A mediodía de este martes, mientras el mundo se sorprendía con el estallido en el puerto de Beirut, en Colombia otra explosiva noticia empezó a circular: a pesar de las presiones de todos los grupos políticos, tanto en contra como a favor, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre quien esa instancia lleva a cabo, desde 2019, un proceso por manipulación de testigos.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria», señaló el exmandatario colombiano, quien lideró el país entre 2002 y 2010.
El presidente Iván Duque, pupilo de Uribe Vélez y quien por estos días cumple dos años de haber llegado al poder gracias al partido liderado por el expresidente, pidió el lunes por la mañana el respeto por el debido proceso y que, como cualquier ciudadano, reciba todas las garantías.
Duque afirmó que «Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega. Y sería muy triste que una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron el país, después de tantos años sin tener una condena, pasando de adalides de la moral, y que veamos a las personas que lucharon por la legalidad y la seguridad en un proceso que les limite y les cerceno sus derechos».
Ese es el argumento de los seguidores de Uribe Vélez, a quien presentan como el luchador contra la guerrilla y el narcotráfico, más allá de las consideraciones judiciales de sus actos, que es precisamente a lo que se refiere la Corte y por eso tomó la determinación.
Los detractores del exmandatario, en este momento en detención domiciliaria, señalan que por fin se ha hecho justicia con un incuestionable líder político del país, pero que consideran ha procurado ponerse por encima de la ley, haciéndole un esguince a la justicia, contratando testigos por interpuesta persona, su abogado Diego Cadena –a quien la corte le resolverá su situación este viernes y se espera reciba cárcel por los hechos– para que testificaran en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, quien fue quien destapó lo que desde un inicio ha sido evidente como un tinglado de pago de testigos.
El material probatorio en manos de la Corte Superna es el que permite este llamado a juicio al hoy senador, cuyo caso se abrió en 2018 y el 2019 entró en esta fase final de llamamiento a juicio a Uribe Vélez. Otros líderes políticos y ciudadanos, no alineados con ninguno de los dos grupos políticos encontrados, comentaron que la justicia debe ser respetada, un proceso de 2.400 folios y 10 meses de estudio del magistrado César Reyes, lo que llevó a esta histórica detención.
