Venezuela en el ring por la presidencia
Los jefes chavistas temen que una vez que sean desalojados del poder se produzca una suerte de juicio final contra ellos. La alternancia es una palabra prohibida para los hijos de Chávez. Aun así, se han sentado a la mesa a negociar garantías electorales para la carrera presidencial. La crisis económica y las sanciones internacionales los ahorcan.
Mientras más postrada se halla Venezuela (el FMI vaticina una inflación de 13 mil por ciento para este año y un desplome del Producto Interno Bruto de 15 por ciento), menos quiere irse Nicolás Maduro. Es una paradoja. Pero una paradoja que guarda su propia coherencia: los jefes chavistas temen que una vez que sean desalojados del poder se produzca una suerte de juicio final contra ellos. No les falta razón: muchos están incluidos en la lista negra de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de Canadá por cargos que van desde violación de los derechos humanos hasta narcotráfico. El gran enemigo de los herederos de Chávez es la jurisdicción internacional. Ese es el núcleo del conflicto. Y la cúpula gobernante no es tan cándida: ve con recelo una eventual amnistía que pudiera favorecerla porque está consciente de la dimensión de sus desmanes. Por eso ha sido tan difícil que se logre un acuerdo entre el gobierno y la oposición. El gran obstáculo son las condiciones electorales. Unas elecciones limpias llevarían a la alternancia: palabra prohibida para la nomenclatura chavista.
Si mantenerse en el poder es de vida o muerte para el chavismo, ¿por qué aceptó participar en las negociaciones de República Dominicana, cuya agenda está marcada, precisamente, por el tema de las elecciones competitivas? Esa es otra paradoja. Y parte de la explicación está en la economía. Hay varios frentes abiertos. El gobierno ha perdido el control sobre la moneda: la hiperinflación ha pulverizado el poder de compra del venezolano. El régimen enfrenta serios problemas para pagar la deuda externa, cuyo monto total es de 150 mil millones de dólares. Venezuela acusa una caída alarmante de la producción petrolera: fue de 29 por ciento en 2017, una cifra récord si se toma en cuenta que la de Irak, tras la invasión de 2003, fue de 23 por ciento. Y en medio de este cuadro crítico, el gobierno no puede levantar recursos: la administración Trump le impuso, en agosto pasado, sanciones financieras que prohíben a los inversionistas comprar bonos o emisiones de deuda del gobierno venezolano o de la estatal petrolera, PDVSA. La revolución está acosada por serios problemas de caja. Y ésa es una poderosa razón para negociar. La otra razón son las sanciones individuales, que han recaído en pesos pesados del chavismo como el constituyentista Diosdado Cabello o el vicepresidente Tareck El Aissami.
El asunto está en que las sanciones sólo se podrían levantar a cambio de lo que para el chavismo constituye la joya de la corona: elecciones transparentes. Con observación internacional. Con igualdad de condiciones. Con posibilidad de que los tres millones de venezolanos que están en el exterior puedan votar. Con auditorias confiables. Pero esto implicaría su salida del poder, el peor de los escenarios para los hijos de Chávez. De allí que el gobierno aprovechara la excusa de las sanciones que aprobó la Unión Europea el pasado 22 de enero (congelación de cuentas y de bienes a 7 altos funcionarios chavistas) para lanzar una jugada temeraria: adelanto de las elecciones presidenciales. La reacción internacional fue un acto reflejo: Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima advirtieron que no reconocerían los resultados de un proceso viciado. La Conferencia Episcopal de Venezuela también objetó la medida. El régimen, presionado, ha tenido que sentarse nuevamente a la Mesa de Negociaciones de República Dominicana después de haberle dado una patada al proceso de diálogo.
Al chavismo le urge celebrar elecciones cuanto antes. Cada día que pasa la posibilidad de que se desate un colapso económico y social se acrecienta. El tiempo es su gran enemigo: realizar los comicios muy tarde le puede costar muy caro al gobierno porque puede perder, incluso, la adhesión de sus bases. De su feligresía. Así que el cálculo que hizo la Asamblea Constituyente al adelantar las elecciones no es erróneo. Y algo sorprendente: la situación de Venezuela es tan compleja que aun siendo Maduro el responsable de la tragedia que vive el país podría tener algún chance en el terreno electoral. Es cierto que el Presidente registra 72 por ciento de rechazo en las encuestas, pero cuenta con un capital político que no es de subestimar. El último sondeo de la firma Datincorp señala que 21 por ciento de los encuestados se declara chavista (ello equivaldría a 2.730.000 electores). El 30 por ciento se declara opositor (3.900.000 electores). Y el 46 por ciento se declara independiente (5.980.000 electores). Esta foto indica que la oposición, sin que ponderemos la franja de independientes, es mayoría.
Pero veamos cómo cambian los números cuando tomamos en consideración la intención de voto, que es lo que cuenta. De ese 21 por ciento que se autodefine como chavista, el 87 por ciento está totalmente decidido a votar: son 2.375.100 votos. En tanto que de ese 30 por ciento que se autodefine como opositor, solo está totalmente decidido a votar el 46 por ciento: son 1.794.000 votos. Hay una diferencia de 581.100 votos a favor de Maduro, quien arranca con un mejor capital que la oposición, si excluimos a los independientes. La alta capacidad de convocatoria del oficialismo y la baja capacidad de convocatoria de la oposición pueden hacer que Maduro salga ileso de su alto nivel de rechazo.
Desde luego que la tendencia varía cuando se incluye también a los independientes. El 51 por ciento de ellos está totalmente decidido a votar: son 3.049.800 electores. Supongamos que 60 por ciento de ellos emigre a la oposición (buena parte de este segmento lo constituyen opositores desencantados) y que 40 por ciento emigre al PSUV, la correlación quedaría así: 3.623.880 votos para la oposición y 3.595.020 para el PSUV. La diferencia entre ambos sería de 28.860 votos. Hay que aclarar que estos números pueden cambiar notablemente cuando la oposición lance su candidato y defina su estrategia. Pero el ejercicio refleja que en caso de una votación cerrada y con un CNE parcializado, que al final inclinaría la balanza hacia quien maneja los hilos del poder, Maduro podría sobreponerse a su bajo rating. Que se convierta o no en un ave fénix electoral dependerá de las condiciones en que se celebre el match presidencial. Y si resurgiera de las cenizas, de todos modos cabría la pregunta: ¿Estará saldada la crisis?
