El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juró como Presidente encargado de su país ante una multitud caraqueña. El joven e inexperto político venezolano, prácticamente desconocido fuera de su país, se convirtió en el agente clave de una estrategia constitucional orientada a impulsar una transición. “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” fue la consigna con la que se dio a conocer este nuevo líder enfrentado al autocrático régimen chavista de Nicolás Maduro. Pero la estrategia iba más allá de las fronteras venezolanas. La nueva cabeza visible de la oposición en Venezuela encajó a la perfección en una estrategia hemisférica que se articuló entre Washington y el incipiente Grupo de Lima. La idea de un cerco diplomático con consecuencias internas cobraba forma ante los cambios de gobierno y de signo ideológico que venían operando en Latinoamérica. Como era de esperarse, con Guaidó se generaron altas expectativas de cambio político. Las presiones derivadas de la masiva emigración de venezolanos, con creciente impacto socioeconómico en Sudamérica, y muy especialmente en Colombia, hicieron que este giro político fuese considerado el cambio más extraordinario de 2019 en Latinoamérica. La estrategia constitucional brindaba legitimidad interna a la operación. Asimismo, el apoyo mayoritario de gobiernos latinoamericanos y occidentales cumplía con la función de legitimar internacionalmente al Presidente encargado. Las sanciones de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea provocarían una situación de tensión interna para quebrantar la unidad alrededor de Maduro. La operación contaba, en consecuencia, con una sólida lógica, al tiempo que se ajustaba a las tesis dominantes sobre transiciones y poder militar en Venezuela.
En materia de transiciones se ha propagado la idea de la necesidad de generar quiebres en la coalición gobernante. En el caso del chavismo, la coalición gobernante no consiste en un grupo de partidos, sino en lo que el propio Hugo Chávez llamó la “unión cívico-militar”, o la unidad del partido civil con las fuerzas armadas. La bibliografía dominante sobre las relaciones entre civiles y militares en Venezuela tiende a ser tajante y se decanta por las tesis del pretorianismo como fórmula recurrente de gobernabilidad autoritaria, con un sustrato lasswelliano de “Estado guarnición”. El término “pretorianismo” se refiere a una forma de gobierno en la que las fuerzas armadas ejercen una influencia decisiva, llegando incluso a controlar a los civiles o, en casos extremos, a ejercer el gobierno de forma directa. La opinión informada que señalaba la recurrencia militar en la vida política venezolana ayudó a interpretar que, en la unión cívico-militar chavista, el centro de gravedad era, en efecto, el componente militar de la coalición gobernante. Las evidencias reforzaban esta idea, pues en la revisión de la historia universal de los golpes de Estado, Venezuela aparece entre los países con mayor número de asonadas y levantamientos militares desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, consideramos que las evidencias históricas dicen poco acerca de los cambios que se han suscitado en la Venezuela chavista. El anquilosamiento teórico que se refiere a Venezuela como un Estado pretoriano, cuyo centro de gravedad son las fuerzas armadas, ha tenido consecuencias adversas para la estrategia de cambio político gestada desde Caracas con apoyos externos, sobre todo de Bogotá y Washington. Ante la improbabilidad de que se produzcan acciones de fuerza contundentes contra el régimen venezolano, el cerco diplomático y las sanciones surgieron como alternativas estratégicas para activar lo que se considera el talón de Aquiles del chavismo bajo el régimen de Maduro: su alta dependencia, cuando no sometimiento, a la autoridad militar. Nuestro argumento va a contracorriente de dicha tesis y cuestiona la creencia generalizada en la supremacía militar sobre los civiles en Venezuela. Consideramos que el poder civil ―con el Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) como vehículo― infiltró al poder militar y anuló la posibilidad de que ahí surgieran mandos unificados que pudiesen rebelarse. Por eso la estrategia de inducir divisiones dentro de las fuerzas armadas para que una parte abandonara la coalición gobernante no funcionó.
UNA TEORÍA ANQUILOSADA
En Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares. La fuerte impronta simbólica de un “imaginario pretoriano” parte de un culto militaristabolivariano y del relato de las guerras de independencia. La larga lucha caudillista del siglo xix tardío también lleva el sello de la imposición castrense en el sistema político venezolano, que corona con el “ciclo andino” de gobiernos militares (de 1908 a 1958). Asimismo, la democracia inaugurada en 1958 ha estado plagada de amenazas y defecciones militares golpistas (entre 1961 y 1992 se registraron cinco intentos). Finalmente, la elección como Presidente del exmilitar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil democrático en Venezuela.
