Aumenta la tasa de desempleo
La tasa de desempleo aumentó de un 8,6% a un 11,9% entre el segundo trimestre del 2018 y el mismo periodo del 2019. Estadísticamente, se trata de una variación significativa, explica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Significa que, entre abril y junio pasados, casi 300.000 personas buscaron empleo para obtener una fuente de ingresos y no lo encontraron, 90.000 más que en los mismos meses del año anterior.
La situación es peor para las mujeres. Entre ellas, el desempleo es de un 15%, mientras que, entre los hombres, es de un 9,9%.
Desde mediados del 2017, se nota una marcada tendencia al alza en el desempleo.
Un análisis detallado, publicado por el periodista Óscar Rodríguez en La Nación, revela que el desempleo creció con más fuerza en las áreas urbanas del país debido a ceses laborales por despidos, cierres de empresas, renuncias y personas que no encontraron empleo pese a buscarlo.
En las zonas urbanas, la tasa de desempleo alcanzó un 12,3% y, en las rurales, un 10,8%.
Estos son datos reales que permiten ver un panorama general en lugar de las parcialidades que suelen mostrar las redes sociales. Provienen, además, de una institución que ha demostrado independencia, como el INEC.
Son datos dolorosos. Veamos lo más preocupante: en la zona urbana, el 62% de los desempleados dijo haber caído en esa condición debido a ceses laborales por razones de mercado, lo cual incluye despidos, cierres de empresas, quiebras o reestructuraciones de compañías, así como renuncias pactadas.
En el segundo trimestre del 2018, poco más de 94.000 desempleados expresaron esa razón en la Encuesta Continua de Empleo y, en el 2018, el número se disparó a casi 143.000 personas.
Aunado a que el crecimiento económico se desaceleró (para el 2019 se prevé la menor tasa en diez años, tenemos razones para confirmar los temores que nos surgen cuando vemos cierres de negocios y escuchamos de despidos: el sector privado, el mayor generador de empleo en el país, está contraído y golpeado.
Ante una insuficiencia de ingresos, la reacción natural es contraer los gastos. Eso están haciendo las personas, las familias y las empresas.
Alberto Elizondo, director de la Cámara de Comercio, reconoció que el sector productivo tiene una «posición conservadora» en inversión y generación de empleo a causa de la contracción del consumo, las alzas en los insumos y los efectos de la reforma fiscal.
Él consideró necesario la aplicación de políticas «que restablezcan la confianza en los consumidores, enfocadas en fortalecer tanto el ingreso disponible de las personas como los flujos de caja de las empresas».
El director de la Cámara de Comercio menciona una palabra clave: la confianza. Sin ella, será muy difícil reactivar la economía para aumentar al empleo.
No obstante, en el campo político, vemos señales encaminadas a destruir aún más la confianza.
El país debió pasar por el trauma de una reforma necesaria para aplacar el déficit fiscal, uno de los principales causantes de la desaceleración económica.
El país llegó a tener un Estado demasiado grande y costoso sin tener los ingresos para financiarlo y, peor aún, sin que la población reciba servicios públicos de alta calidad. Esta situación empezó a estrujar al sector privado.
La reforma, entonces, tiene dos alas: un ajuste en impuestos y un compromiso de contención del gasto. Sin embargo, constantemente vemos esfuerzos del sector público por derribar esta segunda ala.
¿Con qué confianza van los consumidores a pagar impuestos si ven que el sector público no está dispuesto a zocarse la faja?
Vemos amenazas de huelga de parte de los sindicatos de la CCSS por el freno al crecimiento de los incentivos salariales, así como acciones legales por parte de las universidades públicas en contra de la regla fiscal.
Para restablecer confianza, el gobierno debe mostrar firmeza para el cumplimiento de la ley.
La regla fiscal es un mecanismo que limita el crecimiento del gasto público según las condiciones económicas del gobierno y del país. Si la economía va mal, el Estado debe zocarse la faja al igual que todos, lo cual no suele hacer.
La primera vez que se aplicaría esta regla es en el 2020, imponiendo un techo de crecimiento del 4,67%.
Ante la Sala IV, las universidades presentaron una acción de inconstitucionalidad alegando que su autonomía constitucional les permite librarse de la regla fiscal.
