El régimen de Maduro condiciona el diálogo a la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, condicionó este lunes el diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

“Pedimos que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados unidos, o a través de la Corte Penal Internacional, se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”, dijo el líder chavista en un evento trasmitido por la televisión estatal venezolana en el que se encontraba el dictador Nicolás Maduro.

Rodríguez dijo además que se tienen que levantar todas las sanciones impuestas a Venezuela para que se pueda fomentar el diálogo entre venezolanos y avanzar en los panoramas político, social, electoral, para que transcurran dentro de condiciones de normalidad.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela también pidió que se devuelva el dinero y el oro venezolano que está “ilegalmente” retenido en el extranjero. Además, pidió la liberación del criminal Alex Saab, a quien se refirió como diplomático.

Por su parte, el dictador Maduro pidió que EEUU desbloquee 3.200 millones de dólares del país caribeño y deposite ese dinero al fondo de inversión social acordado con la oposición, como condición para reactivar la mesa de negociación con el antichavismo, suspendida desde noviembre.

El mandatario hizo este requerimiento a los representantes de los 20 países que se reunirán el martes en Bogotá para una conferencia convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca desatascar el diálogo político de Venezuela y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país caribeño.

El dictador venezolano Nicolás Maduro. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Si alguien de ustedes aspira que las negociaciones políticas (…) vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo, que en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EEUU deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México”, expresó.

En noviembre pasado, el régimen y el antichavismo firmaron un acuerdo social que busca descongelar dinero del país en el exterior para ser invertido, a través de un fondo manejado por Naciones Unidas, en educación, salud y otras áreas críticas.

“Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma”, reiteró Maduro.

El presidente dijo que la reunión convocada por Petro, en la que no participarán representantes de Venezuela, es “una conferencia para el respeto de la soberanía” de Venezuela y “para buscar el levantamiento de todas las sanciones sin condicionamiento de ningún tipo”.

“No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera, la libertad económica de su actividad normal para poder recuperar todo lo que hay que recuperar, para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra economía”, insistió.

8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad

El pasado viernes, la CPI informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.

La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.

El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.

ARCHIVO – Vista exterior de la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, el 12 de enero de 2016. El gobierno de Venezuela denunció el martes 28 de febrero supuestos vínculos entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y organizaciones que nutren la investigación contra el país sudamericano por presuntos crímenes de lesa humanidad. (AP Foto/Mike Corder, Archivo)

Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.

Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.