El “corralito” de Maduro que afecta a cerca de mil chilenos pensionados

Se trata de connacionales que trabajaron toda su vida en Venezuela, que regresaron a Chile ante la crisis de ese país y que en diciembre de 2015 dejaron de recibir el beneficio que había sido acordado por ambas naciones por un Convenio Bilateral de Seguridad Social. A nivel mundial, son cerca de 12 mil las personas perjudicadas.

A sus 76 años de edad Héctor Arismendi aspiraba a una vejez tranquila. Vivió en Venezuela desde la década de 1970 y en el año 2000 regresó a su país, Chile. Durante los 30 años que trabajó en el área de la construcción civil, como contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA) cotizó en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) –la institución pública que centraliza el pago de las pensiones–. Habiendo cumplido con el número de pagos obligatorios y con la edad que exige la ley, Arismendi confiaba en que se reconocieran sus años de servicio y se le pagara su jubilación, atendiendo al Convenio Bilateral de Seguridad Social que existe entre ambas naciones. Fue así durante un tiempo. Hasta diciembre de 2015, cuando el pago se suspendió sin ninguna explicación.

Solamente en Chile habría alrededor de 1.000 personas afectadas por este conflicto. Sin embargo, se calcula que hay 11.700 casos en el mundo y que la deuda total superaría los 20 mil millones de dólares al cambio oficial de Venezuela, según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Los afectados están agrupados bajo el ala de la asociación de Pensionados de Venezuela en Chile (Pensivech), que tiene entre sus afiliados a 708 personas, incluyendo a 15 que ya fallecieron en espera del reconocimiento de la deuda, pero se calcula que habría alrededor de mil. “La situación es dramática, la mayor parte de nuestra vida laboral transcurrió en Venezuela, así que bajamos nuestras cotizaciones en Chile, a los que recibimos pensión acá no nos alcanza”, dice Alejandro Bustamante, presidente del grupo.

Esta es una realidad lamentable y muy poco conocida. A mis 76 años yo no debería preocuparme por dinero, y ahora todo el ingreso que recibo lo gasto, cuando la vejez debería ser un período de tranquilidad”.

Explica que se constituyeron en junio de 2012, con 62 miembros quienes, en principio, buscaban exigir que los pagos fuesen más regulares y llegar a acuerdos con los bancos para bajar las comisiones. Hasta el año 2015 el pago llegó todos los meses, pero a partir de diciembre de ese año comenzó la irregularidad: ese mes lo cobraron en abril de 2016 y de allí en adelante no hubo nuevos depósitos.

El caso fue expuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 169º período ordinario de sesiones. En ese encuentro hubo una audiencia sobre “Crisis política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI”, luego que las organizaciones Convite Asociación Civil (Convite A.C.), Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados y Pensionados, Unión Afirmativa de Venezuela, Acción Ciudadana contra el Sida, y Provea, solicitaran al organismo un espacio para visibilizar la situación de los grupos más vulnerables, en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa ese país.

“Salieron por razones asociadas a su salud, a falta de tratamientos médicos”

Cualquiera que esté protegido por el Convenio Bilateral de Seguridad Social y haya cumplido con los requisitos de ley para tener una pensión en Venezuela, y que tenga residencia permanente en otro país, debe recibir su pensión en moneda local. Este acuerdo está vigente en España, Portugal, Italia, Uruguay, Chile y Ecuador.

“Debido al control de cambio que existe en Venezuela, la pensión se calculaba a una tasa protegida llamada Dipro. Cuando esta tasa desapareció, los pensionados quedaron en un limbo puesto que no hay referentes para calcular cuánto debe ser su pensión en divisas”, afirma Luis Francisco Cabezas, director general de Convite.

Indica que estas personas además se encuentran en una situación de desprotección particular pues su migración fue “forzada”. “Salieron por razones asociadas a su salud, a falta de tratamientos médicos, porque no hay acceso a medicamentos. No fue por placer, ni voluntario”, describe Cabezas.

Debido al control de cambio que existe en Venezuela, la pensión se calculaba a una tasa protegida llamada Dipro. Cuando esta tasa desapareció, los pensionados quedaron en un limbo puesto que no hay referentes para calcular cuánto debe ser su pensión en divisas”.

Durante el año 2017 Convite realizó un monitoreo de peso y talla en 25 casas de abuelos y constataron que quienes asisten a estos centros pierden 1.3 kg de peso mensualmente, lo que supone perder casi 16 kg al año fundamentalmente de masa muscular, el principal protector de la estructura ósea de las personas mayores. Además, el último levantamiento del índice de escasez de medicinas realizado por esta organización en el mes de agosto de 2018, reveló que la escasez de medicinas para tratar la diabetes es de 83,3%, mientras que para la hipertensión es de 79%. Esas son las dos principales causas de morbilidad de las personas mayores. Por otro lado, el Estado venezolano no ha suscrito la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2016.

“En diciembre de 2017, Nicolás Maduro reconoció en televisión el impago y se comprometió a resarcirlo. No obstante, a la fecha siguen sin cancelarlo”, subraya Cabezas. En esa entrevista para el programa “Salvados”, de la televisión española Maduro se aseguró que el tema estaría resuelto en diciembre de 2017, cosa que no ha sucedido.

“Tenemos un problema con algunos pensionados que están en el exterior. ¿Por qué ocurre ese problema, que debe resolverse muy pronto? Por la baja abrupta, dramática, de los ingresos en divisas del país… Hemos tenido que reconfigurar el presupuesto exterior del país, de los gastos, y priorizar algunas inversiones fundamentales para garantizar el funcionamiento social y económico de Venezuela”, justificó entonces Maduro.

La última vez que hicieron el cálculo en Pensivech, en diciembre de 2017, a cada uno de ellos se le debería alrededor de 108.000 euros.

Gestiones sin respuesta

Todas las veces que Héctor Arismendi se acercó a la Embajada de Venezuela en Chile en busca de explicaciones no encontró respuesta: “Nadie sabía nada. Tengo una hija política que es empleada de la administración pública en Venezuela y fue ella quien me dijo que no me iba a llegar más la pensión. Esta es una realidad lamentable y muy poco conocida. A mis 76 años yo no debería preocuparme por dinero, y ahora todo el ingreso que recibo lo gasto, cuando la vejez debería ser un período de tranquilidad”.

En diciembre de 2017, Nicolás Maduro reconoció en televisión el impago y se comprometió a resarcirlo. No obstante, a la fecha siguen sin cancelarlo”.

Pensivech ha hecho gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, la Cámara de Diputados, la Embajada de Venezuela el Chile, entre otras.

“Nunca hubo una respuesta oficial del gobierno de Venezuela, llevamos el caso a tribunales y dos veces fue declarado inadmisible. Todo el Poder Judicial en Venezuela está en manos del gobierno. Así que recurrimos a organizaciones internacionales como la OEA y la ONU”, explica Bustamante.

Convite introducirá próximamente una medida cautelar de protección para pensionados en el extranjero ante la CIDH.

Desde la Subdirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores reconocieron que se habían reunido con la organización para tratar de hacer gestiones, que hasta la fecha han sido “infructuosas”.

“Somos un grupo con grandes necesidades. Es muy indigno el momento que vivimos y que no hayamos encontrado la voluntad política para ayudarnos. Más allá de algunos reclamos”, dice Bustamente, presidente de Pensivech, quien estudió Química, se especializó en el área gerencial y era empleado de una multinacional. En total trabajó 20 años en Venezuela y 25 en Chile, por una pensión que no llega.