Armando Durán / Laberintos – Venezuela 2003: ¿Salvará el petróleo a Maduro? (1 de 3)

   ¿Cómo será para Venezuela y los venezolanos el año que comienza ahora? El año 2022 terminó mal, muy mal, con una inflación acumulada en los últimos 12 meses de casi 400 por ciento y un descontento ciudadano a punto de estallar. Políticamente, sin embargo, las cosas no le han ido del todo mal a Nicolás Maduro. Por una parte, los partidos políticos de oposición se quitaron el disfraz opositor y han terminado rindiéndose sin condiciones. Por otra arte, sus representantes reanudaron en Ciudad de México sus “negociaciones” con los representantes del régimen, pero solo para acceder a desbloquear más de 3 mil millones de dólares congelados en bancos fuera de Venezuela, sin necesidad de esperar a que Caracas finalmente implemente medidas concretas encaminadas a facilitar la restauración del orden democrático en Venezuela. Por último, y esa decisión es más que significativa, acordaron, no sustituir a Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela desde febrero de 2019, sino disolver la Presidencia Interina como institución, con lo cual cesa la contradicción inexplicable de que Venezuela tenía dos presidentes, y gracias a ello desaparece la opción de desconocer a Maduro como legítimo presidente de Venezuela por casi todas las democracias del mundo. Sin duda, una notable victoria madurista.

   Este cambio substancial en la imagen de Venezuela como estado impresentable, se produjo por sorpresa el fin de semana del 5 y 6 de marzo del año pasado, cuando apenas una semana después de la invasión rusa de Ucrania una misión estadounidense de altísimo nivel político viajó a Caracas a reunirse con Maduro. En términos reales, ese encuentro inesperado funcionó como patente de corso concedido por la Casa Blanca al hasta ese instante usurpador de las funciones presidenciales en Venezuela. Nada casualmente, a estos funcionarios del gobierno de Joe Biden que venía a entenderse con Maduro, preocupados por el impacto de esa guerra que se iniciaba entonces en el mercado energético mundial, se sumó a un representante de la multinacional petrolera Chevron, cuyas actividades en Venezuela cumplen 100 años el próximo mes de abril, que fue autorizada a partir de aquel primer encuentro a extraer crudo en Venezuela y exportarlo libremente, incluso a Estados Unidos. En la práctica, un restablecimiento de relaciones comerciales entre ambas naciones, comenzado por las relaciones petroleras que, como ocurre desde hace un siglo, vinculan, de manera inexorable, la política de Venezuela y de sus relaciones internacionales. Sobre todo desde que Hugo Chávez asumió por primera vez la Presidencia de Venezuela en febrero de 1999, con clara conciencia del poder político que representaba la riqueza de la industria petrolera, incrementada en los últimos años por la explotación de la llamada Franja Bituminosa del Orinoco, la mayor reserva de crudo del planeta. Solo que ahora no serviría para financiar el desarrollo y la modernización del país, como había sucedido hasta entonces, sino como formidable herramienta cuya real finalidad era financiar la expansión en  de América Latina del sueño antiimperialista que 40 años había estimulado la imaginación de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, aunque con un decisivo golpe de timón: en lugar de buscar en la lucha armada la vía para emprender esa gran revolución antiimperialista, estrategia que culminó con el fracaso y ejecución de Guevara en Bolivia, Chávez advirtió que el único camino posible a seguir era la paciente circunvalación electoral que lo había llevado a él a la Presidencia de Venezuela. Es decir, que si bien su proyecto era alcanzar en Venezuela y propiciar en el resto del continente los mismos objetivos de la revolución cubana, los medios para emprender ese enmarañado camino tenían que ser los que proporcionaba la propia democracia burguesa, válidos para dinamitar desde dentro los fundamentos esenciales del sistema sin necesitar de romper violentamente los hilos constitutivos de sus formalidades institucionales.

