Las protestas en Panamá, tras las de Ecuador, avisan de un otoño caliente americano

                          Protesta del sindicato de maestros por la crisis el 1 de agosto pasado. EFE

Panamá no es un país de especial conflictividad social, pero allí se han extendido las protestas en las últimas semanas, con cortes de tráfico y marchas de diferentes sectores, como los docentes o las minorías indígenas. Esas protestas, las mayores en décadas en este país, siguen a las que se produjeron recientemente en Ecuador.

Si en esos dos países –donde la previsión de inflación para este año es en realidad de las menores de Latinoamérica (ayudados, en parte, por el hecho de que ambos tienen el dólar estadounidense como moneda oficial)–, el aumento del precio de la gasolina y de muchos alimentos ha generado tal inquietud social, qué no ocurrirá los próximos meses en el resto de la región, que en su conjunto alcanzará una inflación de dos dígitos.

Ciertamente que en Panamá y Ecuador se han añadido circunstancias nacionales, como las denuncias de corrupción en el caso panameño y la instigación del expresidente Correa en el ecuatoriano. Además, en otros países ya hubo en meses previos algunas protestas, como la huelga de transportistas que se dio en Chile, si bien en este último país el cambio de presidente –como ocurre ahora en Colombia– ha permitido momentáneamente amortiguar el descontento.

Pero la reacción airada de amplios sectores de población podría no tardar en explotar en la mayor parte de la región. Se avecina, pues, un otoño caliente en muchos países americanos.

Panamá es un país de relativa estabilidad, pues cuenta con una fuente continuada de ingresos, si bien eso no le protege de posibles sacudidas sociales, ya que la distribución de la renta en absoluto es equitativa. Gracias al Canal y a la actividad comercial, logística y financiera que este propicia, Panamá tiene uno de los PIB per cápita más altos de Latinoamérica: el tercero, solo por detrás de Uruguay y Chile, si se atiende al PIB nominal (14.516 dólares), o directamente el primero, si se toma como referencia la paridad de poder adquisitivo (31.680 dólares). Pero es también un país de gran desigualdad: es el cuarto más desigual de la región, después de Brasil, Honduras y Colombia.

Precisamente debido al parón comercial mundial de 2020, ese año el PIB panameño fue el que más se hundió en la región (-17,9%), pero la reactivación también permitió uno de los aumentos más altos en 2021 (15,3%). Para este año, el FMI prevé un incremento notable (7,5%), que dobla al que tendrá el conjunto latinoamericano (3%).

Esos buenos datos dan al presidente Laurentino Cortizo, de centroizquierda, un margen de negociación que pocos gobiernos vecinos van a tener este año y el próximo. De momento la mesa de diálogo establecida con los sectores sociales ha acordado ya diversas medidas, como congelar el precio de 72 productos de la canasta básica ampliada y mantener el precio del galón de gasolina en 3,25 dólares. Además, se ha llegado al compromiso de dedicar a Educación el 6% del PIB para 2024.

En Ecuador, el gobierno de derecha de Guillermo Lasso tiene mucho menos margen de maniobra. Necesitada la economía ecuatoriana de una reducción del gasto debido al endeudamiento acumulado en la última etapa de la presidencia de Correa (algo que el siguiente presidente, Lenín Moreno, apenas pudo corregir por las protestas que ya entonces se produjeron), la emergencia social de la pandemia de Covid-19 y ahora las sacudidas económicas internacionales dejan a Lasso sin fuelle financiero para aplicar el ajuste programado.

En septiembre de 2020, en los últimos meses de Moreno como presidente, el FMI concedió a Ecuador un crédito de 6.500 millones de dólares, y aunque luego ha habido una moratoria en la amortización debido a la crisis del Covid, el programa de consolidación presupuestaria pactada con ese organismo internacional es de difícil ejecución sin confrontación social. El FMI prevé un escaso aumento 2,9% del PIB ecuatoriano para este año (2,9%).

Entre otras medidas de momento negociadas con la oposición, está la de poner el precio límite del galón de gasolina en 2,40 dólares, algo que mira al sector de los transportistas y también al de producción agraria, si bien de entrada esa medida le supondrá al Estado una reducción de ingresos de unos 3.000 millones de dólares este año, según el Ministerio de Economía.

La tendencia inflacionista está siendo mayor en las principales economías latinoamericanas, donde pensar en un incremento de la inquietud social en los próximos meses. El FMI habla de una inflación en la región de 12,1% en 2022 y de 8,7% en 2023; se trata de las tasas más elevadas de los últimos 25 años. «Un mayor debilitamiento de las monedas —especialmente, si las condiciones financieras mundiales se tornan más restrictivas— y el aumento de las presiones salariales, sumados a los mecanismos de indexación presentes en algunos países, podrían generar nuevas presiones inflacionarias», advierte el organismo internacional.

De momento, el FMI sitúa la inflación alcanzada en el mes de julio, en su valor interanual, en torno al 12% en el caso de Chile y Brasil, en torno al 10% para Colombia, del 9% para Perú y del 8% para México (quedan al margen Venezuela y Argentina, con inflaciones desorbitadas).

Por lo que afecta a los tres primeros países mencionados, las expectativas abiertas por un recambio presidencial –y un giro hacia la izquierda– pueden retardar la eclosión de protestas callejeras. Así ha ocurrido hasta ahora en Chile, si bien a medida avanza la presidencia de Gabriel Boric la impopularidad y el desgaste de este comienzan ya a ser un problema político, que se vería agravado con el posible rechazo de la nueva Constitución en el referéndum convocado para el 4 de septiembre. Por su parte, en Colombia Gustavo Petro justo empieza ahora su presidencia, inaugurada el pasado domingo. En Brasil las encuestas insisten en una vuelta de Lula da Silva en las elecciones del 2 de octubre.