El estado real de la nación
Vuelve el pesimismo. «Enero ha arrancado fatal y la cosa no irá a mejor», escribía aquí ayer José Alejandro Vara. «Una polarización indeseable, una vocación antagónica, que trabaja mucho más para agudizar los disensos que para construir consensos, hace que la política resulte objetivamente tóxica para la sociedad y para el progreso; afecta a la convivencia, paraliza al país, mata las reformas necesarias antes de que nazcan, y nos convierte en un país de segundo nivel en la escena internacional». Es una frase tomada del excelente artículo que el jueves firmaba José María Múgica en este diario, aludiendo a la debilidad de nuestro sistema democrático. Pasó la Navidad y su obligado buenismo, y vuelve el pesimismo, la sensación de que esto no tiene arreglo, de que tenemos dos años por delante de puro nihilismo, de enfrentamiento agraz y deterioro institucional. Un país sin perspectiva.
«España en Perspectiva. El estado real de la nación» es, sin embargo, el trabajo que el Foro de la Sociedad Civil, una de esas instituciones («fundada en 2008, autofinanciada por sus socios, y cuya misión es contribuir con rigor e independencia intelectual a la mejora de la calidad de nuestras instituciones políticas») dedicadas a dar fe de la existencia de esa ciudadanía tan a menudo desaparecida del debate español, acaba de publicar, fruto del trabajo de un numeroso grupo de expertos, para ofrecer a lo largo de más de 300 páginas «un extenso catálogo de cuadros y gráficos provenientes de fuentes diversas y acreditadas, nacionales e internacionales, que muestran el país tal como es, en sus logros y en sus carencias». Una obra de consulta imprescindible desde la que abordar, «más allá de la habitual cacofonía que transmiten los altavoces de la política», cualquier debate racional que pretenda diagnosticar los males del país y proponer soluciones de consenso alejadas del frentismo que actualmente nos consume.
Pasó la Navidad y su obligado buenismo, y vuelve el pesimismo, la sensación de que esto no tiene arreglo, de que tenemos dos años por delante de puro nihilismo y deterioro institucional. Un país sin perspectiva
Y lo que se deduce de este informe es que España es un gran país, cosa que desde luego ya sabíamos pero que a menudo tendemos a olvidar en parte por esa pulsión negativa tan ligada al alma hispana («si habla mal de España, es español»). Un país moderno. España se encuentra situada entre los países más ricos del mundo, si bien hemos perdido posiciones desde la gran crisis de 2008. En términos de calidad de vida, riqueza patrimonial, paisajística y dotación turística, España está considerada como uno de los mejores países del mundo para vivir y trabajar, a lo que contribuye un bajo índice de criminalidad. En salud destacamos en todas las facetas, y no solo por resultados, sino también en eficiencia de la gestión. En progreso social ocupamos una posición mucho mejor que en renta per cápita, siendo uno de los seis grandes países mejor valorados. La dotación de infraestructuras, factor esencial para la vertebración de la prosperidad, sitúa a España como uno de los más avanzados, con buenas redes de transporte terrestre, marítimo y aéreo. En cuanto a las infraestructuras digitales necesarias para la Sociedad de la Información, disfrutamos de un claro liderazgo europeo.
Quizá el perfil más preocupante de este gran país no exento de problemas, como cualquiera de los de su entorno, resida en lo que los redactores del «España en Perspectiva» llaman la «Calidad Institucional» (página 265 en adelante), materia en la que «tenemos un comportamiento dispar». Los numerosos gráficos que la obra incluye sobre la calidad de nuestro Estado de derecho colocan a España entre la veintena de países mejor valorados. La democracia española, en efecto, «ocupa la posición 22 dentro de las 23 democracias plenas del mundo«, siempre lejos de los países punteros en la materia (Noruega, Dinamarca y Finlandia), aunque bien posicionado en derechos fundamentales, por encima de países como Francia, Japón o Estados Unidos.
