Wilexis y la Operación Gedeón

Las últimas dos semanas en Venezuela han estado caracterizadas por la violencia que se ha materializado en distintos ámbitos y modalidades. El motín en la cárcel de Guanare, que deja unos 47 fallecidos y 75 heridos, los enfrentamientos en Petare que finaliza con la cacería humana del Estado a un enigmático personaje denominado Wilexis, a quien sus vecinos describen como ángel y demonio y que, gracias a la fórmula “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”,  algunos tratan de elevarlo a los altares del liderazgo antimadurista.

A estos se suman los hechos acontecidos en la Guaira y Aragua relacionados con lo que se ha conocido como la “Operación Gedeón”, la evolución de una crisis humanitaria sin precedentes, hoy agravada por la amenazas de una proliferación descontrolada del coronavirus, y una desmovilización, no solo la decretada que ya cumple dos meses, sino la impuesta por la desaparición del combustible necesario para la movilización de las personas, así como de alimentos, medicinas y cualquier otro bien o servicio.

Para tratar de encontrar alguna orientación en este bosque de información y desinformación, revisamos las implicaciones de algunos de estos eventos en la conformación del escenario actual y sus posibles consecuencias en el futuro inmediato.

¿Qué relación podemos establecer entre lo ocurrido en el sector José Félix Ribas de Petare, que se inició la noche del miércoles 29 de abril con un enfrentamiento entre bandas que duró cinco días, que los vecinos de la zona tuvieron que dormir en el piso de sus humildes viviendas y que proyectiles de alto calibre impactaban a las residencias de urbanizaciones vecinas a más de dos kilómetros de distancia, y cuyo drama continúa hasta hoy con el despliegue de helicópteros, grupos comando policiales y de la Guardia Nacional, que han aislado al barrio, al que hoy nadie entra y nadie sale, para desarrollar una especie de cacería humana por aire y tierra que tienen como objetivo a un sólo hombre, Wilexis, cuyo nombre ya se ha hecho tan conocido como el de cualquier líder político, y las imágenes que rodaron en las redes sociales mostrando a otro individuo encapuchado acompañado de otros con armas largas en las calles de la parroquia 23 de enero de Caracas mientras advertía, megáfono en mano, que “Con pandemia y bloqueo económico seguiremos resistiendo” e instaba a la comunidad a respetar los horarios, los precios acordados y las medidas por la covid-19 decretadas por el gobierno?

La presencia y el control ejercido por colectivos fuertemente armandos, no sólo en el 23 de enero, sino en otras localidades de Caracas y del interior del país, así como lo que sucede en Petare, dan fe de que el armamento de guerra no está bajo el control exclusivo la FAN, sino que existe un aparato represivo y de control social que no involucra tan solo a los cuerpos militares y policiales del Estado, sino también a grupos paramilitares que disponen de armas y municiones suficientes para hacer contrapeso a los órganos estatales y cuya existencia y capacidad de fuego sólo puede ser explicada desde la tolerancia y la protección del mismo Estado, que otorga a estos grupos el control sobre determinados territorios a cambio de su lealtad incondicional y de que sean estos quienes ejerzan el control social de sus vecinos, con lo cual se estrangula de manera precoz todo intento por organizar a las comunidades con algún fin político adverso al régimen, incluyendo cualquier intento de protesta.

Estos grupos paramilitares forman parte del sistema represivo del Estado, desde el 2002, cuando la Fuerza Armada se negó a reprimir las protestas que terminaron con la salida de Chávez del poder el 11 de abril, y en quienes se delega el trabajo sucio, o sea aquellas tareas que los cuerpos armados estatales, como la FANB, prefieren evitar por las consecuencias que la violación de DDHH podría acarrearles en el futuro.

