Venezuela no es la crisis: es el síntoma de un orden basado en reglas que ya no colapsa, se administra

La intervención de Estados Unidos en Venezuela no debería analizarse como un episodio aislado, ni siquiera como una anomalía explicable por el colapso del chavismo o la degradación institucional del país. Esa lectura, aunque cómoda, resulta superficial. 

El significado real del acontecimiento es más profundo e inquietante: marca un punto de inflexión en la forma en que el poder se ejerce, se legitima y se normaliza en el sistema internacional contemporáneo. Venezuela no es el problema central. Es el precedente.

Durante gran parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional liberal se sostuvo sobre una ficción funcional. Las grandes potencias podían violar normas, intervenir, derrocar gobiernos o imponer sanciones devastadoras, pero debían hacerlo con un cierto “pudor” estratégico: construir coaliciones, invocar principios universales, simular procesos multilaterales. Esa ficción no impedía los abusos, pero preservaba algo esencial: la idea de que existían límites y de que su transgresión debía ser explicada, justificada o, al menos, disimulada.

La operación estadounidense en Venezuela rompe con esa tradición. No solo por su contenido, la captura del jefe de Estado de un país soberano sin autorización del Congreso ni mandato multilateral, sino por su forma. Se actuó de manera directa, unilateral y con una justificación mínima, basada en una orden judicial doméstica proyectada como si tuviera validez universal. Y, sobre todo, se actuó sin consecuencias relevantes. Ese dato es central: el precedente no se define únicamente por lo que se hace, sino por lo que el sistema permite que se haga.

Lo ocurrido en Venezuela no fue una guerra declarada ni una intervención humanitaria clásica. Fue algo más sutil y, precisamente por ello, más peligroso: una demostración de impunidad estratégica. Se utilizó la cantidad exacta de fuerza necesaria para imponer un resultado político, pero no tanta como para activar los reflejos defensivos del sistema internacional.

En intervenciones anteriores, Irak en 2003, Kosovo en 1999 o incluso Libia en 2011, existió un esfuerzo considerable de legitimación. Hubo debates parlamentarios, resoluciones disputadas, informes de inteligencia, campañas mediáticas prolongadas. En Venezuela, en cambio, la legitimación fue mínima. No se buscó convencer; se asumió que no era necesario hacerlo.

Ese desplazamiento es revelador. Indica que la necesidad de consenso externo ha disminuido y que la percepción de riesgo político internacional es baja. Cuando una potencia actúa convencida de que el coste de violar normas será marginal, la violación deja de ser excepcional y se convierte en una opción estratégica.

Como en casi todas las intervenciones contemporáneas, la retórica justificatoria apeló a la democracia, los derechos humanos y la liberación de un pueblo oprimido. Sin embargo, el contraste entre discurso y práctica fue inmediato y elocuente. No se exigieron elecciones libres verificables, ni la liberación inmediata de presos políticos, ni el retorno de los exiliados. No se presentó un calendario creíble de transición ni se establecieron garantías institucionales claras.

La oposición democrática venezolana, que durante años había servido como referencia moral del discurso internacional, fue rápidamente desplazada. En su lugar, Washington exploró acuerdos pragmáticos con sectores del mismo aparato estatal previamente denunciado como ilegítimo. La coherencia normativa fue subordinada a criterios de funcionalidad política.

En este contexto resulta relevante, desde una perspectiva estrictamente jurídico-institucional, la reformulación reciente de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro tras su captura. Durante años, la imputación se estructuró en torno a la existencia del denominado “Cártel de los Soles”, presentado como una organización criminal jerárquica y operativa. Ese encuadre permitía inscribir el caso en las categorías del crimen organizado transnacional, ampliando su alcance jurídico y reforzando su proyección extraterritorial.

En la acusación revisada, el Departamento de Justicia modifica ese marco y describe el fenómeno no como un cártel en sentido estricto, sino como un sistema de corrupción estatal y clientelismo alimentado por el narcotráfico. El cambio no elimina las imputaciones penales, pero sí altera de manera sustantiva la naturaleza jurídica de los hechos alegados.

Desde el punto de vista legal, esta reformulación plantea interrogantes relevantes sobre la consistencia acusatoria y sobre el uso flexible de categorías penales complejas en contextos de alta sensibilidad política y estratégica. Más allá del caso concreto, el episodio ilustra un fenómeno más amplio: la creciente adaptabilidad del derecho penal y de la jurisdicción extraterritorial a escenarios cambiantes. El derecho opera aquí menos como un marco estable que como un conjunto de herramientas cuya configuración final depende del entorno político en el que se aplican.

Este patrón tiene antecedentes históricos claros. En Irán, en 1953, el derrocamiento de Mosaddeq se justificó en nombre de la estabilidad, cuando el objetivo real era el control del petróleo. En Chile, en 1973, la defensa retórica de la democracia convivió sin fricción con el respaldo a una dictadura funcional a intereses estratégicos. En Venezuela, la democracia vuelve a ocupar el lugar que históricamente ha tenido en muchas intervenciones: el del argumento útil, no el del objetivo real.

