Villasmil /Eso que llaman “Justicia socialista”
Desnudar la justicia socialista es desnudar el poder socialista, sus corruptelas, sus falacias, sus manipulaciones, sus odios.
Desnudar esa «justicia» es descubrir que, bajo el socialismo, la capacidad de violencia del Estado no es sólo dialéctica.
La «justicia socialista», aludida o mentada por partidos socialistas o comunistas (o una alianza de ambos, como en España) se presenta históricamente como una superación del derecho liberal. Bajo un discurso empacado en términos como «justicia social» (robado éste último de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento demócrata-cristiano), redistribución y reparación histórica, la mayoría de los movimientos socialistas prometen corregir las desigualdades estructurales del capitalismo a través del Estado. Sin embargo, en su praxis política e institucional este modelo ha operado consistentemente en sentido contrario: mecanismo ideologizado de control social, erosión de la propiedad privada, subversión de la seguridad jurídica y, en última instancia, legitimación de la arbitrariedad estatal y criminal (sus gobiernos más emblemáticos comparten confortablemente ambos adjetivos).
Bajo ciertos socialismos el derecho deja de ser un límite al poder. El análisis de tres experiencias —la dictadura castrista en Cuba, el régimen chavista en Venezuela y el reciente socialismo (“sanchismo”) en España— ilustra la escala de esta degeneración política y su expresión jurídica.
1.Cuba: La erradicación de la independencia judicial
A partir de 1959 la justicia socialista fue implementada y profundizada por el castrismo. Bajo el mando de Fidel Castro el poder judicial perdió de forma absoluta su condición de órgano independiente. La Constitución cubana consagró que los tribunales no respondían a principios universales de imparcialidad, sino a las directrices de la «sociedad socialista» y del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Un ejemplo:
El Artículo 5 de la Constitución establece expresamente: «El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista […] es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.»
En Cuba, la justicia socialista consolidó una premisa fundamental: el individuo no posee derechos inalienables frente al Estado; sus libertades están sujetas al grado de lealtad hacia la causa revolucionaria.
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Venezuela: confiscación institucional e impunidad bajo el chavismo
En Venezuela, el proyecto iniciado por Hugo Chávez y profundizado por Nicolás Maduro utilizó inicialmente los cauces democráticos para erosionar el Estado de derecho desde su interior. Bajo la consigna del «Socialismo del Siglo XXI», el Poder Judicial fue sometido a una hegemonía absoluta por parte del Poder Ejecutivo.
El uso de la ley como arma de persecución política ha sido el rasgo distintivo de la justicia chavista. A través del Tribunal Supremo de Justicia y fiscalías politizadas, el régimen transformó las expropiaciones y las ocupaciones forzosas en actos administrativos desprovistos del debido proceso. Miles de fincas productivas, empresas e inmuebles urbanos fueron intervenidos, resultando en la destrucción de la capacidad productiva del país y en la transferencia masiva de bienes a manos de cúpulas afectas al poder.
Al mismo tiempo, la justicia penal en Venezuela bifurcó sus criterios: mientras se aplicaba una severidad implacable y violatoria de derechos humanos contra opositores, líderes comunitarios y manifestantes, se generó un ambiente de impunidad casi total frente al crimen organizado y la corrupción estatal.
España: La desprotección de la propiedad
La experiencia reciente de ocho años de socialismo y coaliciones de izquierda en España se ha desarrollado dentro del marco institucional de una democracia occidental. Sin embargo, las reformas legislativas e ideológicas impulsadas en este período evidencian cómo las premisas doctrinarias del socialismo contemporáneo lesionan pilares esenciales de la seguridad jurídica: el derecho individual a la propiedad es un claro ejemplo.
El fenómeno «Okupa»: El premio al agresor y el desamparo del propietario
Uno de los puntos de mayor quiebre en la percepción de la justicia ha sido la gestión legislativa e institucional frente a la usurpación ilegal de viviendas. Bajo una narrativa ideologizada la normativa aprobada ha ralentizado los procesos de desalojo y ha impuesto trabas burocráticas a los legítimos dueños.
La justicia, en este esquema, invierte las cargas morales y jurídicas: al propietario al privarlo de su bien y otorgando coberturas procesales a quien vulnera la ley.
Otro ejemplo claro fue la promulgación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida popularmente como la ley del «solo sí es sí»). Fue concebida bajo dogmas doctrinarios de la izquierda, solo ha servido para rebajar penas o incluso liberar a centenares de condenados por delitos de agresión sexual.
Los órganos de la justicia han sido atacados despiadadamente por el sanchismo, secta al servicio de la voluntad omnímoda de su líder y su ambición de poder. En especial, en los casos que atacan directamente a seres cercanos a Sánchez, como su esposa, su hermano o sus antiguas manos derechas Ábalos y Cerdán.
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Conclusión: El quiebre de la igualdad ante la ley
La trayectoria de la «justicia socialista» demuestra una constante histórica: el reemplazo de la igualdad formal ante la ley por un modelo de justicia ideológica termina por fracturar las garantías fundamentales de la sociedad.
- En Cuba, el dogma socialista extinguió las libertades públicas y la propiedad.
- En Venezuela, destruyó el tejido institucional para dar paso a la persecución sistemática y a la confiscación.
- En la socialdemocracia radicalizada en España tensionó el Estado de derecho al debilitar la protección del propietario frente al usurpador y comprometer la eficacia de la tutela penal, así como su ataque sin pausa contra los órganos de justicia y la prensa libre.
En última instancia, el principio liberal que establece que la ley debe ser un escudo igualitario para todos los ciudadanos ha sido desmantelado en los regímenes socialistas.
Si ‘ser progresista’ te hace rehén de un partido radicalizado como el actual PSOE, no eres progresista, eres tonto útil. Con una mentalidad de izquierdas, en España los últimos ocho años no han sido de progreso.
España tiene elecciones a fines de noviembre. Venezuela y Cuba viven el suspenso de no saber cuándo las tendrán, o si serán realmente democráticas y pluralistas.
En toda elección los ciudadanos de un país metafóricamente se miran a un espejo, mientras deciden su voto. Aceptan implícitamente que lograr algo implica asimismo una renuncia, pero dentro de los límites y principios democráticos.
La mayoría de las decisiones no cambian el mundo, pero bajo ciertos regímenes socialistas, como los aquí mencionados, algunas te pueden cambiar la vida, y te obligan a renunciar a valores y logros que son irrenunciables. Por ello, lo peligroso es que alguien decida por ti la vida que vas a poder vivir. Si lo sabremos los cubanos y los venezolanos, para nuestra desgracia.
La justicia socialista ha sido aplicada, durante décadas, no por movimientos políticos, sino por sectas violentamente endogámicas que, como bien recuerda la genética, han acabado por engendrar taras. Sus liderazgos, por ende, son cada día más inhumanos, corrompidos y crueles.
Por ello, bajo el actual modelo socialista revolucionario, corrupto, identitario y nacional-oportunista, la palabra democracia debe usarse con muchas reservas.
Tengamos siempre claro -ojalá que los españoles lo entiendan- que hoy en la política, cada vez en más países la decisión electoral no es entre continuidad o reemplazo.
Es entre libertad o autoritarismo.