Asimismo, estos grupos fuertemente armados, que algunos estiman en algo más de 100.000 hombres, y que responden a otros códigos y reglas no escritas que nada tienen que ver con el estado de derecho, pero que rigen la relación entre ellos y su relación con el Estado, se constituyen en complemento paraestatal eficaz del aparato represivo, pero también en su contrapeso en el caso de que, como sucedió en 2002, la Fuerza Armada y los cuerpos policiales decidan dar la espalda al régimen, caso en el cual tendrían no solo que lidiar con las complicaciones propias de su decisión, sino además confrontar grupos irregulares fuertemente armados que conocen bien el territorio en el que se mueven, como lo demuestra todo el despliegue que se ha hecho para la captura de un hombre en Petare.

Al contrastar esta situación con lo que se ha denominado como la “Operación Gedeón”, en la que un pequeño grupo de hombres tratan de llevar adelante una “operación comando para liberar a Venezuela” intentando entrar primero por una playa de la Guaira y luego por dos puntos de la costa aragueña, la comparación resulta, por decir lo menos, ridícula. Hoy existen muchas versiones y dudas sobre lo que en realidad hubo detrás de tal fiasco  aparentemente liderado por un tal Jordan Goudreau, un ex combatiente de las Fuerzas Especiales norteamericanas que hoy se dedica al negocio de la seguridad desde su propia firma privada, Silver Corp.

Pero independientemente de las verdades o mentiras sobre este caso, de lo que no cabe la menor duda es que ello implicará un nuevo retroceso para la lucha democrática en Venezuela y la pseudo-justificación para un nuevo capítulo de persecución política contra la oposición, que podría ir más allá de quienes forman parte del gobierno interino liderado desde hace algo más de un año por Guaidó.

Tanto Guaidó como el gobierno norteamericano han negado cualquier relación con la “Operación Gedeón”, y la verdad es que toda la situación ha resultado tan absurda que cuesta creer que algo tan probremente planificado y aún peor ejecutado, pueda llevarse adelante con el aval de los Estados Unidos o de Guaidó que, como hemos visto, mantienen comuncación permanente.

Este capítulo, que sería digno de una parodia de Jack Ryan, sino fuese por el hecho de haberle costado la vida a 8 seres humanos, pareciera más bien una acción típica de cazafortunas entusiasmados con la posibilidad de cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace algunas semanas atrás, y que quizás hasta hayan logrado levantar algunos fondos y reclutar voluntarios entre algunos ilusos que, lejos de haber logrado su objetivo han visto evaporarse su inversión, sus ilusiones, y en algún caso hasta su libertad, al tiempo que han terminado haciendo un daño muy costoso a la credibilidad de nuestro liderazgo, así como a los esfuerzos que se realizan tanto desde dentro como desde fuera de Venezuela para alcanzar un cambio político sostenible.

En medio de lo que podría calificarse como una semana de pérdidas para los demócratas venezolanos y sus aliados internacionales, el régimen afianza su control sobre el país, exhibiendo las capacidades de su aparato de inteligencia, el poder destructivo de lo que se ha denominado como el pueblo en armas, que en realidad son el primer muro de contensión y represión contra el mismo pueblo, mientras toma ventaja de la pandemia para desplegar a todos sus cuerpos represivos, tanto estatales como paraestatales, y  mantener así a todo un país sumido en la más absoluta parálisis económica, social y política, que se trata de justificar en la hazaña de estar ganando la guerra a una pandemia cuyos números sólo encuentran explicación en las muy escasas pruebas que se procesan diariamente y el hecho de que posiblemente sigamos estando en una etapa inicial de la curva de contagio gracias, irónicamente, al aislamiento externo en que ya nos encontrábamos por la suspensión de vuelos hacia Venezuela, la escazes de combustible, y el inicio de una cuarentena que se decreta prematuramente, más que por el coronavirus por las protestas que comenzaban a convocarse a partir del regreso de un Guaidó fortalecido por la gira internacional.

