Las sanciones de EE.UU: la NICA Act y los préstamos del BID a Ortega

El 5 de abril de 2017 la OEA emitió el comunicado de prensa codificado como C-028/17, todavía disponible en su página web: “La Secretaría General de la OEA considera que el citado proyecto de ley, en el contexto de la presente legislatura, no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país…” Para asegurarse de que su rúbrica quedara visible, Luis Almagro tuiteó: “Posible reactivación de Nica Act en Congreso EEUU, no es aporte constructivo a trabajo.”

Un año después de este trabajo de amor perdido, estalló la rebelión de abril. Y solo entonces, casi 400 muertos, 700 presos políticos y decenas de miles de exiliados más tarde, la NICA Act fue aprobada el 11 de diciembre de 2018, después de más de treinta meses de gestación. Se necesitó un torrente de sangre para que los congresistas tomaran conciencia de la urgencia de no suministrar combustible financiero al FSLN.

Juzgada a la luz de sus primeras palabras, la NICA Act luce temible: Una ley para oponerse a los préstamos de las instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua, a no ser que el Gobierno de Nicaragua tome medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes. A cuenta de este propósito, “instruye al Director Ejecutivo estadounidense del Banco Interamericano de Desarrollo a usar la voz, voto e influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión por parte del banco de cualquier préstamo o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua en relación a proyectos en Nicaragua.” El mandato aplica a los otros titanes de las finanzas internacionales, mencionados con nombre y apellido: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, tras estos rugidos apareció un león desdentado. Por razones misteriosas, el BID ha continuado con la aprobación y desembolsos. Ha sido más moderado, pero no ha cerrado el grifo. Otra diferencia es que en los contratos ya no aparece la firma del sancionado Ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, sino la del Viceministro José Adrián Chavarría, un cambio de nombre que hace de la sanción una pantomima medianamente irrisoria.

Desde que fue aplicada la NICA Act hasta el momento en que aparece este artículo, el BID aprobó y mantiene en ejecución –o como culminados- una cartera de proyectos en Nicaragua que suma 54,283,994 dólares. Este registro va de enero de 2019 a septiembre de 2020. En un período similar en 2016-2017, el BID prestó a Nicaragua más de 304 millones de dólares. Y en 2015-2016, 390 millones. La reducción es notable. En 2020 el Gobierno de Ortega –ese que el BID considera como “de Nicaragua”- solo ha recibido un poco más de 44 millones. Y, si dejamos a un lado los proyectos directamente avocados a paliar los efectos del COVID-19, la cartera escasamente superaría el millón 300 mil dólares. En lo que va del año 2020, el BID ha aprobado 116 millones de dólares al gobierno de Alejandro Giammatei, 278 millones al de Juan Orlando Hernández y más de 1,500 millones al de Nayib Bukele.

Como Ortega es pesimista, después de lanzar un ojo a los vasos de sus vecinos y al que él mismo tenía en el pasado, debe pensar que el suyo está medio vacío o con el fondo apenas humedecido. Pero yo soy optimista y veo ese vaso medio lleno. Lleno de 43 millones que el BID concedió a un Ministerio de Salud que oculta las cifras del impacto del COVID-19, que prohibió el uso de mascarillas en hospitales y clínicas públicas, que negó la gravedad de la amenaza y continúa minimizando su zarpazo, que rehusó brindar asistencia médica a los heridos durante la rebelión de abril y que ha despedido a todo el personal médico que, por fidelidad a su ética profesional, se ha opuesto a su criminal desempeño. El odre del BID escanció un generoso vaso a la institución que monopoliza la aplicación de pruebas de COVID-19 para venderlas a precios muy por encima de su costo, la misma que para mantener ese monopolio está bloqueando plataformas de testeo alternativas más eficientes y baratas.

Si el banco en verdad quisiera que los objetivos del proyecto fueran alcanzados, no se hubiera asociado a una contraparte con tan deplorables antecedentes. Pero el proyecto del BID, acaso con un guiño de cinismo, cita a la institución que despide médicos sin justificación válida, como argumento para desembolsar: “Según datos del MINSA, para el año 2015, se contaba con un total de 5.794 médicos a nivel nacional, de los cuales 1.762 médicos están ubicados en los 19 hospitales destinados para atención de pacientes con COVID-19, lo que corresponde a dos médicos por cada 10.000 habitantes, lo que indica que también existen brechas de recursos humanos calificados para la atención de pacientes graves y críticos.” Curioso que le parezca razonable citar unas estadísticas de hace cinco años. ¿Será porque la situación empeoró tras los despidos del 2018? Como sea, ahí hay otra oportunidad de financiamiento: Programa de actualización de datos del MINSA. Que siga la fiesta.

