las computadoras de Raúl Reyes  y en la  denuncia documentada ante la OEA por el gobierno de Uribe el 22 de julio de 2010, que comprueba la existencia de cinco campamentos de las FARC y ELN a 90 kilómetros de Colombia y a 23 kilómetros de Maracaibo, y que señala además la presencia de veinte campamentos localizados en Táchira, Apure y Amazonas. A pesar de ello, el  Presidente Santos al asumir el mando retira los cargos sin mediar explicación, y comienza una nueva política que se traduce en impune protección a ese ejército terrorista establecido en nuestro país, calculado para ese entonces en 1500 efectivos. Sorpresivamente se amigan los dos mandatarios y concluye la crisis como si ésta hubiese tenido su origen en un enfrentamiento entre dos gobernantes con mal carácter, y no en graves acontecimientos que repercuten sobre todos los pueblos americanos afectados por  las bandas criminales. La OEA cierra el capítulo, con el pleno conocimiento de que en Venezuela se preserva una zona de tolerancia terrorista, en la que se asiste, se  entrena y  oculta a los autores de miles de secuestros, de atentados y ejecuciones en cautiverio, de reclutamiento  de niños, de producción y venta drogas, entre otros crímenes. A partir de la presidencia de Santos, la FARC fortalece su control sobre las fronteras, y  consolida aún más sus espacios  en el  narcotráfico mundial. Con mayor libertad de acción, los grupos armados del vecino país ejercen soberanía en los estados fronterizos venezolanos, todo en convivencia con los gobernadores chavistas y con militares que facilitan y protegen sus acciones delictivas.

Mientras los Castro lavan su cara como  “mediadores” en un conflicto del que han sido factor político e ideológico fundamental, en territorio venezolano se protege y ayuda a una guerrilla que actúa contra el Estado colombiano, profana nuestra soberanía  y utiliza nuestro espacio territorial como vía libre para la droga, y como santuario en el que se hermanan las relaciones  del  terrorismo internacional. Recordemos que ante el juez español Eloy Velasco, los miembros de la ETA Juan Carlos Bisance y Javier Aristán reconocieron que su grupo terrorista planificaban con las FARC el asesinato de dirigentes políticos colombianos y españoles, entre los cuales estaban Pastrana, Uribe y Aznar. Informaciones en igual sentido, extraídas de las computadoras de Raúl Reyes destacan el papel de Arturo Cubillas Fontán (vasco, nacionalizado venezolano y funcionario del gobierno chavista) como articulador de esas relaciones que implican entrenamientos conjuntos en el uso de bombas C4 y de misiles de largo alcance. Estas informaciones fueron ratificadas ante la Audiencia Nacional de España por el ex guerrillero José María Dorronsoro en 2010. Entre tanto, el mayor del ejército venezolano Milton Revilla, fue condenado en Venezuela a 6 años de prisión en marzo de 2012 por denunciar que estos grupos se adiestraban en la región del Catatumbo.

Es así como, en forma conjunta y sincronizada trabajan los gobiernos de Cuba y Venezuela en función de un mismo objetivo. Mientras la isla comunista abraza a su viejo enemigo,  con el fin de superar la miseria y la postración económica y social engendrada  durante más de medio siglo de oscurantismo estalinista, en Caracas se elevan los niveles de confrontación nacional y externa, se persigue a la disidencia y se profundiza el proyecto dictatorial. Sin renunciar a su dogma totalitario Cuba entra triunfante a la comunidad interamericana. Y  en Venezuela se consolida el mismo modelo impuesto por la dictadura fidelista, a la que hoy todos los gobiernos del continente acogen con deshonroso regocijo.