A todo evento, en los últimos días, pareciera que las expectativas del régimen sobre la posibilidad de normalizar la situación en este mismo mes de mayo, comienzan a moderarse, tal como lo demuestra el nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia publicado en la Gaceta Oficial fechada el 4 de mayo.

Entre las explicaciones a la extensión del Estado de Excepción y Emergencia podemos deducir que existe el fundado temor a un posible aumento de la conflictividad social en la medida que desaparezca la justificación para mantener al país paralizado y a la gente confinada en sus comunidades, para encontrarse con que no pueden movilizarse por la ausencia casi absoluta de combustible. Otra explicación, no excluyente de la anterior la encontramos en la existencia de evidencia, en manos del régimen, de que los temores de entrar en una etapa de crecimiento exponencial de la pandemia, que todos los expertos han manifestado, encuentra respaldo en los resultados de un número mayor de pruebas rápidas que se han venido implementado, pero cuyo resultado nadie conoce.

El caso es que el país, sumido desde hace varios años en una profunda crisis social y económica, difícilmente puede mantener la cuarentena por mucho más tiempo, lo que podría implicar que en la medida que se relaje el confinamiento por la aparente superación de la emergencia, y a fin de relajar las tensiones sociales que comienzan a hacerse evidentes, la curva de crecimiento podría comenzar a acentuarse cuando la gente y el COVID-19 se encuentren en la calle. Es por ello que, aún en el escenario de que se logre mejorar la disponibilidad de combustible, sería previsible que se mantenga un abastecimiento limitado, tanto por razones  presupuestarias y logísticas, como para poder extender el confinamiento social, aunque tratando de disminuir las limitaciones que ello implica en la distribución de alimentos y otros bienes y servicios básicos que podrían agravar la conflictividad.

A modo de conclusión podríamos decir que el régimen cerró el año pasado en un escenario políticamente favorable, podríamos decir que en un equilibrio precario, pero equilibrio a fin de cuentas que es lo que le importa. El mayor temor del régimen durante el año pasado era una escalada de la protesta, que fue justamente lo que Guaidó no logró concretar, y volvió a intentar nuevamente este año al finalizar su gira internacional. Pero el coronavirus llegó al rescate de Maduro para permitirle decretar de manera precoz una emergencia sanitaria y colocar al país en cuarentena. Cuarentena que le ha permitido retomar el control y desplegar el aparato represivo, tanto estatal como paraestatal, controlando medios, invisibilizando a la oposición y destruyendo sus opciones de acción, generando una nueva situación de equilibrio para el régimen en el que éste trata de avanzar a marcha forzada, mientras apuesta a que el Presidente Trump sea derrotado en las próximas elecciones que se celebrarán a finales de este año en los EEUU, y a que la comunidad internacional se aleje de Guaidó y levante las sanciones, como parte de las medidas humanitarias, mientras se juega, peligrosamente, con el chantaje de unas consecuencias impredecibles si la pandemia se va de las manos como consecuencia de desatender sus demandas.

Asimismo, es importante tener claro que iniciativas infantiles e irresponsables como la “Operación Gedeón”, no representan ninguna amenaza real para Maduro y lejos de ayudar sólo logran servir en bandeja de plata un fracaso que alimenta el mito de la invencibilidad del régimen generando mayor zozobra y desesperanza entre los venezolanos.

Venezuela necesita con urgencia un cambio político, pero cambios tan trascendentales no pueden dejarse en las manos de aventureros sin ninguna capacidad para darle gobernabilidad y consolidar un proceso de transición. No podemos hacer de la transición venezolana otro caso fracasado como el de Libia tras el ajusticiamiento de Gadaffi.

Una transición en Venezuela necesita de nosotros, de los ciudadanos decentes de este país para ser sostenible, necesita de Estadistas y de lo mejor de nuestros talentos, de líderes sociales y políticos responsables, y por supuesto de la ayuda internacional institucional y capaz de emprender un proceso de reconstrucción política, económica y social sostenible en el tiempo.