TIAR, narcoterrorismo y warlords en Venezuela

Lo dijo Gustavo Tarre, embajador del gobierno interino ante la OEA: «Venezuela es el centro de tránsito del narcotráfico, quizás el más importante del mundo. ¿Cómo se enfrenta eso, con pétalo de rosa, con diálogo, llamando a los carteles de la droga que son hoy actores en la crisis venezolana? Pues hace falta una solución que requiere el uso de la fuerza. Entonces, negar el uso de la fuerza como un prejuicio es un error. Por otro lado, negar otro tipo de soluciones también es un error».

Luis Almagro ya había dicho en septiembre de 2018 que, dada la naturaleza criminal de la dictadura en cuestión, todas las opciones debían estar sobre la mesa, lo cual produjo la reacción en cadena de los hipócritas pseudo pacifistas. El Secretario General de la OEA siempre dice lo que todos sabemos y pocos se animan a decir, y además lo dice antes que nadie. En aquel momento lo conceptualizó en términos de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a los venezolanos, la doctrina R2P.

Tarre habló ahora del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947. Pues 12 países signatarios del mismo convocaron al órgano de consulta para evaluar la situación en Venezuela y definir un curso de acción. El TIAR obliga a los países miembros a responder ante una agresión militar contra uno de ellos.

No es el uso de la fuerza el único recurso contemplado en el tratado, así como tampoco es el caso en R2P. De hecho, invocado una docena de veces, el TIAR nunca activó una respuesta militar, pero la magnitud de la crisis venezolana hoy y la tensión acumulada en la frontera pone dicha posibilidad definitivamente en la mesa de discusión.

Es que quien formuló la denuncia fue Colombia por intermedio de su canciller, Carlos Holmes Trujillo. Lo hizo en base a evidencia acerca de la protección y el apoyo logístico que el régimen de Maduro proporciona a las FARC y el ELN, quienes planean y ejecutan acciones terroristas desde Venezuela. Todos lo saben, hasta los jerarcas chavistas hicieron su confesión de parte sobre dicha protección y apoyo. El canciller lo denominó «narcoterrorismo».

Pues de eso se trata: un cartel de cocaína que vuela torres de alta tensión, contamina ríos, envenenando comunidades rurales, y ataca instalaciones diversas con vehículos cargados de explosivos, entre otras acciones de asesinato indiscriminado. Y todo eso empaquetado en el relato de la violencia insurreccional del campesinado, lenguaje con el cual pretenden blindarse como actor político. Esta es la lógica de dichas organizaciones, nadie que no sea cómplice puede caracterizarlos de otro modo.

La denuncia de Colombia también va dirigida a las Naciones Unidas, invoca la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad del 28 de septiembre de 2001. La misma declaró que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, urgiendo a los Estados a abstenerse de proporcionar refugio a quienes ejecutan y financian dichos actos. Si ello fue oportuno en aquel septiembre, también debe serlo en el actual. El secretario general Guterres debe pronunciarse, en lugar de seguir haciendo correr el tiempo en beneficio de Maduro.