En la idea del control castrense sobre las fuerzas civiles, esta historia de conspiraciones y golpes militares plantea varias líneas teóricas anquilosadas, tanto en el análisis como en la misma política venezolana. Las tesis más alentadoras postulan que, de 1958 a 1999, Venezuela vivió una era de control civil sobre el estamento castrense. A estas consideraciones se interpone el concepto revisionista de un espejismo, que recoge un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela. Ambos argumentos (control civil sobre los militares o viceversa) no contravienen la línea maestra del culto pretoriano en Venezuela, y desembocan en varias hipótesis. Una se refiere a la lucha del sector militar venezolano por mayor reconocimiento político, pues desconfía del liderazgo civil en el contexto del subdesarrollo venezolano. Dispuestos a participar en las decisiones nacionales, que habían sido relegadas a una élite política inútil, los militares decidieron tomar las riendas del país. Esta corriente explica que el Plan Educativo Integral Militar para las escuelas de formación de oficiales, conocido como el plan Andrés Bello (aplicado desde 1971), fue muy influyente en las siguientes generaciones de oficiales y les inculcó un sentido de responsabilidad política, por el que se animaron a maquinar conjuras golpistas contra el “corrompido” sistema democrático. Dentro de esta misma línea hay otra explicación, acaso más sugerente. Estos cadetes en formación y oficiales jóvenes no solo fueron sacudidos políticamente por el nuevo plan educativo, sino que además entraron en contacto con partidos y movimientos de izquierda infiltrados en las fuerzas armadas y formaron logias militares como el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (mrb-200), Revolución 83 y la Alianza Revolucionaria de Militares Activos (arma). Ambas hipótesis intentan consolidar la noción del escaso control objetivo de las fuerzas políticas civiles que gobernaron hasta 1999. Asimismo, fortalecen la idea del culto pretoriano en la política venezolana. Ciertamente, el siglo xx venezolano está cargado de conjuras urdidas en los cuarteles. Se percibe una como especie de vehemente oficialidad joven que trama conspiraciones contra el poder establecido desde la generación de Marcos Pérez Jiménez, quien terminó imponiéndose como dictador durante la década de 1950. Así también, las sublevaciones militares, motines e intentos golpistas del Barcelonazo (1961), el Porteñazo y el Carupanazo (1962) explican este fenómeno: el asalto de los militares a las instituciones civiles venezolanas. Este largo correlato histórico-político de las relaciones entre civiles y militares en Venezuela se centra, pues, en la tesis del Estado guarnición de Harold Lasswell (1941). Así, se postula que Venezuela, lejos de haber tenido una democracia con control civil objetivo durante sus diferentes ensayos, ha sido presa de los militares o, al menos, de su influencia sobre las instituciones. Por ende, en los tiempos que corren, la explicación del fenómeno del chavismo bajo el régimen de Maduro se ha reducido a una noción general del pretorianismo venezolano, con una simplificación teórica de un fenómeno político más complejo, que va más allá de un autoritarismo militar. Esta teoría estancada se ha venido transformando en el análisis político central sobre la crisis venezolana, en un ciclo improductivo y repetitivo, que intenta dar cuenta de diferentes expresiones del autoritarismo chavista. Estos viejos-nuevos planteamientos se refieren a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (fanb) como el principal soporte del socialismo del siglo xxi. Algunos escritos todavía conciben que el chavismo-madurato tenga como finalidad expresa erigir a la fanb como “soporte supremo” de su proyecto político. Estas posiciones teóricas argumentan que existe un pretorianismo militante en las fuerzas políticas chavistas que ha derivado hacia una fase superior, correspondiente a una militarización progresiva de la sociedad. Es decir, que un núcleo central de control