El papel del petróleo en Venezuela no puede reducirse a una nota al pie. Es el eje material que estructura toda la operación. Controlar políticamente un país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo no es solo una cuestión energética, sino geopolítica, financiera y estratégica.

Pero el petróleo ya no actúa solo. En el siglo XXI, la lista de recursos estratégicos se ha ampliado: gas, tierras raras, coltán, litio, rutas marítimas, infraestructuras portuarias, redes energéticas. Venezuela no es relevante únicamente por lo que extrae, sino por lo que conecta. Forma parte de un mapa más amplio donde energía, transición tecnológica y competencia entre potencias se superponen.

La historia reciente ofrece paralelos evidentes. La intervención en Irak no puede entenderse sin el petróleo; la destrucción del Estado libio coincidió con la apertura de sus recursos; las disputas por influencia en África central giran hoy en torno a minerales críticos. En todos estos casos, el proceso político importa menos que el resultado estratégico. Cuando el desenlace es favorable, los medios se reinterpretan retrospectivamente como necesarios.

Esta “política del resultado” es profundamente corrosiva, ya que convierte la legalidad en una variable dependiente y normaliza la idea de que la soberanía es negociable cuando los recursos lo justifican.

Durante años se sostuvo una narrativa tranquilizadora: Donald Trump sería imprevisible y agresivo con los débiles, pero cuidadoso frente a las grandes potencias. Esa lectura ya no se sostiene. Las incautaciones de activos energéticos con bandera rusa, ejecutadas mediante coerción naval y sanciones extraterritoriales, revelan otra lógica: no prudencia, sino agresión calibrada.

Trump no busca una guerra abierta con Rusia o China, pero sí está dispuesto a erosionar sus intereses cuando puede hacerlo sin cruzar umbrales de escalada directa. La confrontación adopta formas no convencionales: fricciones legales, bloqueos económicos, incautaciones selectivas y demostraciones de fuerza limitadas. Es una estrategia de desgaste más que de choque frontal.

El operativo impulsado por Donald Trump en Venezuela profundizó y aceleró esta mutación del orden internacional, pero también expuso tensiones internas significativas dentro del propio sistema político estadounidense. Concebida desde una lógica transaccional extrema, la acción trató a Venezuela no como un problema diplomático complejo, sino como un activo estratégico a reordenar. Sin embargo, esa misma lógica activó resistencias institucionales. 

En el Congreso, sectores relevantes interpretaron el operativo como una extralimitación del poder ejecutivo y una vulneración de las prerrogativas constitucionales del Legislativo. La aprobación en el Senado de una resolución crítica, aún pendiente de consideración en la Cámara de Representantes, no es un gesto simbólico menor: expresa la persistencia de un conflicto no resuelto sobre los límites del uso de la fuerza, la jurisdicción extraterritorial y la capacidad del presidente para actuar sin autorización explícita.

Desde una perspectiva normativa, esta reacción revela que la erosión del orden basado en reglas no implica su desaparición inmediata, sino su desplazamiento hacia un terreno de ambigüedad funcional. Las normas siguen existiendo, pero su activación depende de correlaciones políticas más que de principios estables. El hecho de que una acción de este calibre pueda ejecutarse primero y ser cuestionada después confirma la inversión del orden jurídico: la legalidad ya no opera como condición previa, sino como variable a negociar a posteriori. 

El precedente no reside solo en la acción, sino en la aceptación tácita de que la corrección institucional puede llegar tarde, cuando el resultado ya está consolidado.

En la sociedad norteamericana, la operación generó una respuesta igualmente ambivalente. Junto a sectores que la percibieron como una demostración de eficacia estatal y control estratégico, emergió un rechazo articulado desde organizaciones de derechos civiles, ámbitos académicos, sectores mediáticos y parte de la opinión pública. Estas voces denunciaron el operativo como un precedente peligroso que erosiona tanto el derecho internacional como las propias garantías constitucionales de Estados Unidos. No se trató de una objeción marginal: el cuestionamiento apuntó directamente al riesgo de normalizar la excepcionalidad como método de política exterior.

Sin embargo, ese rechazo social, aunque real, no logró traducirse en un freno político inmediato ni en un costo electoral claro. La ausencia de consecuencias visibles reforzó una dinámica central del momento actual: el sistema es capaz de absorber el disenso sin que este restablezca límites efectivos. La crítica existe, la legalidad se invoca y el Congreso reacciona, pero el precedente se consolida. En este sentido, el impacto del operativo no fue solo geopolítico, sino cultural y normativo: contribuyó a instalar la idea de que el uso selectivo de la fuerza y del derecho extraterritorial es aceptable siempre que se administre con precisión y no desestabilice el orden interno.

