El Salvador y Honduras se abstienen, mientras México y Argentina condenan asalto a OEA

La abstención de los Gobiernos de El Salvador y Honduras en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al momento en que se votó una resolución que condena la ocupación de sus oficinas en Nicaragua y exige al Gobierno de Daniel Ortega la restitución de la misma, es vista con “preocupación” por analistas nacionales, quienes alertan sobre el riesgo de “imitación de impunidad”.

Para el exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez, la abstención de estos dos Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica es un hecho “preocupante”, ya que existe el riesgo de que estos países vecinos “se contagien” de la impunidad con que opera el orteguismo en Nicaragua.

“En una región con problemas similares, problemas de falta de cultura democrática enorme, existe la tendencia a que otros autócratas comiencen a imitarlo (a Ortega)”, valoró Núñez. “Lo que hacen los países cuando no votan a favor de una resolución que condena violaciones a derechos humanos es curarse en salud. Saben que más adelante puede haber de parte de ellos una violación a derechos humanos y no quieren verse en el lugar donde está Nicaragua”, agregó.

La resolución de la OEA, que fue aprobada con 29 votos a favor y solo tres abstenciones, exige a las autoridades nicaragüenses que restituyan “inmediatamente” el uso de los locales ocupados el pasado 24 de abril, y promete seguir “ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias”.

El representante permanente de El Salvador, el embajador Agustín Vásquez, justificó la abstención de su país aduciendo que “en la historia reciente de la organización las normas referidas a la inviolabilidad de sedes diplomáticas fueron transgredidas e ignoradas a favor de unos y en perjuicio de otros, distorsionando y erosionando la convivencia pacífica que debería existir en la región”.

Por su lado, el exembajador nicaragüense ante la OEA Arturo McFields calificó de “dramática” la posición de los dos países vecinos de Nicaragua que se abstuvieron en la votación.

“Dramático cambio de El Salvador que se abstuvo de condenar asalto a la sede de la OEA por parte de Ortega-Murillo. Honduras también lo hizo, aunque no sorprende. Existe un oscuro y peligroso giro dictatorial en Centroamérica”, señaló McFields, en su cuenta en Twitter.

Respaldo de México y Argentina

Un argumento similar al de El Salvador expresaron los representantes permanentes de Argentina, el embajador Carlos Alberto Raimundi, y de México, la embajadora Luz Elena Baños. Ambos votaron a favor de aprobar el texto, pero quisieron marcar distancia con la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Mi país ha decidido votar a favor, sin que ello signifique de ninguna manera el respaldo a posibles actuaciones del secretario general en este asunto”, declaró la embajadora Baños.

Almagro ha criticado fuertemente al régimen nicaragüense por haber allanado y expropiado el inmueble que ocupaba la OEA en Managua, el 24 de abril pasado. Situación que se da tras anunciar su intención de abandonar el organismo y sin dejar que pasaran los dos años de rigor entre que se renuncia al organismo y se hace efectiva esta salida.

El uruguayo aprovechó su intervención para lamentar que “esta violación del Derecho —en referencia a la ocupación de sus oficinas— es lo que sufren los nicaragüenses día a día”.

Quien sí expresó su apoyo total a la posición de la OEA fue el representante de Estados Unidos, Bradley A. Freden, para quien la “ocupación forzosa” de las oficinas demuestra “el desprecio absoluto del régimen de Ortega al orden pacífico y basado en reglas de las Américas”.

Estados Unidos ya pidió en la pasada reunión del Consejo Permanente una respuesta mayor por parte de la organización a la incautación del inmueble, en el que las autoridades pretenden instalar un “museo de la vergüenza (infamia)”.

El Gobierno de Ortega ha guardado silencio sobre la resolución del Consejo Permanente de la OEA, ni el mandatario ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se han referido a este reclamo por “todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales”.

UNAB pide “medidas más fuertes”

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) aplaudió la resolución de la OEA, aunque la consideró “insuficiente” para incidir en el régimen de Ortega.

La ocupación de la oficina de la OEA en Managua “exige medidas más fuertes y ejemplarizantes”, señaló la UNAB en un comunicado de prensa. “Demandamos convocar una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores conforme el artículo 61 de la Carta de la OEA”, agregan.

“La situación en Nicaragua ha rebasado todo límite de tolerancia, gravedad, y urgencia” argumentó el grupo opositor.

La ocupación de la oficina de la OEA en Nicaragua ocurrió la tarde del domingo 24 de abril, minutos después que el canciller Denis Moncada comunicó a la Secretaría General del organismo regional y a la sociedad nicaragüense, que el Gobierno de Daniel Ortega decidió “cancelar y cerrar” las oficinas de la OEA en Managua.

“Fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina (de la OEA), apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General en Nicaragua pueden correr serios riesgos”, relató el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una misiva que envió el 26 de abril al Consejo Permanente.

Dos días después, el 28 de abril, el régimen de Ortega formalizó la expropiación del inmueble que alquilaba la OEA en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, y obligó al personal administrativo de la organización a desalojar el lugar, el cual fue declarado “de utilidad pública” y será utilizado por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) para la construcción de un “Museo de la Infamia”.

Analistas políticos internacionales han señalado que la ocupación de la sede de la OEA en Managua es un hecho sin precedentes en la historia del organismo regional y constituye “una flagrante violación al derecho internacional” que expone al país a “profundas repercusiones” en la relación con todos los Estados miembros del organismo regional.