Los datos de World Justice Project en los que se basan las tablas y gráficos del informe están, sin embargo, lejos de reconocer el creciente deterioro que en lo que a «calidad institucional» se refiere viene experimentando nuestro Estado de derecho desde la llegada al poder de Zapatero en 2004, situación que empeoró con el obtuso Rajoy y amenaza culminar con el infame Pedro Sánchez. La percepción de la calle sobre la calidad de nuestras instituciones, muy mermadas en su prestigio por todo tipo de escándalos, no coincide con el panorama relativamente «confortable» que presenta el estudio del Foro de la Sociedad Civil. Para empezar, no está claro que la igualdad de los ciudadanos ante la ley sea una realidad y mucho menos lo está la separación de poderes, las dos señas de identidad de todo Estado de derecho que se precie. El poder judicial resiste a duras penas el permanente asedio al que le tiene sometido el ejecutivo (la última batalla, también la definitiva, que le queda por ganar a Sánchez para dar carta de naturaleza al cambio de régimen consagrado en la Constitución del 78), con el CGPJ como bastión resistente.
Es una constante en el Gobierno Sánchez: el intento de instrumentalizar la Justicia al servicio de los intereses del partido, en general, y del propio presidente, en particular
Los cuatro principios universales del Estado de derecho (rendición de cuentas, leyes justas, Gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas) que define el World Justice Projet están sometidos no solo a fuertes interrogantes sino a pruebas fehacientes en contrario que desvirtúan su formulación práctica. El Gobierno ha recibido en fecha reciente el reproche del Constitucional por haber cerrado ilegalmente el Parlamento con motivo de la pandemia, evitando así la obligada rendición de cuentas. Las leyes ni son claras, ni estables, ni públicas y a veces ni siquiera justas. Para muestra, un botón tan reciente como el rechazo por el CGPJ este viernes del anteproyecto de Ley de Vivienda, ley «estrella» del Ejecutivo, rechazada por «falta de calidad técnica», «ausencia de fundamentos científicos» y «sesgo ideológico de su contenido». Es una constante en el Gobierno Sánchez: el intento de instrumentalizar la Justicia al servicio de los intereses del partido, en general, y del propio presidente, en particular, y su agenda de ocupación del poder, una de cuyas piezas maestras es una Fiscal General socialista, exministra de Justicia, que hoy avergüenza a la práctica totalidad de jueces y fiscales en activo.
La producción legislativa de este Gobierno, muy escasa -consecuencia de su debilidad parlamentaria, Sánchez prefiere gobernar mediante el uso y abuso del Decreto Ley– se ha caracterizado por la pobre calidad técnica -sobre todo las que salen de los ministerios controlados por Podemos- sacrificada siempre a la ideología, y la presencia de contradicciones e incoherencias sin cuento, perceptibles hasta en el propio BOE. La seguridad jurídica, imprescindible para atraer inversiones, se resiente gravemente. Por lo demás, no pocas de las grandes causas abiertas en la última década, ligadas a escándalos de corrupción, siguen activas por mor de su utilización en la lucha partidaria, en procesos que se eternizan para dar la razón a esa sentencia que afirma que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». La presunción de inocencia está más que en entredicho, cuando no las propias garantías procesales, en macrojuicios que a menudo se instruyen directamente sobre la base de los informes, infumables las más de las veces, elaborados por UCO y UDEF partiendo de meros recortes de prensa y deducciones sin lógica aparente.
Tal vez lo anterior hubiera resultado ocioso si hubiéramos empezado por decir que habitamos un país en el que la ley sencillamente no se cumple en algunas partes de su territorio, caso flagrante de la Cataluña nacionalista, donde una Generalidad en manos del separatismo se pasa por el arco del triunfo las decisiones tanto del Supremo como del Constitucional. Un caso único en el concierto de las naciones desarrolladas, como lo es el hecho de que una familia castellano parlante no pueda educar a sus hijos en la lengua oficial abrumadoramente mayoritaria del Estado. Para muestra, otro botón: la decisión, conocida este jueves, del director del instituto público Lacetània de Manresa de negarse a cumplir, siguiendo directrices de la Generalitat, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en los colegios de Cataluña. Con el Gobierno Sánchez callado cual muerto. Lo cual nos lleva aguas arriba a la verdadera raíz del problema, el drama que aflige a una España que, lejos del relativo desahogo en que navega por los cuadros estadísticos nacionales e internacionales, lleva desde 2004 deslizándose por la pendiente que conduce a su autodestrucción, incapaces los Gobiernos centrales de hacer cumplir la ley, lo que en definitiva supone la renuncia a defender la democracia y la Constitución de la que es garante.