Esta forma de actuar recuerda a la fase final de la Guerra Fría, cuando incluso en contextos de alta confrontación existían reglas tácitas que limitaban la escalada. La diferencia decisiva es que hoy esas reglas ya no delimitan el poder: se ajustan a él, se reinterpretan o se ignoran según la conveniencia del actor dominante.

Uno de los aspectos más inquietantes de este proceso es la transformación del derecho en arma política. Órdenes judiciales nacionales, regímenes de sanciones y legislaciones extraterritoriales se utilizan para proyectar poder más allá de las fronteras. El derecho internacional deja de ser un límite y pasa a ser un lenguaje táctico. Se invoca cuando legitima y se ignora cuando estorba.

Este fenómeno no destruye el derecho; lo vacía. Y un derecho vaciado es más peligroso que la ausencia de normas, porque conserva la apariencia de legitimidad mientras pierde su función reguladora.

Nada de esto sería posible sin la reacción, o la falta de reacción, del resto del sistema internacional. Las respuestas ante Venezuela han sido fragmentadas, tímidas o abiertamente complacientes. No ha habido una defensa coherente del principio de soberanía ni un intento serio de restaurar límites. Cada precedente no contestado debilita un poco más la arquitectura normativa global.

Para Europa, el precedente venezolano es especialmente inquietante. La Unión Europea se beneficia estructuralmente de un orden basado en normas porque carece de la capacidad y, en muchos casos, de la voluntad de imponer resultados por la fuerza. Su poder es normativo, regulatorio y económico. Aceptar que la soberanía puede violarse selectivamente equivale a socavar su propia posición en el mundo.

Lo mismo ocurre con la OTAN: una alianza que se presenta como garante de reglas compartidas no puede ignorar indefinidamente su erosión desde dentro sin perder credibilidad.

Venezuela no es una excepción histórica. Es un ensayo general. Si esta forma de actuar se consolida, otros actores la imitarán. Rusia, China, Turquía y potencias regionales observan atentamente. El mensaje que reciben es claro: el uso selectivo de la fuerza funciona si se gestiona bien el umbral de escalada.

El resultado probable no es más orden ni más estabilidad, sino un sistema internacional más transaccional, más imprevisible y potencialmente más violento.

Para América Latina, el precedente venezolano no es una abstracción teórica. Es una señal directa sobre su lugar en la jerarquía real del sistema internacional. La región ha sido históricamente concebida como un espacio de soberanía relativa, donde la legalidad internacional opera de forma flexible y la autonomía política está condicionada por consideraciones estratégicas externas.

La señal es inequívoca para los Estados latinoamericanos. La estabilidad institucional, el alineamiento geopolítico y la disponibilidad de recursos estratégicos pesan hoy más que cualquier principio formal de no intervención. Gobiernos que controlen activos energéticos, minerales críticos o infraestructuras clave quedan implícitamente advertidos de que su margen de soberanía es contingente.

No se trata de una amenaza explícita, sino de algo más eficaz: la internalización del precedente. La autocontención deja de ser impuesta y pasa a ser inducida.

Este efecto disciplinador tiene consecuencias políticas profundas. Refuerza a las élites que privilegian la “gobernabilidad aceptable” frente a la soberanía efectiva, debilita proyectos de autonomía regional y fragmenta cualquier intento de respuesta colectiva. Al mismo tiempo, erosiona la legitimidad del derecho internacional en sociedades que ya lo percibían como selectivo y funcional a los poderosos.

El resultado es una región más vulnerable, más dependiente y cínica respecto a las reglas que se le exigen cumplir. Venezuela, en este sentido, no es solo un caso más: es el recordatorio de que América Latina sigue siendo el espacio donde los precedentes se ensayan antes de generalizarse.

La pregunta de fondo ya no es qué pasará en Venezuela. Es ¿qué tipo de sistema internacional estamos dispuestos a normalizar?. Uno en el que la soberanía es condicional, el derecho es instrumental y la fuerza decide sin necesidad de una justificación moral coherente. Un sistema en el que las normas no delimitan el poder, sino que se adaptan a él.

El mayor error sería creer que estos procesos afectan solo a países débiles o periféricos. El orden basado en reglas no colapsa de forma abrupta; se descompone lentamente, a través de precedentes tolerados, silencios interesados y racionalizaciones oportunistas. Cada excepción aceptada reduce el coste de la siguiente. Cuando ese orden se vuelve necesario, cuando el poder ya no es propio, sino ajeno, suele ser demasiado tarde para invocarlo.

Venezuela no inaugura una nueva era, pero confirma que una ya ha terminado: la era en la que el poder necesitaba fingir límites. Lo que emerge no es un vacío normativo, sino algo más inquietante: un sistema donde la legalidad sobrevive como lenguaje, pero no como freno; donde el derecho legitima a posteriori decisiones ya tomadas; donde la impunidad deja de ser un desvío y se convierte en método.

Venezuela no es el problema. Es la prueba de que el orden basado en reglas ya no se rompe: se administra.