Ninguna autoridad de gobierno ha planteado un recorte de gastos a las universidades públicas ni a ninguna otra institución.
De lo que se habla es de contener el gasto que debe soportar el resto del país con sus impuestos, pero sobrarán los discursos mal intencionados de que estas medidas quieren desmantelar la educación y otros servicios.
Afortunadamente, todavía existen fuentes de sentido común. La Procuraduría General le indicó a la Sala IV que, si bien las universidades tienen autonomía constitucional, el artículo 176 de la Constitución establece el principio de equilibrio presupuestario, es decir, «la necesidad de mantener cierto equilibrio entre ingresos y gastos públicos».
La Contraloría General también afirmó, ante la Sala IV, que no existe lo que las universidades públicas llaman «hacienda universitaria», pues no son ajenas a la situación económica del país y se alimentan con fondos del gobierno.
Por otra parte, ¿cómo podemos restablecer la confianza cuando nos damos cuenta de que los empleados públicos se incapacitan tres veces más que los privados, debido a que, con recursos públicos, las instituciones les otorgan subsidios que les permiten recibir hasta el 100% del sueldo cuando se dan de baja por enfermedad?
Los demás mortales reciben el 60%, si es que están asegurados, pues recordemos que más de un millón de personas trabaja en la informalidad y, por lo tanto, no percibe subsidio por incapacidad.
Y, en el campo político, esta semana observamos un peligroso ejercicio de noticias falsas con capacidad para destruir la confianza.
Desde una página vinculada al presidente del partido fabricista Nueva República, Francisco Prendas, y al diputado Jonathan Prendas, se publicó que el gobierno había acordado con organismos financieros internacionales pedir un aumento del IVA del 13% al 16%.
De ser cierta, la noticia habría sido un durísimo golpe para el sector privado y para los consumidores, pero era falsa. Nunca existió tal acuerdo.
La semana anterior, sí hubo reuniones de Hacienda con entidades como el FMI y el Banco Mundial, dijo la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pero jamás se tocó ese tema.
No obstante, Francisco Prendas, excandidato a vicepresidente de Fabricio Alvarado, lo dijo en un programa radial sin ninguna confirmación y, a partir de ahí, siete perfiles en Facebook lo replicaron.
Luego, lo publicaron en una página web llamada Diario La Carta y, a partir de allí, figuras como Fabricio Alvarado, Albino Vargas, Francisco Prendas y el diputado Jonathan Prendas lo volvieron a replicar.
Al final, la noticia falsa le pudo llegar a más de 171.000 seguidores de estas páginas. Fue compartida 4.025 veces y obtuvo 3.521 reacciones, la mayoría en el perfil del excandidato Fabricio Alvarado.
Estos hechos son demasiado peligrosos para la confianza que requiere un país en el que 2 de cada 10 personas admiten haber compartido noticias falsas, según un reciente estudio del CIEP de la UCR.
Cuando se le preguntó al diputado Prendas si le constaba la veracidad de la información, respondió: «Que nos lo diga Hacienda. Si dicen que ya no, pues perfecto«.
Realmente, es algo lamentable.
El asunto levantó un debate en el Congreso en el que voces políticas, incluso de las más críticas al gobierno, mostraron su disconformidad.
Tales fueron los casos de las diputadas María Vita Monge y Zoila Rosa Volio, del PUSC y del PIN, respectivamente.
La primera dijo que los políticos no pueden «seguir incitando al odio» y la segunda afirmó: «Como ingeniera agrónoma, una de las principales enseñanzas que nos dieron es que la mala hierba se arranca de raíz. Hoy, en redes sociales, hemos visto una mala hierba: las noticias falsas».
«Si uno quiere ganar una elección, la gana con armas limpias. Las armas bajas no se valen y así no se ganan votos. Sé que estamos en campaña para elecciones municipales, pero juguemos limpio».
En procura de reducir el desempleo, el gobierno y los partidos políticos aprobaron el proyecto de teletrabajo y siguen adelante con educación dual, pero eso no parece ser suficiente.
Las causas del problema siguen siendo estructurales y se requiere de mucha valentía para hacer los cambios necesarios: mayor cirugía al Estado, replanteamiento de las cargas sociales y mayor competencia, lo que obligará a tocar sectores protegidos, por ejemplo.