y poder militar expande su influencia castrense hacia los espacios políticos naturales de la sociedad civil. Quienes se adhieren esta tesis deducen que el poder de Maduro se sustenta en un núcleo militar o que, en todo caso, procede de ese núcleo. Con ello, esta corriente teórica dominante endosa una responsabilidad histórica al alto mando militar venezolano en el sistema político. En la bibliografía sobre las relaciones entre civiles y militares se arguye que los militares, por ende, se han expandido dentro de la burocracia civil venezolana, colonizándola con mentalidad y objetivos pretorianos para hacer prosperar, en toda ley, un gobierno militar. Entonces, se alega que Maduro encabeza un gobierno militar, pues cuenta con la burocracia castrense para tener, definitivamente, el control del Estado venezolano. En estas explicaciones de la crisis venezolana actual también se interpreta que el chavismo ha erigido a la fanb como gran árbitro de las diferencias políticas en el país, por lo que el anterior soldado neutral hoy sería un soldado políticamente comprometido con la revolución. En cualquiera de las derivaciones de la hipótesis de que Maduro ha implantado poco a poco las formas de un autoritarismo militar, las ideas centrales de esta argumentación se basan en evidencias históricas del siglo xx que demuestran, en efecto, una recurrente impronta de los militares en la política venezolana. Con ello se supone que los militares han infiltrado subrepticiamente al sistema político civil y, una vez adentro, han modelado toda la estructura según formas pretorianas de gobierno y Estado. Nuestro planteamiento es diferente. Las fuerzas armadas no se inocularon en el proyecto democrático civil venezolano por medio del golpe de Estado fallido de Chávez y ni siquiera por la vía electoral de su triunfo en 1999. La Revolución bolivariana ha dado muestras de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical y policial en el ejército y sus componentes. El proyecto final es la desarticulación del núcleo castrense por medio de la desprofesionalización, la degradación de sus rangos operativos y la politización de todos sus espacios que, con un fino tramado propagandístico y simbólico pretoriano, pretendidamente militarista y nacionalista, desmembró al aparato militar profesional. Este error ha confundido la estrategia internacional alrededor de Guaidó. Siguien – do las tesis e imágenes dominantes sobre el militarismo de Maduro, la oposición ope- ró con la esperanza de entablar algún diálogo con el supuesto núcleo militar del régimen venezolano. En el supuesto de que el poder de Maduro reside en los militares, se quiso amenazar y seducir a ese núcleo castrense para que desertara o, en el mejor de los casos, concurriera en un golpe de Estado con miras a restaurar la democracia venezolana. Como veremos, la falla del plan Guaidó reside, precisamente, en una desorientación teórica. La corriente intelectual hasta ahora dominante, en la que se intenta explicar los últimos años como una realidad pretoriana del poder y la política venezolana, se ha equivocado al señalar el motor del autoritarismo chavista: no fue la bota militar la que menoscabó la democracia venezolana, sino el aparato ideológico civil que preparó el fin de unas fuerzas armadas profesionales y debilitó a una sociedad con aspiraciones democráticas. El hecho de que se dote a la fanb de equipo moderno lleva a algunos a pensar que el poder militar es el actor más influyente en la coalición gobernante. No obstante, esto es una confusión. En los hechos se ha utilizado una parte de la estructura de las fuerzas armadas para descomponer a la propia institución militar. Y se lleva a cabo una política de persecución y castigos internos. El verdadero poder es civil y reside en el psuv. No haber comprendido todo lo anterior, al haberse estancado en un debate teórico inerte sobre el pretorianismo en la política venezolana, ha llevado a la desorientación a actores políticos venezolanos y extranjeros que intentan poner fin al régimen de Maduro.