La NICA Act exceptúa del veto los proyectos destinados a las necesidades humanas básicas y la promoción de la democracia. Pero el MINSA está operando con un funcionamiento antidemocrático y no se ve claro si en verdad dará satisfacción a las necesidades básicas.

El banco no pierde su tiempo con esas minucias. Nada lo turba ni lo espanta. Ni lo muda. El banco opera como banco. Está en su naturaleza ser así, diría Aristóteles. Allá por 1879, refiriéndose de forma velada al absolutismo del Zar, Karl Marx le escribió a uno de sus corresponsales: “Se afirma que ciertos banqueros extranjeros, con los que cierto gobierno [de Rusia] quiso tomar nuevos empréstitos, habrían solicitado como garantía una constitución. Pero debido a que sus modernos métodos de hacer negocios hasta ahora se han llevado bien con todas las formas de gobierno, estoy muy lejos de creer en ello.”

Y eso es lo que ocurre con el BID en Centroamérica: se lleva bien con todas las formas de gobierno. Nicaragua es buen cliente porque paga y consigue ser un deudor modelo porque el sector exportador no ha sido muy afectado por la crisis. Obstruir el conducto es tabú. Activa el temor a que el gobierno no pague o a que se enrarezca la ejecución y reembolso –por poner un par de ejemplos- de dos proyectos de integración vial de 87 millones y 90 millones 700 mil que aún están en fase de implementación. Sobre esa premisa, se montan otros intereses.

El BID recibe insistentes solicitudes, respaldadas por la sociedad civil. Y es que el FSLN cuando empapa, salpica: los constructores, los ferreteros, los técnicos de distinta laya, los abogados y muchos más salen deliciosamente pringados. Casi todos los proyectos incluyen jugosas consultorías, que se distribuyen entre Tirios y Troyanos, aunque con más dadivosidad entre los fieles.

Por ejemplo, una mirada ligeramente retrospectiva nos lleva al “Programa de Prevención de la Violencia a través de la Música”, cuyo costo ascendió a 769 mil dólares, sumando el préstamo del BID y el aporte del Gobierno de Ortega. Esa bonita suma fue a parar al Foro Nicaragüense de Cultura, donde fue fraccionada en segmentos muy desiguales y distribuida en consultorías individuales, entre las que destaca la de un afortunado Director técnico artístico que se embolsó 168,480 dólares en 24 meses, a razón de más de siete mil dólares mensuales. Por esas casualidades de la vida, el Foro de marras es presidido por un famoso abogado, aspirante a agente extranjero, ardiente defensor del proyecto de ley sobre ciberdelitos e integrante de la oficialista Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que absolvió a Ortega y su policía. Lo importante para el BID y para Ortega es que los préstamos se paguen. Unos los pagamos con nuestros impuestos, otros con su infinita gratitud y servicios invaluables.

Recapitulando y cerrando: sería desatinado decir que la NICA Act no ha tenido un impacto, no solo gestual, en los balances contables del ortegato. Pero sus ejecutores no se han apegado a la letra ni al espíritu de la ley. El espíritu de la ley implica el repudio a un comportamiento no humanitario, antidemocrático e ineficiente. Incluso sin NICA Act, esperaríamos del BID un mayor interés en la selección de contrapartes idóneas, si es que con honestidad quiere ir más allá de la mera transacción crediticia. No ha sido el caso. Cuando desespero por los arrebatos locos de su perro y reclamo un comportamiento más sensato, mi hijo suele recordarme: Es un perro. Pues sí, es un perro. Y el otro es un banco. Como muchas otras veces, mi hijo Andrés y Karl tienen razón.

JOSÉ LUIS ROCHA: *Investigador asociado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y autor de Autoconvocados y conectados. Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua, UCA Editores-Fondo Editorial UCA Publicaciones, Managua, 2019.