   El principal impulso que recibió Chávez en aquel punto crucial de la historia venezolana fue que  la guerra en que derivó la invasión de Kuwait por tropas iraquís en agosto de 1990 produjo que los precios del crudo en los mercados internacionales experimentaran un incremento espectacular, una circunstancia que hizo que este Chávez victorioso se sintiera con fuerza suficiente para entregarse de inmediato a la tarea de poner en marcha un proceso constitucional que a su vez le permitiera darle a su proyecto un sostén legal inexpugnable. Quizá por eso, apenas dos meses después, el 25 de abril, convocada con amplio respaldo político y social, se celebró la elección de los diputados a una Asamblea Constituyente en la que, triquiñuelas aritméticas mediante, con 60 por ciento de los votos obtenidos por el Polo Patriótico, alianza de partidos y grupos políticos que lo respaldaban, obtuvo 124 de los 131 escaños de la Asamblea, triunfo de magnitud más que suficiente para redactar una nueva constitución de Venezuela en tiempo récord y a la exacta medida de su ambicioso proyecto. Esa sería, se planeó Chávez en ese momento, la ruta a seguir para teñir de rojo el mapa político latinoamericano.

   Haciendo un poco de historia, vale la pena recordar que en 1973 el apoyo que le brindó Washington a Israel en la guerra del Yom Kippur, provocó el embargo petrolero de los países árabes miembros de la OPEP a Estados Unidos y a Holanda. De golpe y porrazo los precios internacionales del crudo se triplicaron, pasando de algo menos de 3 dólares por barril, a 12. Pocos años después, en 1979, la toma del poder en Irán por las huestes del ayatola Jomeini dispararon aún más los precios internacionales del petróleo. En vista de este aumento violento de los precios internacionales del crudo, los presidentes de México y Venezuela firmaron el 3 de agosto de 1980, en San José de Costa Rica, un acuerdo de cooperación con 11 naciones de América Central y el Caribe, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, para la venta de crudo en condiciones preferenciales, que incluían la concesión de préstamos a muy bajos intereses, por montos equivalentes a 20 o 25 por ciento de sus facturas petroleras.

   Durante los 20 años siguientes, el mecanismo no sufrió modificación alguna, pero en el 2000 Chávez le propuso al gobierno mexicano expandir el ámbito del acuerdo para incluir a Cuba en el grupo de países beneficiarios. Lourdes Mergel, viceministro de Energía mexicana, a la sazón presidenta del comité binacional del Acuerdo de San José, se opuso abiertamente a la propuesta venezolana y estalló una crisis que solo se resolvió cuando Luis Téllez, ministro de Energía, desautorizó públicamente a su subordinada y Venezuela fue autorizada a firmar convenios bilaterales con los 11 países beneficiarios del acuerdo, a los cuales le proporcionaría unilateralmente un aumento significativo de sus cuotas anuales, a crédito, con intereses de 2 por ciento y un período de gracia de un año. Todos menos Barbados firmaron sus convenios bilaterales con Venezuela y menos de dos semanas después, el 31 de octubre, Chávez y Fidel Castro firmaron en Caracas lo que llamaron Acuerdo Integral Cuba-Venezuela, mediante el cual Cuba recibiría 53 mil barriles diarios de crudo venezolano a cambio de que Cuba le suministrara a Venezuela asistencia “tecnológica y productos destinados a impulsar el desarrollo económico y social de la República Bolivariana de Venezuela.” O sea, que según ese acuerdo, vigente y aumentado desde entonces nadie sabe en qué medida, no respondía a un programa de cooperación de Venezuela con Cuba, sino todo lo contrario.

   Comenzaba así una alianza estratégica de Cuba y Venezuela, cuya finalidad esencial era promover, con petróleo y dólares venezolanos, una revolución socialista y antiimperialista en América Latina, mediante la fórmula electoral empleada por Chávez para tomar el poder y conservarlo, la redacción de nuevas constituciones a la medida de sus promotores y la conversión de los acuerdos regionales y subregionales de complementación económica y arancelaria en organismos de acción política colectiva, como la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) y la Alianza Bolivariana de los Pueblos. Comenzaba así y entonces el sacrificio de la industria petrolera venezolana en aras de la revolución latinoamericana.

   En las próximos dos entregas de esta columna veremos el desarrollo exitoso que tuvo este proyecto de Castro y Chávez, su funesto desenlace tras la muerte de ambos, y del futuro que puede depararle a Venezuela esta normalización en ciernes de las relaciones internacionales de la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin la intermediación de los desintegrados partidos políticos presuntamente de oposición.