CONTROL CIVIL Y EXPECTATIVAS FRUSTRADAS
Durante casi todo el primer semestre de 2019, la discusión sobre la cuestión venezolana estuvo marcada por el debate en medios de comunicación y redes sociales acerca de la posibilidad de una intervención militar con fines humanitarios. Frecuentemente, este debate se centraba más en la deseabilidad de una operación de esa envergadura, que en sus posibilidades técnicas y políticas. La tradicional y mayoritaria animosidad latinoamericana a un reforzamiento de la presencia militar estadounidense en la región se tornó en aversión cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en 2017 que, en el caso de Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa”. Esta posición de ambigüedad estratégica, junto con el aumento del número de sanciones a individuos, la imposición de sanciones a la industria petrolera venezolana y el reconocimiento de Guaidó como Presidente encargado, constituyeron el eje de la diplomacia coercitiva contra el régimen de Maduro. El 24 de febrero de 2019, la posición estadounidense se reforzó en Bogotá, cuando Mike Pence, Iván Duque y el mismo Guaidó se abstuvieron de acompañar el comunicado del Grupo de Lima sobre el rechazo a cualquier forma militarizada de intervención en la región. La consigna de oponer una amenaza creíble estaba en marcha. No obstante, las evidencias apuntaban en otra dirección. A pesar de las limitadas capacidades ofensivas convencionales de Venezuela, sus sistemas de intercepción aérea podrían ser los mejores de Latinoamérica. La transferencia de tecnología militar rusa en la forma de aviones de combate y sistemas de defensa tierra-aire se ha completado con capacidades de rastreo del espacio aéreo con nuevos radares chinos. Más allá de los temibles equipos diseñados para el combate contra las fuerzas y la tecnología propias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire son una pesadilla potencial para los gobiernos y los ejércitos estadounidenses, colombianos y brasileños. Expertos en defensa han destacado la posibilidad de una difusión de este armamento entre grupos insurgentes y del crimen organizado, lo que pondría en jaque la seguridad de la región. Así, la defensa venezolana es una combinación de doctrina convencional, con disuasión, basada en la posibilidad de colapso y diseminación de armamento moderno en manos de fuerzas trasnacionales. La posibilidad del caos disuade a cualquier potencia de intervenir directamente en Venezuela. De allí que los debates sobre la deseabilidad de una acción humanitaria con ejercicio de fuerza no sean tan importantes como el de su viabilidad política. Ante esta realidad, se plantearon hipótesis sobre las verdaderas intenciones de la presión externa, con la idea de quebrar la coalición gobernante de esa unidad cívico-militar chavista. Informes periodísticos, preparados con testimonios de exfuncionarios del contradictorio gobierno de Trump, daban cuenta de lo acertada de aquellas hipótesis: el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos habría discutido si instigaba un golpe de Estado en Venezuela. El pretorianismo venezolano y la historia golpista del país alentaban esa estrategia. El resultado esperado sería una transición de bajo costo político para Washington, estabilizaría en el corto plazo a Venezuela y liberaría de presiones humanitarias y militares a Brasil y a Colombia. Con este objetivo, se ampliaron y endurecieron las sanciones a civiles y militares chavistas, y al mismo tiempo, se enviaron mensajes directos e indirectos a los militares venezolanos en la forma de promesas de amnistía que no ampararían a los civiles chavistas, y se evadió por largo tiempo la aplicación de sanciones a prominentes figuras militares activas o en retiro, como Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, Vicepresidente del psuv. La operación planteada generó grandes esperanzas de cambio. El 23 de febrero de 2019, en la frontera con Colombia, se incrementaron las expectativas cuando militares venezolanos comenzaron a desertar, y esa misma tarde, un pequeño grupo de ellos reconoció como comandante en jefe a Guaidó. Sin embargo, acciones simbólicas como esa de Cúcuta, así como la estrategia en su conjunto, han sido una frustración para sus diseñadores y para la mayoría de los venezolanos. El problema que detectamos está en el diagnóstico previo a la estrategia, es decir, en el anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano. El chavismo civil ha desarrollado formidables capacidades de control sobre las fuerzas armadas venezolanas, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano. La cooperación autoritaria entre Cuba y Venezuela es una pieza central de la resiliencia del régimen venezolano, en tanto que, como ha sido documentado, La Habana ha transferido capacidades de inteligencia y contrainteligencia a Caracas, con las fuerzas armadas como uno de los principales objetivos. Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando militar y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las cifras de prisioneros políticos en Venezuela arroja un creciente número de militares en los últimos años. Así, el plan de dar un golpe de Estado para destituir a Maduro requeriría una operación militar muy complicada. En términos de despliegue y objetivos, un golpe podría tener un grado equivalente de complejidad político-militar que la ocupación de un país extranjero, con la diferencia de que el país ocupado es el propio. Esta complejidad operativa solo se alcanza por medio de mandos unificados que cuenten con una importante autonomía con respecto a los civiles, y no es el caso de las fuerzas armadas venezolanas, que han sido larga y duramente intervenidas por el partido de gobierno con el fin de evitar rebeliones militares. La cooptación del Estado bajo el chavismo se ha visto, sobre todo, en el manejo de la industria petrolera, proeza política que se consolidó a partir de 2004. La importancia del petróleo en Venezuela ha hecho que la cooptación de las fuerzas armadas haya pasado parcialmente desapercibida. A raíz de los sucesos de abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto momentáneamente por una conjura en el antiguo alto mando militar, el chavismo activó mecanismos para evitar golpes. Allí entró la asistencia cubana junto con un proceso de progresiva desprofesionalización militar. El partido cooptó a los militares y las fuerzas armadas incorporaron la ideología del gobierno, y adoptaron posteriormente el inconstitucional nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los lemas del psuv. Diecisiete años de intervención rindieron sus frutos el 30 de abril de 2019. Esa mañana, Guaidó y el hasta entonces Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el general Manuel Cristopher Figuera, aparecieron junto al liberado líder opositor Leopoldo López, llamando al levantamiento militar. Con el paso de las horas el movimiento se frustró de forma incruenta, al quedar de manifiesto que la fanb no actuaría coordinadamente contra Maduro. Ello puso en evidencia que el anquilosamiento teórico ha tenido graves consecuencias políticas y demanda una revisión que permita entender la confusa situación venezolana.