La realidad indica que nuestro Estado de derecho se ha dejado ya demasiados pelos en la gatera del incumplimiento de las leyes, la separación de poderes y la transparencia gubernamental
El nudo gordiano de la crisis española tiene nombre propio, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y nombre colectivo: Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estamos ante un político que ha institucionalizado la mentira como forma de Gobierno y que, en el otoño de 2016, fue expulsado de la secretaría general del PSOE por su dirigencia ante el temor de que, en caso de llegar al poder, terminara haciendo lo que finalmente hizo: aliarse con los enemigos declarados de la España constitucional para gobernar. Un presidente de Gobierno rehén de sus socios parlamentarios. Con todo tipo de rufianes calentando escaño en el parlamento de la nación. Este viernes, dos miembros del Ejecutivo, Joan Subirats e Irene Montero, insistían en pedir un referéndum en Cataluña para decidir su relación con el resto de España. Ante, de nuevo, el estruendoso silencio del presidente cautivo. Hay otras cuestiones, caso de la corrupción, donde tampoco la percepción de la calle coincide con la aparente comodidad con la que España camina por los rankings internacionales. De modo que sí, España puede seguir figurando entre las «democracias plenas» (con Francia, Italia y Portugal en la categoría de las «defectuosas»), pero la realidad indica que nuestro Estado de derecho se ha dejado ya demasiados pelos en la gatera del incumplimiento de las leyes, la separación de poderes y la transparencia gubernamental, entre otras cosas, para seguir siendo considerado como tal.
El país sigue reclamando su gran revolución emprendedora, algo que pasa por prestigiar socialmente la función del empresario
«La imagen que surge espontáneamente de los datos aquí recogidos», asegura el informe «España en Perspectiva», «es la de un país que ha mejorado mucho y consistentemente respecto a las crisis de los siglos XIX y XX; un país europeo más, cuya sociedad compleja y sofisticada está preparada para enfrentarse a los retos de nuestro tiempo». Un país que, ciertamente, en nada se parece al pobre de solemnidad que sobrevivió a la Guerra Civil, pero que en los últimos tiempos, y como si de pronto hubiera decidido abrir la caja de los truenos donde dormitan nuestros tradicionales demonios históricos, parece empeñado en pegarse un tiro en la sien. Los desequilibrios no han desaparecido. Afrontamos un problema demográfico de primer orden. La devaluación de la educación con fines puramente ideológicos es una deriva a la que un país responsable de su futuro debería poner coto inmediato. El desempleo sigue siendo nuestra mayor lacra social. La deuda pública se yergue como una gran amenaza para las generaciones futuras. Las crisis internacionales nos afectan más que a otros. Las políticas populistas nos apartan de las sendas de la convergencia en periodos críticos. El país sigue reclamando su gran revolución emprendedora, algo que pasa por prestigiar socialmente la función del empresario.
El Foro de la Sociedad Civil que preside Jesús Banegas, y en el que se integran más de cien españoles de alto perfil profesional y académico, ha cumplido su misión al introducir en la tópica discusión en torno a «los males de España» un poco de objetividad sobre la dimensión real de nuestros problemas, apuntando dónde se encuentran y avanzando posibles soluciones. Más que nunca llega la hora de los españoles, la hora de una ciudadanía obligada a movilizarse para defender la democracia, que es quizá el gran mensaje que subliminalmente desliza el encomiable esfuerzo de este Foro al embarcarse en la tarea de editar esta «España en Perspectiva». Movilización como un imperativo mandato ético, en línea con la conocida sentencia de Burke según la cual «lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada». Movilizarse porque, como afirmaba ayer José María Múgica, «los partidos centrales (que no de centro), por la izquierda o por la derecha, no tienen ningún derecho para poner en peligro las reglas del juego democrático que consagramos a través de la Constitución de 1978». Movilizarse para, por los cauces reglamentarios, retirar de la circulación a la infame clase política que padecemos haciendo posible el surgimiento de nuevos liderazgos.