LOS LÍMITES DEL MILITARISMO VENEZOLANO
La fuerza civil del chavismo-madurato consiste en la consolidación férrea de un aparato ideológico y propagandístico que cuenta con la poderosa maquinaria de un partido hegemónico como el psuv. Este partido ha cooptado al aparato militar del Estado, al tiempo que en su dirección nacional la presencia de civiles es abrumadoramente mayor que la de los militares activos y retirados. Apenas un puñado de militares históricos vinculados al intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 forma parte de esta dirección. Otro elemento significativo, inherente a esta dinámica de poder civil sobre el militar, es la histórica cuota ―única en los anales de la República― de unos 211 militares imputados por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión o contra el decoro militar ―cifra actualizada a diciembre de 2019—. Tampoco pasa desapercibido el hecho de que dos oficiales históricos del más alto prestigio durante el chavismo temprano, miembros del selecto círculo de los generales del 4f, cofrades de la rebelión militar originaria de Chávez, hayan quedado sometidos a un cruento presidio. En efecto, para los generales Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres se construyó un calabozo especial, con intimidantes medidas de seguridad y aislamiento. Después, le siguió la orden de transferir a 321 433 fusiles de las fanb a la Milicia Bolivariana, brazo armado civil del psuv, lo que deja en claro que el poder en Venezuela no está tomando la forma de un Estado de guarnición, sino el de un “Estado comunal”, cada vez más cercano a la doctrina del partido de gobierno. Estos hechos conforman dos elementos: el lanzamiento de un mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que la revolución es comandada por fuerzas civiles, y que ya no temen la injerencia militar sobre sus cuotas de poder ni el mando en Venezuela. El segundo elemento, fundamental en la lógica del poder del chavismo, es que la inteligencia civil, vista como interferencia, información, ideologización y propaganda, pudo resquebrajar la estructura formal militar de las fuerzas armadas venezolanas basándose en la fragmentación de los mandos operacionales, la incomunicación de los diferentes componentes de la fuerza y la anulación, por ende, de su poder de fuego coordinado ante levantamientos y golpes de Estado. Así, debe quedar atrás el análisis histórico-político tradicional de las relaciones civiles y militares que sostiene, todavía, una tesis pretoriana sobre el poder civil en Venezuela. Los tiempos presentes obligan a considerar la crisis venezolana, tanto para actores nacionales como extranjeros, desde el prisma renovado de un autoritarismo civil, policiaco y no militar, con fuerza en la ideología, la propaganda y el control social estructural. Asimismo, el equipamiento militar de la fanb y la expresión de ese poderío no deben ser confundidos con la existencia de una intervención castrense profesional y sistemática en el sistema político venezolano. La adquisición de equipamiento militar ofensivo y defensivo de China y Rusia, diestramente instrumentalizado por el chavismo bajo el madurato para propaganda e intimidación interna y externa, no es la manifestación política de unas fuerzas armadas profesionales en el gobierno. El nuevo papel de los militares en Venezuela es obedecer a ese poderío expresado en el psuv, para esperar el reparto de prebendas a los leales y responder oportunamente a cualquier amenaza interna o externa a la soberanía de la revolución. Tanto Guaidó como sus acompañantes y aliados internacionales deben comprender ese nuevo razonamiento de la fanb, guardiana del psuv.
